Editorial Edición Nº 48

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Hace unos meses se celebraron en Lima los Juegos Panamericanos 2019. Más allá del valor de los Juegos en sí, para la gran mayoría de peruanos y peruanas fue un orgullo el haber sido capaces de una buena organización, pese a las grandes limitaciones y deficiencias por las que atraviesa el país.

Luego vinieron los Juegos Parapanamericanos, los cuales también fueron una revelación para muchos peruanos al ser testigos de los logros deportivos de personas con discapacidad de diferentes nacionalidades. Fue realmente una fiesta donde se derrochó esfuerzo, superación, creatividad, solidaridad, respeto; una muestra de cómo las carencias o limitaciones, en vez de ser percibidas negativamente, pueden ser generadoras de perspectivas nuevas que nos engrandecen como personas, como pueblo.

El censo del 2017 mostró que en el Perú existen más de tres millones de personas con discapacidad, lo que representa el 10% de la población. Estos datos nos urgen a reflexionar sobre las condiciones en las que vive este número significativo de peruanas y peruanos. Para ello partamos de la definición de la OMS, según la cual la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias (problemas que afectan una función corporal), las limitaciones (dificultades para ejecutar acciones o tareas), y las restricciones (para participar en situaciones vitales). Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y la sociedad en la que vive. En este sentido, una persona con una deficiencia (como la imposibilidad para caminar) puede superar las limitaciones para desplazarse si cuenta con lo necesario (como una silla de ruedas), y así poder participar en la sociedad, al igual que otros, a través de un trabajo digno.

Sin embargo, la silla de ruedas, por sí sola, no basta. El Estado y la sociedad civil tienen la tarea de abordar integralmente la situación de las personas con discapacidad, es decir, desde el ámbito sanitario, educativo, laboral, legal y social. Si bien es cierto existe un marco legal que establece sus derechos, todavía queda bastante camino por recorrer en el Perú. Todavía falta mucho para contar con un sistema de salud que les brinde los recursos que requieren, como sillas de ruedas, prótesis, terapias de rehabilitación. A nivel educativo, aún no contamos con un sistema inclusivo y con los suficientes profesionales especializados. En cuanto a lo laboral, si bien hay cuotas que establece la ley para contratar a personas con discapacidad, estas todavía no se cubren. Tampoco nuestras ciudades están preparadas para evitar su exclusión: no se cuenta con sistema de lectura braille, rampas en el transporte público ni en las instituciones, o el respeto necesario de todos… Todo ello significa un esfuerzo para que accedan a incorporarse al tejido social.

Algunos puntos a considerar: son un número significativo de la población que puede contribuir al desarrollo del país; algunas personas, dadas sus discapacidades, pueden ser más productivas; otras pueden desarrollar grandes habilidades artísticas (como genios de la música o pintura); también son iconos de esfuerzo y tenacidad para superar las adversidades. La discapacidad no es, pues, incapacidad, más bien está relacionada a la capacidad del Estado y de la sociedad para incluir a estas personas, a fin de que puedan desarrollarse plenamente, contribuyendo al desarrollo y enriquecimiento del país.

P. Carlos Miguel Silva Canessa, SJ

Verano 2019-2020

Edición Nº 48

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