Editorial Edición Nº 13

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La coyuntura nacional, marcada por el inicio de las campañas electorales, nos plantea la interrogante sobre la construcción de la democracia en el Perú. ¿Cómo favorecerla en un país caracterizado por altos índices de pobreza y persistentes grados de discriminación étnica y racial? ¿Cuál es el rol del Estado en la promoción de políticas que favorezcan el desarrollo integral del ser humano y el bien de la colectividad?

Debemos recordar que la pobreza y la exclusión han sido una constante en nuestra historia, habiéndose agudizado en los últimos tiempos. Este contexto de desigualdad social, política y económica ha generado, y seguirá generando, un debate sobre la democracia, cuya consolidación sigue siendo compleja y polémica.

Esta complejidad tiene como uno de los principales obstáculos la pobreza. Según las cifras del INEI-Perú, “en el año 2009, la pobreza medida por el método monetario afectó al 34,8% de la población del país, lo que significa que 35 personas de cada 100, tenían un nivel de gasto inferior al costo de la canasta básica de consumo compuesto por alimentos y no alimentos”. Es de considerar que esta media nacional esconde situaciones de pobreza que son fuertemente asimétricas según las zonas de residencia, pues mientras la zona urbana tiene un nivel de pobreza de 21%, en el área rural (con el 60% de la población) la pobreza es casi 3 veces superior. En el caso de la pobreza extrema las disparidades son mayores. Así, mientras en el área urbana del país el 2,8% de la población es pobre extremo, en el área rural es el 27,8%. Estas cifras no hacen sino confirmar que la situación de pobreza continúa vigente en el Perú.

Asimismo, siendo el Perú un país donde coexisten diversas culturas, es de resaltar que la pobreza sigue teniendo rostro indígena. Según el INEI, “en el 2009, la pobreza afectó al 55,6% de las personas que mencionaron tener como lengua materna una lengua autóctona (quechua, aymara o lengua amazónica), mientras entre los que tienen como lengua materna el castellano, la pobreza incidió en el 29%”.

En este sentido, si bien las cifras del gobierno actual dan cuenta de un crecimiento económico que viene experimentando el país, dicho crecimiento no está colaborando a disminuir las desigualdades existentes. Lejos estamos pues de una economía solidaria que ayude a eliminar el abismo entre ricos y pobres. De ahí, surge la necesidad de seguir reflexionando sobre los modelos de desarrollo que se proponen a fin de ir logrando sociedades más equitativas.

César Torres Acuña

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