Editorial Edición Nº 20

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Los últimos acontecimientos de Cajamarca y Espinar han generado muchas interrogantes sobre la capacidad del gobierno para enfrentar los conflictos sociales que vive el país. Doce muertos es la cifra de pérdidas humanas en estos conflictos. El gobierno parece haber olvidado que una de las principales herramientas para evitar o solucionar los conflictos es acercarse a la población, escucharla, dialogar con ella para buscar soluciones viables a sus demandas y a los intereses del país en general. Por el contrario, el gobierno parece estar apostando por una militarización del problema, adoptando posturas arrogantes y autoritarias que no favorecen el diálogo e incrementan el descontento de la población.

Estos conflictos revelan la fragilidad del gobierno actual y hacen surgir interrogantes serias sobre las políticas públicas de promoción de la inversión privada y la explotación de recursos naturales. Nadie niega que la inversión privada, especialmente en el sector minero, sea una buena fuente de ingresos a las arcas del Estado y que, en algunos casos, promuevan programas de asistencia social y mejoramiento de infraestructura en las comunidades locales donde desarrollan sus actividades. Esto, sin embargo, no es suficiente y se incrementa el descontento de la población en diversas partes del país.

La tensión generada por los intereses económicos de las empresas privadas y las demandas de la población colocan al gobierno en una complicada situación, especialmente por las promesas que hizo el presidente Humala cuando era candidato, ofreciendo trabajar especialmente por los más pobres, cuidando sus intereses y favoreciendo la inclusión social. Es obvio que el Estado necesita la inversión privada pero también necesita garantizar la mejora de la calidad de vida de la población, su gran desafío está en lograr un sano equilibrio entre ambos. Es necesario acercar el Estado a toda la población y generar políticas públicas de gestión ambiental suficientemente coherentes con su obligación de mantener los bienes ambientales en condiciones adecuadas para su disfrute.

Esto nos coloca obviamente en un problema mayor que no puede ser resuelto únicamente a nivel legal, sino que invita a pensar sobre el rol de los actores involucrados en la problemática: gobierno, empresas, comunidades. Reducir el tema de medio ambiente a un criterio de desarrollo desde el punto de vista patrimonial, puede correr el riesgo de reducir la discusión al ámbito meramente económico o de análisis costo-beneficio que no termina de ver la real magnitud del problema y agudiza la confrontación entre las comunidades y las empresas mineras.

Así, en un contexto de grandes diferencias sociales, culturales y económicas como la que se vive en el país, no es extraño que existan conflictos sociales. La novedad no está en los reclamos, movilizaciones, disturbios, en los cuales algunas personas intentarán sacar provecho. La novedad debiera estar en el hecho que este gobierno demuestre una capacidad real para hacer frente a estos conflictos sin poner en riesgo la vida democrática del país y el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de todas las personas, especialmente de los más pobres.

César Torres Acuña

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