El conflicto palestino-israelí ha marcado la agenda internacional desde hace cerca de ochenta años. A pesar de varios intentos de negociar la paz, no se encuentra todavía una solución.

El Acuerdo de Oslo de 1993, suscrito entre Isaac Rabin y Yasser Arafat, representó un gran momento de esperanza. Lamentablemente, el asesinato del primer ministro israelí en 1995, por un extremista judío, llevó a que ese proceso terminara diluyéndose. Desde entonces, la colonización judía de Cisjordania se ha extendido al punto de hacer casi materialmente imposible la creación de un Estado palestino. En ese contexto, los episodios de violencia han proliferado. La segunda intifada, o rebelión, que tuvo lugar entre 2000 y 2005, resultó en decenas de israelíes y centenares de palestinos muertos; además, llevó a que el Estado hebreo construyera un muro a lo largo de la frontera entre Israel y Cisjordania que, de facto, constituye una anexión de parte de este territorio al comprender varias colonias judías, ilegales desde el punto de vista del derecho internacional.

Los sucesivos gobiernos de Benjamín Netanyahu han representado un continuo retroceso de las posibilidades de paz. Peor aún, en su afán por dividir a los palestinos, el líder del Likud incentivó que el grupo extremista Hamas se hiciera fuerte en Gaza combatiéndolo por momentos, pero, a la vez, negociando con sus líderes diferentes acuerdos de cese del fuego que permitieron que los islamistas se consolidaran. En cambio, la Autoridad Nacional Palestina, gobernada por el partido Fatah, que sí reconoce a Israel, ha sido constantemente debilitada, sin duda, por sus propios errores, pero también, en buena parte, por la acción de Netanyahu.

Las escasas perspectivas de paz se han visto aún más reducidas tras la llegada de una nueva coalición capitaneada por Netanyahu, que incluye a partidos ultra religiosos y nacionalistas que aspiran anexar los territorios ocupados en 1967.

En ese contexto es que el 7 de octubre de 2023 se produjo un acto de terrorismo, perpetrado por Hamas contra Israel, de un nivel de barbarie pocas veces visto. El saldo fue de más de mil doscientas personas muertas, la gran mayoría civiles, incluyendo a mujeres y niños, además de la toma de más de doscientos cuarenta rehenes.

La respuesta israelí no se hizo esperar: el lanzamiento de una ofensiva consistió inicialmente en bombardeos masivos contra Gaza; posteriormente, se pasó a una operación terrestre que, al escribir estas líneas, todavía continúa. El saldo es también terrible: más de treinta mil muertos, según las autoridades de Hamas, de las cuales gran parte son mujeres y niños. A ello se suma el desplazamiento de casi toda la población del enclave, es decir, de 2,3 millones, con todo lo que ello implica en términos sanitarios y de alimentación, entre otros aspectos. Además, alrededor del 50 % de los edificios han quedado destruidos o seriamente dañados.

[Estados Unidos] necesita restablecer un mínimo de credibilidad, pues su doble vara a la hora de reaccionar ante las violaciones del derecho internacional, según quien las perpetre, es demasiado evidente.

Ha habido un breve período de unos días de tregua que permitió la liberación de pocas decenas de rehenes israelíes a cambio de la liberación de prisioneros palestinos.

Israel ha sido respaldado por Estados Unidos y por los países occidentales en general. Los norteamericanos enviaron incluso dos portaaviones y otros navíos de guerra a la región, además de proveer de armas al ejército hebreo. También han opuesto tres veces su veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra un proyecto de resolución que llamaba al cese del fuego.

Una de las grandes preocupaciones de la administración del presidente Biden es que la guerra se extienda regionalmente, en particular, por la intervención del grupo chiita libanés Hezbolá, patrocinado por Irán. No obstante, la demostración de fuerza antes mencionada y las presiones a través de emisarios han contribuido, hasta ahora, a evitar que Hezbolá escale hacia una guerra total.

Al mismo tiempo, sin embargo, Washington ha buscado «equilibrar» su postura presionando al gobierno de Benjamín Netanyahu para que permita una mayor llegada de ayuda humanitaria a la población de Gaza. En paralelo, ha señalado que Israel no debe volver a ocupar la franja de Gaza y que la solución definitiva al conflicto es el establecimiento de un Estado palestino.

Más aún, la administración demócrata ha anunciado sanciones contra colonos judíos de Cisjordania por atacar a pobladores palestinos. Se trata de una medida que llama la atención, pues a pesar de la continua violación del derecho internacional por el Estado judío, debido a su ocupación y colonización de ese territorio desde 1967, Estados Unidos nunca ha sancionado a Israel. Sin duda, las medidas de castigo previstas, que consisten básicamente en la congelación de cuentas bancarias y el retiro de la visa de ingreso al territorio norteamericano a algunos individuos y sus familiares, son muy acotadas, pero, de todos modos, no dejan de tener cierta importancia como mensaje.

Lo que sucede es que la guerra coloca a Estados Unidos en una posición diplomática muy complicada. Si bien es un aliado fiel de Israel, también tiene que preservar sus relaciones con el mundo árabe y, más allá, musulmán. A su vez, necesita restablecer un mínimo de credibilidad, pues su doble vara a la hora de reaccionar ante las violaciones del derecho internacional, según quien las perpetre, es demasiado evidente y vergonzosa. Así, ha castigado duramente a Rusia por invadir Ucrania, pero —tal como se ha señalado más arriba— es muy complaciente con Israel. Ello tiene implicancias en sus intentos por alinear al ahora llamado «sur global» contra Rusia, precisamente. El presidente Putin se beneficia —como es natural— con las contradicciones norteamericanas que, por cierto, son también de los demás países occidentales.

Tal vez más grave para Joe Biden es que sus posibilidades de ser reelegido el próximo año se vean afectadas por su posición proisraelí. Una parte del electorado demócrata lo critica por ese motivo y ello puede hacer que no vayan a sufragar en un año, lo cual le restaría votos que podrían ser decisivos en un contexto en el que el republicano Donald Trump va adelante en las encuestas.

En medio de todo ello, el Perú mantiene su tradicional postura respecto del conflicto palestino-israelí, que es la de mantener un equilibrio entre el derecho a la seguridad de Israel y el de los palestinos de contar con un Estado.

Nuestro país tiene buenas relaciones con el Estado hebreo, pero, a la par, reconoce a Palestina, que cuenta con una embajada en Lima y siempre se ha negado a instalar su misión diplomática en Jerusalén, como algunos países han comenzado a hacer, de modo que la mantiene en Tel Aviv. No olvidemos tampoco que, así como hay una comunidad judía, hay también aquí una comunidad palestina, mucho menos numerosa, sin duda, que la que existe en Chile, pero de todos modos significativa.

En el caso de extenderse regionalmente la guerra de Gaza, el Perú, como el mundo en general, se vería seriamente afectado por la disparada del precio del petróleo que se produciría en consecuencia. Nuestra economía ha sido seriamente golpeada por la pandemia y, luego, por la guerra en Ucrania, por sus efectos en los precios de los alimentos y de los fertilizantes y, en general, por la inflación resultante. Tenemos, además, serios problemas internos que han llevado a que el crecimiento de 2023 sea nulo. Está claro que el aumento del precio del petróleo congelaría aún más la actividad económica.

En ese contexto, el Perú, además de mantener su posición histórica de equilibrio ante el conflicto, debe, más que nunca, ayudar en lo que pueda para que se llegue a una paz definitiva entre palestinos e israelíes.