El nuestro es un país marcado y condicionado por la pobreza y la desigualdad, qué duda cabe. Esos dos males nos han marcado a lo largo de nuestra historia; en particular, las desigualdades: esas diferencias extremas e injustificadas en el acceso a recursos y oportunidades que nos han dividido en el pasado y hoy nos siguen dividiendo a los peruanos.
No sorprende entonces que la reducción de las desigualdades figure al centro de la agenda nacional; al menos en términos formales. Documentos y planes sobre cómo reducirla existen en cantidad. Compromisos y declaraciones sobre la lucha contra la desigualdad tenemos en abundancia. Si con documentos y palabras bastara, el Perú habría resuelto el problema mucho tiempo atrás. Pero no basta.
Reducir y desterrar las desigualdades exige voluntad y paciencia. En nuestro país no es un problema que se pueda resolver fácilmente y de la noche a la mañana. Por el contrario, su solución requiere invertir recursos considerables y sumar esfuerzos con dedicación y perseverancia. La lucha contra la desigualdad exige, sobre todo, un real compromiso de todos los sectores relevantes de nuestra sociedad con un proyecto de desarrollo nacional que nos incluya a todos; que no acepte exclusiones; que reconozca que todos y cada uno de los peruanos tenemos derecho a una vida digna con nuestras necesidades esenciales cubiertas.
La realidad es que en los últimos años la reducción de las desigualdades en el Perú se ha desacelerado drásticamente. Los avances logrados a lo largo de la década pasada, en rubros como la reducción de la pobreza o el acceso a servicios básicos, se beneficiaron de un largo periodo de bonanza económica y un auge fiscal que permitió expandir y fortalecer los programas sociales.
Pero ese largo periodo de bonanza y rápido avance en la reducción de las desigualdades es cosa del pasado. Del 2014 en adelante, la economía peruana se encuentra en una fase de menor crecimiento, menor generación de empleo y menores recursos fiscales. En esas condiciones, es más difícil el avance en el campo social. Pero, además del entorno macro menos favorable y la menor disponibilidad de recursos, también hay que sumar la pobre performance y falta de claridad de mucha de nuestra clase política frente al problema de la desigualdad. Lamentablemente, la pasividad y la incompetencia de quienes nos gobiernan también ha contribuido a que nos hayamos estancado o incluso retrocedido en diversos rubros críticos.
La actuación del pasado régimen de Pedro Pablo Kuczynski, en relación a la lucha contra la pobreza y la desigualdad, tiene que ser calificada -como en otras áreas de su breve gobierno- como una gran decepción. Para cuando se dio la caída del gobierno de Kuczynski, entre escándalos y controversias, el panorama económico y social estaba marcado por el estancamiento o el retroceso: tras más de década y media de reducción, la pobreza resurgió en el 2017. La informalidad laboral aumentó. Las brechas entre hombres y mujeres se reforzaron.No podemos seguir siendo un país donde la pobreza -en términos monetarios- desciende, pero el déficit calórico o la anemia, no mejoran.
No podemos seguir siendo un país donde aumenta la cobertura de los servicios de salud pública, pero la calidad y oportunidad de la atención sigue en niveles deplorables.
Ya con el gobierno de Martín Vizcarra, a partir del marzo 2018, el panorama social en alguna medida ha mejorado. Así, tras el rebrote de la pobreza en el 2017, la misma se redujo en el último año, aunque muy modestamente. De igual forma la generación de empleo ha experimentado una leve recuperación. Se están dedicando más recursos a la educación. Esos son signos alentadores, sin duda, pero insuficientes.
Pero, pese a mejoras parciales y avances relativos, superar la desigualdad en el Perú exige un esfuerzo integral y coherente de las políticas públicas, sustentado en un acuerdo real y concreto entre Estado y sociedad. El desafío es ir más allá del mero crecimiento económico, apostando por el desarrollo inclusivo y sostenible, basado en reformas estructurales para desterrar las grandes desigualdades. Solo así se podrá marcar la diferencia respecto a episodios pasados de prosperidad temporal y relativa, que trajeron algunos beneficios, pero no transformaron las estructuras económicas, políticas y sociales que a lo largo de nuestra historia han afectado a la gran mayoría de nuestra población.
El Perú del presente no es un país significativamente más justo y equitativo. Las viejas exclusiones y barreras en gran medida siguen en pie, y el contexto actual es menos favorable para seguir avanzando contra la desigualdad. Difícilmente volveremos a tener una oportunidad como la que dejamos pasar durante los años de alto crecimiento económico. Las optimistas previsiones económicas y sociales, que en su momento se plantearon de cara al 2021 -año del Bicentenario- ahora se ven más lejanas. Es evidente el riesgo de que el 2021 encuentre al Perú en una situación de estancamiento, corriendo el riesgo de convertirse en otro país atrapado en la llamada “trampa de los ingresos medios”: que ha salido a medias de una situación crítica de pobreza, pero que es incapaz de alcanzar un nivel superior de desarrollo.
Con menos de tres años para el Bicentenario de la Independencia, somos un país en proceso de construcción precaria. Cambiar esa realidad tomará tiempo e irá mucho más allá del 2021. Sin embargo, es clave que en lo que queda de la gestión del presidente Vizcarra se establezcan las bases para un avance sostenido en el acceso universal a la salud y educación de calidad, en la reducción de la pobreza no solo monetaria sino también multidimensional, en la generación de empleo decente y en cerrar las brechas económicas entre hombres y mujeres, entre otras prioridades. El desafío es preservar lo ya avanzado y reactivar la lucha contra la pobreza y desigualdad en sus diversas dimensiones.
En ese sentido es importante destacar el rol que los Objetivos de Desarrollo Sostenible al año 2030 pueden jugar como ejes para la lucha contra la desigualdad. Los compromisos asumidos por el Perú ante la ONU exigen al Estado y a la sociedad decisiones sustanciales, a fin de llegar al 2030 con las tareas cumplidas. Al evaluar la evolución del Perú en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de las Naciones Unidas, para el periodo 2000-2017, encontramos que, a pesar de los avances realizados, nuestro país no destacó particularmente frente a otros países de la región. Estos, pese a ser más pobres y haber tenido inferiores tasas de crecimiento económico en dicho periodo, fueron capaces de mayores avances en el IDH[1]. De hecho, la mejora del IDH de Perú estuvo por debajo del promedio regional.
La lección que podemos extraer de la evolución del IDH es que con el mero crecimiento económico no basta para nuestro desarrollo. Políticas y esfuerzos específicos desde el Estado y la sociedad son indispensables. No serán la inercia y la displicencia las que lograrán que en el Perú desaparezca la pobreza extrema, se alcance cobertura universal de los servicios básicos, o se elimine la brecha salarial entre hombres y mujeres; entre otros objetivos.
Tenemos que superar las contradicciones de un modelo de crecimiento que no alcanza ni beneficia a todos. No podemos seguir siendo un país que crece económicamente, pero donde 4 de cada 5 peruanos trabajadores se encuentra en la informalidad. No podemos seguir siendo un país donde la pobreza -medida en términos monetarios- desciende, pero otras dimensiones de la pobreza, como el déficit calórico o la anemia, no mejoran. No podemos seguir siendo un país donde aumenta la cobertura formal de los servicios de salud pública, pero la calidad y oportunidad de la atención sigue en niveles deplorables.
Seamos optimistas. Pese a los estancamientos y retrocesos sufridos, nuestras chances siguen intactas. Hay oportunidades y recursos para sustentar un proceso de crecimiento inclusivo, que reduzca desigualdades y exclusiones históricas y ofrezca a todos los peruanos la oportunidad de una mejor vida. Pero para que ello ocurra se requiere una profunda rearticulación de las políticas públicas, a partir de un pacto social que alcance y represente a todos los sectores de la sociedad, comprometiéndolos con una agenda de acciones y metas concretas para construir ese Perú más justo y más equitativo, que por tanto tiempo los peruanos hemos buscado.
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[1] Entre el 2000-2017 el Perú ocupó el segundo lugar en la región por crecimiento del PBI per cápita.
Invierno 2019
Armando Mendoza Nava
Investigador de Oxfam en Perú.
