Desde una perspectiva de derechos y justicia social, las mujeres indígenas venimos construyendo alianzas e incidiendo en el plano internacional para ser visibilizadas, plantear nuestra problemática, poner de manifiesto nuestros aportes y rol en la continuidad cultural y el sostenimiento medioambiental. A partir de este proceso, hemos logrado marcos normativos y planes de acción que, de retorno a nuestra realidad nacional, se encuentran con muchas brechas e impedimentos para su implementación.
Desde una perspectiva cultural y de articulación social, las mujeres indígenas representamos la continuidad cultural de nuestros pueblos y, por esta razón, muchas veces nos han identificado como retardatarias del progreso. Nuestra imagen y representación sirven por igual para mostrar la diversidad cultural, así como para cosificar a los pueblos indígenas en general y ser objetos de burla y discriminación.
Un primer punto: pese a ser muchas no somos bastantes. La noción de indígena es reciente en nuestro país como identificación cultural, propuesta política y acceso a un marco jurídico para el ejercicio de derechos. En este sentido, conceptos como mujer campesina, mujer rural o mujer comunera, generan diferentes procesos de autoidentificación y de fragmentación que dificultan la construcción de una identificación como pueblos y mujeres indígenas.
Desde el Estado, esta fragmentación es más notoria y se traduce en una limitada aplicación de normas y leyes que protejan los derechos colectivos y específicos de las mujeres indígenas. El debate sobre a quiénes aplicar la Consulta Previa[1] es una muestra de ello, y la salida -que sea la misma población quienes demanden esta consulta- lo corrobora, pues en la práctica no todos pueden demandar este derecho a la consulta previa libre e informada, como lo grafican los casos que involucra a la minería en la zona andina.
Un segundo punto es el referido a la construcción de datos étnico-demográficos. Pese a ser una prioridad, no hay comprensión sobre su construcción, e instancias como la CEPAL[2] han venido formulando recomendaciones y asesorías que no han sido del todo atendidas ni implementadas, en especial el papel estratégico del Estado en el posicionamiento y sensibilización sobre la pregunta de autoidentificación étnica, como lo demuestran las dudas, desinformación y banalización de la misma durante los censos nacionales 2017.
Según diferentes reportes, nuestro país ocupa uno de los primeros lugares en grado de violencia contra las mujeres, siendo la ciudad de Lima en donde se verifica un mayor número de feminicidios. Sin embargo, cuando analizamos los datos, el término “mujeres” engloba muchas realidades y no permite identificar causales, ni contextos educativos, socioeconómicos ni étnicos. De ahí la necesidad de datos desagregados por identidad o pertenencia étnica.
Si examinamos en detalle los diferentes casos de violencia y feminicidio encontramos un patrón común que se focaliza en las zonas periféricas de la ciudad -correspondientes a los distritos más grandes y con población migrante, indígena o de ascendencia indígena- y sobre quienes se centran una serie de estereotipos, especialmente sobre las mujeres, a las que cosifican frente al poder masculino, que también corresponde a varones indígenas o de ascendencia indígena, confluyendo factores como desarraigo y exclusión, lo cual genera una frustración que se traduce en violencia.
Si la situación de las mujeres indígenas en las ciudades está marcada por la violencia física, a lo cual hay que agregar la precariedad económica, tanto en el uso de recursos como el acceso a espacios laborales, en el área andina también confluyen otros factores.
En primer lugar, la invisibilidad y exclusión de espacios de poder. El aporte no remunerado de las mujeres indígenas en el área rural contribuye a la viabilidad económica en las diferentes comunidades y, en algunos casos, este trabajo “invisible” incluye el cuidado del hogar, de la familia, el apoyo en las faenas agrícolas y comunitarias, la gestión de actividades como el cultivo de biohuertos, la crianza de animales para el autoconsumo y la venta y el desarrollo de negocios a pequeña escala, cuyos ingresos se invierten en salud y educación de los hijos. Toda esta serie de actividades, si se valoriza monetariamente, el monto económico que involucra es, en algunos casos, muy superior a la inversión municipal en programas sociales y de desarrollo[3].
Sin embargo, esta importancia económica para la viabilidad social de las economías locales y comunales no se traduce en participación y poder de decisión y de representación en sus localidades, pues aún priman normativas comunales que les impiden ejercer cargos de representación y de acceso a la propiedad de la tierra, en el entendido de que esta es para los hombres, ya que ellos “mantienen” la economía familiar.
En cuanto a la violencia física y el feminicidio, es común la naturalización y justificación de la violencia ejercida por el varón, de ahí que se configura un patrón de silenciamiento de los golpes y maltratos físicos, ocasionados por esposos y parejas; en cuanto a la violencia psicológica, esta no es identificada y no se tiene consciencia de ello.
En segundo lugar, los efectos del cambio climático inciden en la producción de alimentos y su gestión, lo que afecta directamente a las mujeres indígenas.
En el área amazónica la situación es más dramática, sobre todo en torno a las zonas de extracción de petróleo o las zonas de comercio y de abastecimiento de estas empresas. Lo que verificamos es una dramática transformación en los patrones culturales de las localidades involucradas; por ejemplo, el acceso a la economía monetaria y de comercio -por parte de los varones que se involucran como mano de obra directa o indirecta en torno a la extracción de hidrocarburos-, genera la compra de cerveza, que adquiere el rango de prestigio en las comunidades, así como el consumo de productos industriales que desplazan a productos locales o nativos. Esto fortalece la dependencia y control de parte de los varones, a lo cual se suma la creciente taza de alcoholismo y violencia contra las mujeres.
De igual manera, la trata de mujeres sigue siendo un creciente problema para el cual tampoco contamos con datos estadísticos, sobre todo, que estos se vienen focalizando en torno a la minería ilegal del oro y la proliferación de poblados en los que no hay presencia del Estado.
Cuatro son las instancias de la ONU donde se vienen formulando recomendaciones sobre las mujeres indígenas: el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, la Comisión de Estatus sobre la Mujer, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y la Relatoría Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, que ha realizado un exhaustivo informe sobre la situación de las mujeres indígenas.
De todas ellas, el Foro Permanente es la instancia que más recomendaciones ha formulado, bordeando el centenar en temas como la violencia, el acceso a recursos, la educación y la salud. Sin embargo, un reciente balance realizado desde nuestra asociación establece que, salvo casos aislados de algunos países, los niveles de implementación de las recomendaciones son casi nulos.
Este panorama desalentador nos pone frente a diferentes desafíos: por un lado, la comprensión de quiénes somos las mujeres y los pueblos indígenas, pues mientras haya discrepancias sobre quiénes somos los sujetos de derechos, no habrá políticas orientadas y formuladas sobre un grupo social específico. Por el otro, que los derechos de los pueblos y mujeres indígenas no son un impedimento para el desarrollo del país, y que su aplicación contribuye sustantivamente a la reducción de los conflictos sociales y el aprovechamiento de saberes y conocimientos, no solo en beneficio de los pueblos y mujeres indígenas, sino también de toda la sociedad.
A fines del año pasado se realizó el I Encuentro de mujeres Awajún y Wampis del Alto Marañón en Santa María de Nieva (Amazonas), gestionado por el Servicio Agropecuario para Investigación y Promoción Económica (SAIPE), obra social de la Compañía de Jesús. En el evento, las lideresas resaltaron las diferentes violencias que sufren las niñas, jóvenes y mujeres indígenas, desde la marginación en cuanto a la formación educativa, el embarazo adolescente, la violencia sexual, hasta el abandono por parte de los padres de sus hijos. Ellas elaboraron un pronunciamiento que insta a las autoridades locales, regionales y nacionales, así como a otros actores de la sociedad civil, para que trabajen de forma urgente sobre los problemas identificados. Aquí parte del documento:
Hemos identificado dos tipos de problemáticas que afectan a las mujeres: la vulneración de nuestros derechos humanos fundamentales (I) y la carga económica familiar (II), siendo la artesanía la actividad económica complementaria de la mayoría de nosotras las mujeres awajún y wampis.
Por un lado, el ámbito económico pensamos que es un espacio que debe ser reforzado, para ello proponemos:
Por otro lado, en referencia al ámbito sociocultural en el que nos vemos envueltas demandamos:
Instamos al Gobierno Local, Regional, Central y todos los Ministerios competentes, así como todas las instituciones públicas y privadas u organizaciones de la sociedad civil, que incorporen nuestras demandas a su intervención dentro de nuestro territorio. A fin de atender las verdaderas y urgentes necesidades de las mujeres Awajún y Wampis.
Por nuestra parte, las mujeres representadas por el Consejo de Mujeres elegido en este I Encuentro de Mujeres Awajún y Wampis del Alto Marañón, nos comprometemos a seguir luchando por el respeto de nuestra dignidad y la defensa de nuestros derechos individuales y colectivos.
“Ijunja takainaku emkatnaitji nuwatik / tuakar takaiñakur emkatñeitji nuwatika”
(“Trabajando juntas las mujeres avanzaremos”)
----------------------------
[1] La Consulta Previa, libre e informada es un mecanismo establecido por el Convenio N° 169 de la OIT y ha sido reconocida por nuestro Estado y se encuentra implementando.
[2] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
[3] Este punto ha sido analizado por Raquel García Pinar en LAS MUJERES INDÍGENAS Y LA ECONOMÍA. Contribución no remunerada de las mujeres indígenas a la economía familiar y comunitaria en el Perú y en Guatemala. Editada por CHIRAPAQ. Disponible en: http://chirapaq.org.pe/es/las-mujeres-indigenas-y-la-economia
Otoño 2018
Tarcila Rivera Zea
Vicepresidenta de CHIRAPAQ. Experta Independiente del Foro Permanente de la ONU para Cuestiones Indígenas.
