En los últimos meses se ha producido una profunda agitación en el sistema educacional y en particular en el sistema universitario chileno. Éste descontento es fruto de un largo proceso de problemas que se diagnosticaron y no se resolvieron oportunamente. Si bien ha habido un gigantesco progreso en la cobertura, hay quejas crecientes por la calidad y sobre todo por la iniquidad en esa cobertura. Ha contribuido a esto el valor excesivo de los aranceles que han impuesto una carga insostenible a familias de escasos recursos cuyos hijos por primera vez han podido entrar a la universidad.
Desde comienzos de la década de los 80, el sistema universitario chileno ha tenido un fuerte cambio. De ocho universidades, seis de ellas privadas, se pasó a más de 60. El sistema es bastante heterogéneo y desregulado. Existe un Consejo de Rectores de las universidades chilenas que reagrupa sólo a las 25 universidades privadas y públicas que se desprendieron del grupo primitivo. Éstas reciben un financiamiento basal de parte del Estado y sus estudiantes tienen derecho a un crédito preferencial, con bajos intereses y buenas condiciones de pago. Curiosamente, más de la mitad de las universidades existentes no pertenecen al Consejo ni reciben aportes directos del Estado. Los estudiantes de las universidades nuevas reciben un trato discriminatorio porque sólo tienen acceso a un crédito bancario con intereses altos, aunque con aval del Estado chileno. Desde la década de los 80 la educación superior dejó de ser gratuita. Los estudiantes pagan con rentas presentes o con rentas a futuro su educación.
En el gobierno de la presidenta Bachelet se formó una Comisión para estudiar los problemas de la educación superior. El diagnóstico es contundente pero no se han tomado las medidas políticas que permitan corregir el sistema.
La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), que reúne a la mayoría de los países más desarrollados, hizo un análisis de la situación educacional chilena para admitir al país en su seno. Las conclusiones de este organismo coincidieron en gran parte con la Comisión presidencial antes señalada: el Estado chileno invierte una parte muy pequeña del producto bruto en educación superior, dejando la mayoría de los costos a cargo de las familias y por lo tanto a cargo de un financiamiento privado; se constató la desarticulación del sistema por la existencia de un consejo de Rectores discriminante y la falta de controles; llamó la atención las desigualdades en los créditos otorgados a los estudiantes; llamaron la atención los aportes basales otorgados sólo a algunas universidades con criterios históricos, no siempre muy racionales, sin que medien compromisos de desempeño contra resultados.
El modelo de desarrollo del país ha llevado a las universidades a ponerse al servicio de la productividad y a relacionarse preferentemente con las empresas... La Universidad, que debería ser cerebro del país, es hoy sólo un instrumento del desarrollo económico.
En principio las universidades chilenas no pueden tener fin de lucro y, sin embargo, muchas de ellas de reciente creación son lucrativas. Con diferentes artimañas sus dueños logran obtener importantes ganancias. No ha sido extraño que ellas se compren y vendan en el mercado al mejor postor. Esta anomalía legal ha generado un gran malestar en el país. Si bien hay que reconocer el notable aumento en la cobertura de educación superior, se profundizaron las diferencias sociales. En la actualidad más del 40% de los estudiantes están en la Educación terciaria, lo cual es muy positivo comparativamente, pero existe la sensación de abuso, mala calidad, discriminación, descontrol. Un amplio movimiento solicita que se termine el lucro y que se igualen las ayudas estatales a la demanda.
Se culpa al lucro, buscado por las instituciones, de ser la fuente y causa de todos los males del sistema. Por eso se pide insistentemente que se haga cumplir la ley que prohíbe totalmente el lucro en educación. Otros países han optado por legalizar y transparentar la situación imponiendo gravámenes y prohibiendo que recursos públicos vayan a instituciones lucrativas.
La realidad del mundo universitario no hace sino reflejar el modelo de desarrollo del país que ha puesto el centro de toda la asignación de recursos en el mercado, en los negocios, en el desarrollo económico, descuidando otras dimensiones de la vida social y política. El crecimiento económico es sinónimo de desarrollo y todo se ordena en esa dirección.
El modelo de desarrollo del país ha llevado a las universidades a ponerse al servicio de la productividad y a relacionarse preferentemente con las empresas. Se ha descuidado cada vez más la función crítica frente al modelo mismo y, sobre todo, ha reducido el área del conocimiento a lo tecnológico e instrumental, con una creciente despreocupación de las ciencias sociales y humanas. La Universidad, que debería ser cerebro del país, es hoy sólo un instrumento del desarrollo económico.
En relación a mejorar la calidad se promulgó una ley que creó la Comisión Nacional de Acreditación. La acreditación es voluntaria, pero condición necesaria para que los estudiantes reciban un crédito. Además de la acreditación institucional existe la acreditación por carreras. Sólo las medicinas y las carreras pedagógicas requieren obligatoriamente acreditación para que sus estudiantes puedan ejercer. Aunque la acreditación fue un paso adelante, hoy existe una gran presión para modificar el sistema que ha mostrado muchas debilidades y vulnerabilidad frente a fuertes presiones de intereses particulares. El gobierno someterá el sistema de acreditación a una evaluación internacional.
La desregulación, y los abusos frente al lucro, han llevado a proponer la creación de una superintendencia autónoma con la facultad fiscalizadora para hacer cumplir la ley.
Aunque todos reconocen que la educación superior es un factor que contribuye a la movilidad social, el sistema universitario chileno ahonda las diferencias sociales. La admisión a las universidades, sobre todo a las mejores, se hace usando los puntajes de una prueba nacional de admisión. Es sabido que los colegios particulares privados, donde se educan los quintiles con mayores recursos, tienen resultados muy superiores en las pruebas de selección, permitiéndole a sus estudiantes ingresar a las mejores universidades y dejando fuera a los estudiantes que provienen de la educación pública. El sistema universitario hereda y ahonda la desigualdad existente en la educación preescolar, básica y media.
Publicado en diciembre 2011
Fernando Montes, SJ
Rector de la Universidad Alberto Hurtado (Chile)
