El crimen organizado en el Perú avanza con pocas resistencias, acumula ingentes recursos, socava el Estado de derecho y corrompe todo lo que encuentra a su paso. Una reciente publicación del exministro del Interior Carlos Basombrío, el exviceministro de Seguridad Pública Ricardo Valdés y el exasesor del ministro del Interior Dante Vera[1], da cuenta de las llamadas economías criminales, su desarrollo en los últimos años y su creciente impacto en la vida económica, social y política del país. Estas economías incluyen al narcotráfico, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, la minería ilegal, la tala ilegal de madera, el tráfico de flora y fauna silvestre, la piratería y la pesca ilegal. El libro aporta una rica visión panorámica, llena un vacío en la literatura existente y se constituirá en una fuente imprescindible de consulta.

Los autores estiman que las economías criminales generan anualmente 7 mil millones de dólares, que representan el 3 % del PBI. Si se suma la corrupción y el lavado de activos, la cifra llegaría al 4 %; algo así como una cuarta parte de la riqueza producida por la minería formal, el principal motor de la economía nacional, que genera las dos terceras partes de nuestras exportaciones y el 20 % de la recaudación fiscal. Aunque se trata de estimados sujetos a revisiones futuras, no es, pues, una cifra desdeñable, sobre todo si su peso relativo es aún mayor en los espacios regionales y locales donde se asientan las economías criminales. Es el caso, por ejemplo, de las regiones de Madre de Dios y Puno, o del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), donde estas economías son muy extendidas y la presencia de la economía formal tiene un peso menor.

Los progresos logrados para fortalecer la capacidad del Estado y contener el avance de las economías criminales, ponerlas a la defensiva y reducir su alcance e influencia no han sido menores, aunque sí claramente insuficientes.

De las diez economías criminales identificadas por los autores, la minería ilegal del oro es la que genera mayores ganancias, con aproximadamente 1800 millones de dólares al año, seguida de la trata de personas con 1300 millones y el tráfico ilícito de drogas con 1100 millones. A ellas, habría que agregar la corrupción, que según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ocupó el segundo lugar como delito precedente del lavado de activos más importante durante la última década, solo después de la minería ilegal. Existen otras seis actividades criminales de menor relevancia económica, que son la tala ilegal de madera con 880 millones, el contrabando fronterizo con 590 millones, las extorsiones con 530 millones, la pesca ilegal con 300 millones, la piratería con 210 millones, el tráfico de flora y fauna silvestre con 150 millones, y el tráfico de terrenos con 140 millones. Cabe observar que el contrabando, las extorsiones y el tráfico de terrenos no son modalidades de criminalidad transnacional en sentido estricto, pues la relevancia internacional de la primera se limita a los países vecinos y en los otros dos casos es inexistente por tratarse de fenómenos exclusivamente nacionales. Todas las otras actividades criminales tienen tanto una dimensión internacional como nacional y son, por tanto, objeto de preocupación global.

Se presume que la presencia de economías criminales en el Perú es alta, pero lamentablemente no existe evidencia confiable para compararla con otros países de la región o del mundo. Este es un déficit que requiere ser subsanado. Mientras tanto, queda claro que contamos con ciertas características que hacen posible la emergencia de economías criminales que no se encuentran presentes en muchos otros países. Por ejemplo, somos —con Colombia y Bolivia— los únicos productores de drogas cocaínicas en el mundo y nuestra riqueza aurífera, así como nuestra biodiversidad, son privilegiadas y bastante excepcionales; la gran demanda global sobre nuestras riquezas, a pesar de la prohibición sobre su comercialización, constituye un estímulo fundamental al desarrollo de estas economías criminales, que también son favorecidas por la limitada presencia del Estado en un territorio ancho, ajeno y complejo, con instituciones normalmente débiles, incapaces de aplicar la ley y, con frecuencia, fácilmente corruptibles.

Todo esto explica la alta informalidad, con un 75 % de la PEA al margen de las leyes laborales, la mitad de los potenciales contribuyentes omisos al pago del impuesto a la renta y un tercio al IGV. La informalidad, a su vez, abona a una cultura tolerante con lo ilícito y, por tanto, con la corrupción, y a un sistema judicial que suele dejar muchos delitos en la impunidad, especialmente los complejos. Los aún altos niveles de pobreza —alrededor del 25 % a nivel nacional, aunque el porcentaje es mayor en zonas rurales— contribuyen a que las economías criminales cuenten con una población ávida de venderles su fuerza de trabajo a cambio de retribuciones que, siendo mayores a las normales, son bajas para las utilidades que ellas generan.

Los autores sostienen que existen vasos comunicantes entre la economía formal (81 % del PBI), la informal (19 %) y la criminal (4 %). Así, por ejemplo, empresas formales son las que proveen a la minería ilegal de sus equipos, las que adquieren el oro ilegal para procesarlo o exportarlo, o las que desvían insumos químicos para el narcotráfico. También hay vasos comunicantes entre las distintas economías criminales, que con frecuencia comparten estrategias, zonas de influencia, logística y servicios. Madre de Dios es un buen ejemplo de esto, pues ahí convive la minería ilegal con la trata de personas, la tala ilegal de madera y el contrabando; también Puno.

Los progresos logrados para fortalecer la capacidad del Estado y contener el avance de las economías criminales, ponerlas a la defensiva y reducir su alcance e influencia no han sido menores, aunque sí claramente insuficientes. Los más importantes logros se han obtenido en el ámbito normativo y en el establecimiento de un sistema de combate al crimen organizado, que hoy cuenta con valiosas islas de excelencia que son motivo de esperanza. Entre los avances normativos cabe mencionar la adecuación de la ley nacional a los instrumentos internacionales, la ley contra el crimen organizado del 2013, la extinción de dominio del 2018 y la reforma constitucional del 2021 que brindó a la UIF el acceso directo al secreto bancario y la reserva tributaria. Entre los logros institucionales están las fiscalías especializadas contra el crimen organizado y el equipo especial del caso Lava Jato, la dirección de inteligencia del Ministerio del Interior y la Diviac-PNP, y las procuradurías contra el tráfico ilícito de drogas y el caso Lava Jato.

No hay duda de que el desafío es inmenso. Los autores lo recuerdan cuando comparan los 7 mil millones de dólares generados anualmente por el crimen organizado con los 4400 millones de dólares a los que ascienden los presupuestos conjuntos del Ministerio del Interior, el Poder Judicial y el Ministerio Público, que —como es obvio— tienen múltiples tareas. Felizmente el sistema institucional tiene, hoy, en la extinción de dominio la herramienta para ir reduciendo este importante déficit presupuestal.

Las inmensas dificultades no han impedido los significativos logros para investigar y sancionar la gran corrupción política. Los procesos contra Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, iniciados el 2001, llevaron a la condena y prisión de ambos y de decenas de sus colaboradores. Más recientemente, a partir del 2017, las investigaciones fiscales y el inicio de los procesos judiciales por el caso Lava Jato contra expresidentes de la República y altos líderes políticos nacionales y regionales, así como destacados empresarios de la construcción han constituido un hecho inédito en América Latina, salvo en Brasil, donde estalló el escándalo. Las investigaciones por corrupción contra el expresidente Pedro Castillo contribuyeron decisivamente a su caída. También hay logros importantes en la lucha contra el narcotráfico, las extorsiones y el tráfico de terrenos, aunque lo mismo no se puede decir de la minería ilegal, la trata de personas, el contrabando, la tala ilegal de madera y el tráfico de la flora y fauna silvestre, entre otros.

Se requieren más estudios sobre esta relación y la manera cómo estas economías financian y, eventualmente, capturan la política nacional.

A pesar de los éxitos relativos, preocupa la creciente influencia de las economías criminales en la política, especialmente a través del financiamiento de las campañas electorales, por el que se capturan —parcial o totalmente— gobiernos regionales y locales, instituciones nacionales desplegadas en el territorio —incluyendo los sistemas de justicia y de control— e, incluso, el Congreso de la República. Se requieren más estudios sobre esta relación y la manera cómo estas economías financian y, eventualmente, capturan la política nacional.

La creciente influencia de las economías criminales quizá explique —por lo menos, en parte— dos características distintivas de nuestra actual clase política. Primero, su tolerancia, cuando no complicidad, con la corrupción. Segundo, su resistencia a toda iniciativa de reforma del Estado para modernizar y fortalecer las instituciones, hacerlas más transparentes y eficientes, y ponerlas al servicio de la gente. Dos características, precisamente, opuestas a lo necesita el Perú hoy para salir del hoyo en que se encuentra y enrumbarse por la senda del desarrollo económico, social y político.

Otoño 2023

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[1] Valdés, Ricardo; Carlos Basombrío y Dante Vera (2023). «Las economías criminales y su impacto en el Perú. ¿Cuáles? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Cómo?». Segunda edición ampliada y actualizada. Lima, Capital Humano y Social Alternativo.

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Gino Costa

Excongresista de la República