Buscando una estrategia pacífica para defender su derecho a existir y proyectarse como Pueblo Wampis como parte del Perú, buena parte de los sabios, Jefes de Comunidades y dirigencias de las organizaciones de las sub-cuencas de los ríos Santiago (Amazonas) y Morona (Loreto) han iniciado un proceso organizado y sostenido hacia el reconocimiento jurídico del territorio ancestral integral, como se da en otros países amparados en el Convenio 169-OIT. Un proceso que desde el año pasado está re-organizando la representación y la toma de decisiones del Pueblo Wampis, motivando la reactivación de una iniciativa semejante por parte de un sector importante del Pueblo Awajún, que a mediados de enero del presente año empezaron a debatir los Estatutos que regirán al futuro gobierno territorial indígena.
Este proceso, sostenido desde el año pasado, avanzó en la Cumbre realizada en Soledad (cuenca del río Santiago), del 13 al 19 de marzo de este año, con la conformación del gobierno territorial de la Nación Wampis y la instalación de su Parlamento -el “UUN IRÚNTRAMU”- compuesto por Irunin (congresistas), provenientes de 28 comunidades (IRUTKAMU) de las cuencas del Kanus (Santiago en Amazonas) y Kankaim (Morona en Loreto).
Todo se inició con los Talleres de Validación del territorio integral, coordinados por la organización indígena CORPI-San Lorenzo[1], en el 2012, pero que logró vitalidad participativa el año 2013: reunidos en Puerto Galilea (capital del distrito Río Santiago) en el mes de julio, sabios y jefes de comunidades wampis trabajaron la historia de ocupación del territorio ancestral, verificándose y haciéndose ajustes a los mapas de delimitación del Pueblo Wampis.
Pero, ¿qué ha pasado para que ese proceso se vuelva a activar vigorosamente hasta la instalación del gobierno territorial de la Nación Wampis?
Nuestra hipótesis es que llegaron a la conclusión que mientras se limiten a organizarse en base a la fragmentación del territorio ancestral –comunidades tituladas y organizaciones por zonas en cada sub-cuenca– avanzará la ocupación y contaminación del bosque, de las Áreas Naturales y de la red de ríos a consecuencia de las actividades y de las futuras ejecuciones de los mega-proyectos respaldados por el marco jurídico.
Respalda esa hipótesis numerosos hechos que les han puesto ante la evidencia de un mayor riesgo de perder el territorio indígena, tanto por el aumento de amenazas como por la debilidad de representación organizada actual.
(1) El desgaste de las gestiones ante las autoridades para la erradicación de la minería informal. Desde el año 2012, las comunidades wampis y sus líderes -miembros del Consejo Permanente de los Pueblos Awajún y Wampis (CPPAW)- lideraron la defensa del río Kanus (Santiago) ante la expansión de la minería ilegal (extracción de oro operando con dragas, mercurio y otros tóxicos, sin control estatal alguno): primero denunciaron esa situación[2]; luego respaldaron la interdicción que se realizó después de un año para volver a solicitar la intervención oficial mediante oficio a la Presidencia del Consejo de Ministros (recibida el 08.05.2015) ante la reactivación de la minería ilegal en la quebrada Pastazillo. Esta se implementó en junio 2015, extendiéndose a zonas de comunidades awajún, pero se constató que este año nuevamente está operando la minería ilegal. Es más, el nuevo gobierno regional ha acordado la formalización de esa minería sin que se haya consultado la norma, con la que están en oposición.
(2) La constatación de su débil capacidad para contrarrestar el poder del Plan Binacional, en su persistencia para la ejecución del Eje Vial 5. Este consiste en una carretera longitudinal en paralelo al río Kanus, que afectaría la alta biodiversidad del bosque (soporte material y espiritual de su cultura) así como haría viable zonas de colonos ávidos de extracción de madera y oro, riesgo que no están dispuestos a correr, más aún cuando el propio Estado sigue incumpliendo el Derecho de Consulta Previa, libre e informada. El Eje Vial 5 se pretendería imponer a pesar de que el Informe Técnico de SERNANP[3]-Amazonas no habría dado opinión técnica favorable.
(3) La persistencia estatal en basar la expansión de la generación de energía eléctrica mediante represas en el río Marañón. Se continúa con el desarrollo de estudios para la inversión en mega centrales hidroeléctricas inconsultas en el río Marañón (Rentema, Escurrebraga y Manseriche). El 22 de mayo del 2015, el diario oficial El Peruano informó de la concesión temporal que el Ministerio de Energía y Minas ha otorgado para el desarrollo de estudios a nivel de factibilidad para la Central Hidroeléctrica Lorena, aguas abajo del Pongo de Rentema.
(4) La advertencia de penalización de las movilizaciones de protesta indígena por la defensa de sus derechos, que representa el Juicio Oral del caso de la Curva del Diablo, iniciado el 14 de mayo del 2014 contra 22 awajún y wampis (de un total de 53 civiles acusados), a pesar de que fue negativa la prueba de disparo con arma de fuego.
Esa hipótesis concuerda con los alcances dados recientemente por Wráys Pérez Ramírez (cuyo apellido materno indígena es Chamik), máximo representante del poder ejecutivo del gobierno territorial del Pueblo Wampis:
“Nos hemos constituido en noviembre del 2015 antes de la COP 21 de diciembre. Hemos dicho que nosotros no tenemos dinero pero tenemos este bosque, que hemos cuidado alrededor de 7 mil años, que nuestros antepasados sin haber ido a la universidad han sabido conservar; tal vez si hubieran ido esto no estuviera. Con ese conocimiento milenario se ha sabido conservar, esto es lo que estamos poniendo para la mitigación del cambio climático, no ponemos dinero, ponemos bosque, eso ha sido una Resolución (...). El 2008, viniendo trabajando así, el Tratado de Libre Comercio hace que se emitan Decretos Legislativos inconsultos que afectaban derechos de comunidades indígenas. Hoy hay mucho más: hay Lote 116 en el territorio awajún wampis, hay el 5to. Eje Vial se mantiene como propuesta...; los megaproyectos de represas esa es otra amenaza. Todo esto ha hecho que nosotros [...] el único camino para poder defender nuestro territorio es uniéndonos y planteando como territorio integral, no queda otro camino para defender nuestros derechos territoriales” (Entrevista del 22.03.2015)
Problemática semejante se presenta en el territorio ancestral del Pueblo Awajún: minería ilegal y pretensión de explotación de oro por la minera Afrodita, contaminación de afluentes, proyectos viales, además de las represas mencionadas y del Lote 116, por ahora suspendido por la caída del precio del petróleo. Pero, ¿qué explica este avance sostenido del Pueblo Wampis en su determinación de gobernar su territorio, en contraste al débil y fragmentado avance del Pueblo Awajún, en la región Amazonas?
Nuestra hipótesis es que, en el caso del Pueblo Wampis, la determinación de la estrategia de Territorio Integral Indígena ha logrado ser consensuada desde las Asambleas Comunales, con la labor protagónica de sabios/as y dirigentes que gozan de reconocimiento cultural, favorecida por una mayor cohesión y representación territorial y cultural como Pueblo indígena, y que busca una doble afirmación frente al Estado y sectores del Pueblo Awajún que están favoreciendo el ingreso de minería ilegal y megaproyectos, incluso en la parte baja del río Kanus. En contraste, en el caso del Pueblo Awajún, están menos cohesionados y más dispersos; a su interior se sigue dando, después del “Baguazo”, una disputa activa de representación indígena entre los defensores del territorio y los indígenas que promueven el ingreso de actividades extractivas en cada uno de los Sectores de Río (Ver Mapa adjunto), y aún no han iniciado un proceso desde las Asambleas Comunales por Sectores, dirigido a lograr lo más cercano al consenso sobre la estrategia territorial.
Nos referimos a la actual disputa entre los que recientemente han formalizado su personería jurídica como “Nación Awajún y Wampis del Perú-NAWP[4]” (iniciativa creada en el marco de eventos oficiales del Plan Binacional) y el grupo de organizaciones (CPPAW, ODECOFROC[5], FISH[6], CIAP[7], OCCAAM[8], FEMAAN[9]) que persisten en liderar la movilización por la defensa del territorio ancestral, coordinando actividades entre sí y con la que ha recuperado recientemente su personería jurídica “Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú-ORPIAN-P” (base de AIDESEP).
Lo definimos como disputa de representación indígena ante el Estado porque mientras la NAWP es convocada para los procesos participativos del Plan de Desarrollo Concertado de Condorcanqui, a los eventos oficiales del Plan Binacional y del Gobierno regional, sucede lo contrario con el grupo de organizaciones que están demandando diálogo intercultural con el Estado, a razón de que no son escuchados ni convocados por las autoridades nacionales de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, a pesar de la vigencia constitucional de sus derechos colectivos, amparados por el Convenio 169 de la OIT. Precisamente, la marginalidad de esta representación indígena en la interlocución con el Estado es parte de la configuración del conflicto y su tránsito de conflicto latente a conflicto activo.
[1] Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas
[2] La República, 12.09.2013
[3] Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
[4] A diferencia de la Nación Wampis, en NAWP la mayoría de sus miembros son awajún, por lo que no compromete a los wampis.
[5] Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa.
[6] Federación Indígena Shawit.
[7] Consejo Indígena Amazónico del Perú.
[8] Organización Central de Comunidades Aguarunas del Alto Marañon.
[9] Federación de Mujeres Aguarunas del Alto Marañón
Marlene Castillo Fernández
Consultora. Autora de la publicación "Disputa de representación de los Pueblos Awajún y Wampis en la Región Amazonas-Perú" (2016). Cooperacción. Lima, Perú.