Este año se cumplen 20 años desde que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) presentó su Informe Final.

La CVR escribió, en la primera conclusión de su Informe Final, que el conflicto vivido “reveló brechas y desencuentros profundos y dolorosos en la sociedad peruana”[1]. Esto fue notorio, por un lado, con Sendero Luminoso sometiendo militarmente a comunidades indígenas empobrecidas para que apoyen su lucha armada (un ejemplo de este desprecio a lo indígena es la captura del pueblo Asháninka en la cuenca del río Ene), y por el otro lado, con la respuesta del Estado, que reprimió a estas mismas comunidades asumiéndolas como senderistas, causando muerte y dolor (las muertes a manos de las fuerzas del Estado fueron 5.7 veces más numerosas en las zonas rurales que en las urbanas). No olvidemos que más del 75% de las víctimas fatales del conflicto armado interno tenían como lengua materna el quechua u otra lengua nativa. Se dio, como lo señaló hace 20 años la CVR en su conclusión número 4: “... una notoria relación entre situación de pobreza y exclusión social y probabilidad de ser víctima de violencia…”.[2] Para ello recomendó, entre otras propuestas, modificar la ley de partidos para que haya una mejor representación que garantizara mayor presencia de los partidos políticos en todo el territorio nacional, cubriendo todos los sectores sociales[3]. También recomendó que se asegure la incorporación de las necesidades de las poblaciones con poca capacidad de presión en los planes y presupuesto municipales, así como, la realización de planes de ordenamiento territorial concertados con las municipalidades para permitir la atención integral de las necesidades de las poblaciones de poca densidad.[4] Si bien existen varios espacios de participación en todos los territorios, estos no han sido eficientes y sigue primando un fuerte centralismo en la ejecución del presupuesto nacional, manteniendo las brechas y desencuentros profundos en la sociedad peruana.

Viendo los recientes acontecimientos que vivimos en el país, después del fallido golpe de estado dado por Pedro Castillo, con toda razón podemos preguntarnos si algo hemos aprendido desde la presentación del Informe de la CVR, o si los extremos del espectro político siguen cargados de desprecio al otro.

Se sigue considerando a las comunidades indígenas como un “otro” manipulable; no como un conjunto de ciudadanos con posturas claras frente a los políticos que se encuentran en el poder del Estado.

Frente a la movilización de muchas comunidades indígenas, indignadas por la destitución de Castillo de la Presidencia de la República, la inteligencia militar y de la policía informaron (sin pruebas) que se trataba del resurgimiento de Sendero Luminoso y que obedecía a un plan para tomar el poder por asalto (y, además, con el apoyo de Cuba y Bolivia). Esa narrativa se asumió por el Ejecutivo y por algunos partidos en el Congreso, persistiendo en el desencuentro del que hablaba la CVR. Se sigue considerando a las comunidades indígenas como un “otro” manipulable; no como un conjunto de ciudadanos con posturas claras frente a los políticos que se encuentran en el poder del Estado.

En su conclusión número 6, la CVR señaló: ”…conjuntamente con las brechas socioeconómicas, el proceso de violencia puso de manifiesto la gravedad de las desigualdades de índole étnico-cultural que aún prevalecen en el país…”,[5] y en la conclusión número 9: “…el velado racismo y las actitudes de desprecio subsistentes en la sociedad peruana a casi dos siglos de nacida la República…”.[6] La protesta social que se viene desarrollando en nuestro país, vuelve a poner de manifiesto lo que la CVR expresó hace 20 años. Dentro de sus recomendaciones se encuentra la necesidad de reconocimiento e integración de los derechos de los pueblos indígenas y sus comunidades en el marco jurídico nacional.[7] Habla de la necesidad de una reforma constitucional que reconozca al Estado peruano como un Estado multinacional, pluricultural, multilingue y, multiconfesional, donde se reconozca sus tierras y territorios tradicionales inalienables, imprescriptibles, inembargables e inexpropiables. Estas reformas siguen sin ser adecuadamente debatidas, se dio la ley de la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, pero su aplicación tiene serias observaciones, una de ellas es la promulgación de su reglamento que no fue consultado.

Otro de los hallazgos de la CVR señaló que tanto el ejecutivo como el legislativo optaron inicialmente por prescindir de la política y encargaron a los policías y luego a los militares la respuesta a la violencia desatada por Sendero Luminoso y el MRTA, con el agravante de enviarlos al frente sin protección y armamento adecuado (para luego asignarles exclusivamente todas las responsabilidades de las muertes de civiles). En su informe final la CVR reclamó a la clase política que pudiendo detener las violaciones a los derechos humanos que se venían cometiendo, no lo hizo. Los militares ingresaron a las comunidades asumiendo que todos los pobladores, incluidos niños y niñas eran senderistas. Salvando las diferencias con la violencia terrorista desatada por Sendero Luminoso, hoy se trata de una protesta social que debe ser abordada políticamente, mediante el diálogo, sin embargo, vemos como rápidamente se decretó el estado de emergencia para garantizar la actuación militar y se insiste machaconamente en una respuesta exclusivamente represiva, repitiendo lo que podemos leer en la conclusión 10 del Informe Final: “…graves limitaciones del Estado en su capacidad de garantizar el orden público y la seguridad, así como los derechos fundamentales de sus ciudadanos dentro de un marco de actuación democrático…”;[8] también en la conclusión 11: “… una precaria vigencia del orden constitucional y el Estado de Derecho…”;[9] e incluso en la conclusión 42: “…las limitaciones de los servicios de inteligencia policiales no permitieron tener una visión adecuada de lo que acontecía…”.[10] Se vuelve a cometer el mismo error de no distinguir la protesta social justa de los grupos violentistas, y se los está poniendo a todos en el mismo saco, negando agencia política a las comunidades indígenas.

La CVR reclamó a la clase política que pudiendo detener las violaciones a los derechos humanos que se venían cometiendo, no lo hizo. Los militares ingresaron a las comunidades asumiendo que todos los pobladores, incluidos niños y niñas eran senderistas.

Podemos afirmar, que cada una de las conclusiones citadas siguen expresando serios problemas de nuestra democracia. Los execrables actos vandálicos ocurridos en el contexto de la protesta ciudadana, acaparan la atención de la respuesta estatal, incapaz no solo de hacer distinciones sino de apelar a la política, dejando todo en manos de la represión.

Como consecuencia de esta situación, un mes de protestas sociales ha producido más de 50 víctimas fatales. Lo que nos lleva a la conclusión 46 del informe final de la CVR: “… La CVR concluye que la lucha contra la subversión reforzó en miembros de la policía prácticas autoritarias y represivas preexistentes…” [11] y la conclusión 69: “… los gobiernos que … decidieron … declarar estados de emergencia … no toma(ron) las previsiones para impedir los atropellos a los derechos fundamentales de la población, vigentes aun cuando se declaran estados de emergencia…”.[12] Hoy, constatamos que subsisten esas malas prácticas en la PNP sin que se tomen correctivos, sino que se agrava la situación con la utilización del delito de terrorismo, mal definido en nuestro código penal y convertido nuevamente en vehículo para penalizar a personas que no son terroristas y que solo expresan su disconformidad con los que se encuentran en el poder del Estado. El uso del término terrorismo solo sirve para justificar la militarización y criminalizar la protesta ciudadana.

Hace 20 años la CVR señaló en la conclusión 70 de su informe final: “… este actuar de los Gobiernos estaba condicionado, tanto en su debilidad como en su improvisación, por las fallas profundas del Estado: i) su insuficiente cobertura territorial y densidad institucional; ii) su falta de preparación …; iii) la desconfianza que le provocaban significativos sectores de sus propios ciudadanos …” [13]. Ante ese diagnóstico, la CVR presentó 85 recomendaciones para prevenir que situaciones tan dramáticas como las vividas durante el conflicto armado interno se volviesen a repetir. Nuestro país cambió bastante desde entonces, pero no lo suficiente. Un sector importante de la clase política y de las fuerzas de seguridad sigue empeñado en negar lo errores que se cometieron desde el Estado en la lucha antisubversiva. Este negacionismo solo conduce a la defensa del uso indiscriminado de la fuerza, discurso que solo sirve para incrementar la violencia que estamos viviendo.

La única salida es la reafirmación democrática, el diálogo en busca del entendimiento y soluciones que todos podamos aceptar. Sin esta actitud, se pone en riesgo nuestro sistema democrático para reforzar salidas autoritarias que solo traerán más violencia.

Otoño 2023

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[1] CVR. IF, Tomo VII p 353. 2003
[2] CVR. IF, Tomo VII p 354. 2003
[3] CVR. IF, Tomo IX p 129. 2003
[4] CVR. IF, Tomo IX p 127. 2003
[5] CVR. IF, Tomo VII p 354. 2003
[6] CVR. IF, Tomo VII p 354. 2003
[7] CVR. IF, Tomo IX p 128. 2003
[8] CVR. IF, Tomo VII p 355. 2003
[9] CVR. IF, Tomo VII p 355. 2003
[10] CVR. IF, Tomo VII p 360. 2003
[11] CVR. IF, Tomo VII p 360. 2003
[12] CVR. IF, Tomo VII p 365. 2003
[13] CVR. IF, Tomo VII p 365. 2003

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Sofía Macher

Universidad Nacional Mayor de San Marcos