Las luchas de los pueblos indígenas han logrado colocar sus demandas en la agenda pública, pero poco o nada ha cambiado en las mentalidades de los que gobiernan el país desde aquel fatídico 05 de junio del 2009.
En la región Amazonas, en la zona del Alto Marañón habitada por los pueblos Awajun y Wampis, existen verdaderas “bombas de tiempo” que el gobierno no sólo mantiene activas, sino que no hace nada para evitar que lleguen a detonar.
Una de ellas tiene que ver con la presencia de la minera canadiense Afrodita en la cuenca de El Cenepa, que viola abiertamente el territorio del pueblo Awajun, al recortar el parque nacional Ichigkat Muja. Algo similar sucede en Nieva, con la presencia de la petrolera francesa Maurel et Prom, cuyo lote 116 se superpone a la Zona Reservada Santiago-Comaina. A fines del año pasado el gobierno anunció, con mucho entusiasmo, la firma de 14 nuevos contratos petroleros y gasíferos ubicados mayoritariamente en la Amazonía, que demandará una inversión de 1,250 millones de dólares[1]. Es decir, mientras las organizaciones indígenas luchan para que se respete e implemente el Derecho a la Consulta, el gobierno sigue otorgando concesiones en la Amazonía peruana a las empresas sin consultar a los pueblos indígenas.
Todo indica que las condiciones y las razones que dieron lugar al último gran conflicto entre los pueblos indígenas y el Estado, y los lamentables sucesos de Bagua, siguen siendo las mismas.
La no aprobación de la Ley sobre el Derecho a la Consulta, los decretos legislativos que aún no han sido derogados, la indiferencia ante la recomendación de la comisión de expertos de la OIT respecto a la suspensión de concesiones en los territorios indígenas y la no implementación de las recomendaciones de las mesas de diálogo, son factores que sin duda contribuyen a la inseguridad jurídica y a reforzar el clima de conflictividad y confrontación política.
En realidad, la relación entre el Estado y los pueblos indígenas de la Amazonía, desde que nació la República, siempre fue de dominación, y el Estado promovió la colonización para “civilizar a los salvajes” y aprovechar las riquezas de la selva. Lo nuevo en el escenario político es el surgimiento de los pueblos indígenas de la Amazonía como actores políticos, exigiendo el respeto de su territorio y su derecho a ser consultados. Lamentablemente, el gobierno actual ha perdido la oportunidad para marcar un punto de inflexión en la conflictiva relación entre el Estado y los pueblos indígenas y avanzar en la construcción de una sociedad intercultural y un Estado Plurinacional.
El contexto electoral actual es propicio para plantear algunas propuestas que el próximo gobierno debería tener en cuenta a partir del 28 de julio:
Acabar con la invisibilidad de los derechos indígenas e incluirlos en la agenda del próximo gobierno es una tarea que no puede seguir postergándose.
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[1] Estos lotes están ubicados en las cuencas del Marañón, Ucayali, Santiago, Huallaga. (Suplemento Economía y Negocios, El Comercio, 12 junio 2010).
Publicado en mayo 2011
Ismael Vega Díaz
Coordinador Proyección Nacional del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica - CAAAP.