El resultado de las últimas elecciones regionales y municipales despertó las alarmas de cierto sector de la opinión pública capitalina respecto de la ciudadanía del sur del Perú. La abrumadora victoria electoral del contador público Walter Aduviri Calisaya en Puno y el docente Zenón Cuevas Pare en Moquegua, recordados por haber liderado dos de las protestas mas sonadas durante el segundo gobierno de Alan García Pérez, gatillaron una vez más prejuicios y el recuerdo de ambos personajes que empezaron a labrar su carrera política con el “aymaraso” y el “moqueguaso”, respectivamente.
No obstante, más allá de la coyuntura electoral y sus resultados, se suele olvidar que los departamentos del sur son mucho más que zonas de conflicto. En realidad, como ocurre con cualquier otro lugar del país, el Sur anhela grandes proyectos de inversión, políticas que permitan una adecuada fiscalización y aprovechamiento óptimo de los proyectos mineros y gasíferos, además de la adopción de medidas efectivas para luchas contra la corrupción. Por otro lado, urge una mayor presencia del Estado, que parece haber abdicado frente a la penetración de las economías ilegales del oro, el narcotráfico y el contrabando. A continuación, presentamos una reseña de estos temas.
Apenas empezaba el nuevo siglo, una numerosa delegación de ciudadanas y ciudadanos puneños organizó la denominada “marcha del Collasuyo”, que los llevó a apostarse frente a Palacio de Gobierno en Lima, exigiendo al gobernante de ese entonces, Alejandro Toledo, el inmediato asfaltado de la carretera Interoceánica Sur, viejo anhelo que terminó por legitimar la exoneración de dicha obra del Sistema Nacional de Inversión Pública, en el entendido que su construcción impulsaría la integración con Brasil y el desarrollo de esta parte del país.
Si bien la Interoceánica Sur ha permitido mejorar el transporte y flujo interno entre las regiones de esa parte del país, la expectativa que generó su construcción y operación, como mejorar el intercambio comercial con el Brasil, no solo está lejos de alcanzarse, sino que las empresas encargadas de su asfaltado están envueltas en serios escándalos por sobornos y aportes a campañas políticas de diversos partidos que han puesto a la clase política nacional en vilo.
Años más tarde, el sueño de la Interoceánica Sur ha sido reemplazado por el llamado Gasoducto Surandino que, como dice el periodista puneño Max Lanza, es “el proyecto más importante del sur”, consenso compartido por el resto de líderes y políticos de esta parte del país que ven la construcción de dicha obra como una oportunidad para acceder a un recurso energético que permita la ansiada industrialización o, por lo menos, alivie la economía de los hogares urbanos y rurales. “Nosotros tenemos el gas, pero ¿qué ha hecho la clase política?, llevarse el gas a Lima, y los dueños no tenemos gas”, refiere el docente universitario cusqueño Jesús Manya. De allí la insistencia para que esta obra contemple ramales que lleguen a los diferentes departamentos.
La actividad turística es otro de los ejes que se observa con expectativa y por ello adquiere importancia la construcción del aeropuerto de Chinchero. “Chinchero es la entrada natural a todo el Valle Sagrado, a La Convención, a Machu Picchu, a la ciudad del Cusco, a Apurímac; el impacto de su construcción en el turismo en todo este ámbito será importantísimo” dice el abogado Sergio Sulca, ex candidato a la alcaldía de Santiago en Cusco. En efecto, si bien se trata de una obra que atañe principalmente al Cusco, se estima que el flujo de viajeros de este aeropuerto sería por lo menos de 3 millones de pasajeros al año, lo que beneficiaría al resto de regiones del sur que podrían recibir más visitantes, para lo cual resulta necesario establecer nuevas rutas aéreas regionales, la mejora de la infraestructura vial y servicios alrededor del mismo.
En los departamentos de la costa, los principales proyectos están vinculados con la demanda del recurso hídrico a fin de garantizar el acceso al agua en las ciudades, así como desarrollar y ampliar las actividades agrarias en irrigaciones como Majes Siguas (Arequipa), Lomas de Ilo (Moquegua) o Vilavilani (Tacna). Para ello se requiere la construcción de represas en la zona andina, lo que ha generado conflictos con los departamentos de Cusco y Puno, donde algunos sectores manifiestan su preocupación por una supuesta sobre explotación que afecte su propia dotación de agua. Frente a esta situación, es probable que la solución pase por diseñar mecanismos de administración conjunta, establecer el pago de una compensación e incluir a las poblaciones directamente afectadas como parte de los grupos beneficiarios.
Al igual que en otras partes del país, en los departamentos sureños el movimiento económico se encuentra permeado por el desarrollo de actividades informales e ilegales, como la pequeña minería. “El grueso del dinero que se movía en el Cusco provenía de la venta de oro y la minería ilegal” señala el economista cusqueño Yury Baca, mientras que para el arquitecto abanquino Enrique Alfaro “la minería [informal] tiene respaldo popular porque la gente sí percibe que la actividad puede ser un factor de desarrollo. Aquí [Abancay] vienen a consumir los mineros artesanales, compran muebles, camionetas, lo que la gran minería no genera”, refiriéndose indirectamente al impacto de la gran minería en Las Bambas.
Esto es mucho más evidente en Madre de Dios, región en la que la minería ilegal logró llegar a la misma cúspide del poder con la elección, el año 2014, del gobernador regional Luis Otsuka, ex dirigente de la Federación Minera de Madre de Dios, y donde uno de los candidatos favoritos a asumir las riendas de la región el próximo periodo es el cusqueño Juan Imura Cjuno, vinculado también a actividades de minería informal. A pesar de todos los operativos de interdicción y el marco normativo generado, lo cierto es que persiste la impunidad con la que se desenvuelve esta actividad, produciendo una verdadera metástasis social. Así, sólo en los primeros meses del presente año, la minería ilegal de oro había depredado 1725 hectáreas de bosque en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, y viene amenazando sostenidamente otras Áreas Naturales Protegidas del ámbito de Puno, Cusco y Madre de Dios, así como a las Comunidades Nativas que colindan con ellas.
Situación similar ocurre con el contrabando en Puno. “Para el puneño el contrabando es una actividad más, no se generan cuestionamientos éticos, morales, es parte de la vida económica” sostiene Eland Vera. Si bien no existen cifras precisas sobre su impacto en la economía nacional y regional, productos de contrabando, que ingresan por las porosas fronteras con Chile y Bolivia, inundan mercadillos como El Molino en Cusco, San José en Juliaca y Avellino Cáceres en Arequipa.
A diferencia de estas actividades, que son desarrolladas de forma cotidiana por miles de personas, el narcotráfico implica una actuación distinta por los niveles de violencia y los delitos conexos que trae consigo. Durante los últimos años, y producto de las políticas de erradicación en los valles cocaleros del centro del país, la producción de hoja de coca y el narcotráfico han crecido en los valles amazónicos puneños al punto de poner en riesgo la producción de café en la cuenca del Tambopata (Puno). Al mismo tiempo, Tacna, Puno y Madre de Dios son parte de las rutas de comercialización de la droga que se dirige hacia Brasil, Chile o Bolivia.
El control y la generación de alternativas a estas actividades ilícitas es imperativo dado el poder económico y político que han alcanzado durante los últimos años. Como indica Max Lanza, ahora los grupos económicos más poderosos en Puno son “mineros [informales], contrabandistas y narcotraficantes”.
Otro aspecto preocupante es la corrupción, si bien estamos pendientes del desenlace de casos de corrupción a escala nacional, estos tienen su correlato regional. En Cusco, Apurímac, Moquegua Tacna, Madre de Dios y Puno existe una larga lista de exgobernadores regionales, exalcaldes y otras autoridades con sentencias o investigaciones abiertas por delitos vinculados a actos de corrupción, tal es el caso Hugo Gonzales Sayan, ex gobernador regional del Cusco, sentenciado por colusión y hoy en libertad luego de haber cumplido dos tercios de su condena; Elías Segovia Ruiz, ex gobernador regional de Apurímac, hoy cumpliendo prisión preventiva por el delito de peculado; Jaime Rodríguez Villanueva, gobernador regional de Moquegua, sentenciado 3 años y 6 meses de pena suspendida por el delito de peculado; José Luis Aguirre Pastor, ex gobernador regional de Madre de Dios, hoy purgando condena de ocho años por la adjudicación indebida de licitaciones a favor de empresas vinculadas a su familia.
La lista de autoridades que han delinquido es vasta, no obstante, los casos señalados son una expresión de la gravedad del problema que enfrentamos como país. La corrupción e instituciones débiles son terreno fértil para el florecimiento de las economías ilegales y del crimen organizado.
Los problemas descritos tienen una repercusión directa en la calidad de vida de los miles de ciudadanos y ciudadanas de nuestras regiones, en particular en las políticas de salud y lucha contra la anemia.
Tan es así que las cifras de anemia en Puno (75.9%), Madre de Dios (57.3%), Cusco (55.3%) y Apurímac (54.2%) se mantienen ubicadas entre las regiones con mayores tasas de anemia en niños de 6 a 35 meses a nivel nacional. Si bien Arequipa, Moquegua y Tacna han avanzado significativamente en la reducción de la misma, es imperativo que las nuevas autoridades electas profundicen dichas políticas.
Como vemos, las futuras autoridades regionales enfrentan grandes retos, esperemos que su habilidad política se traduzca en gestiones eficientes y le devuelvan a la ciudadanía la esperanza de que la política puede estar al servicio de la gente. El mismo reto tiene hoy el presidente Martín Vizcarra, cuya carrera política se labró en el sur y que, más allá de la política y las importantes reformas que ha promovido, tiene también la responsabilidad de mostrar resultados concretos de su gobierno.
Verano 2018-2019
Aldo Santos Arias
Comunicador social. Actualmente se desempeña como asesor parlamentario.
