La conservación del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre de la Nación y la biodiversidad, así como el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, constituyen deberes constitucionales para el Estado peruano[1]. Sin embargo, durante los últimos años, han aparecido nuevas amenazas a la conservación e integridad de los bosques peruanos. Entre ellas: el incremento de las actividades minera y petrolera, los megaproyectos de infraestructura vial y energética, así como la expansión de los monocultivos agroindustriales y agroenergéticos. Estos últimos han demostrado ser una de las principales causas de deforestación de bosques tropicales, generando graves impactos ambientales, sociales y económicos.
Grupos empresariales de capitales nacionales y extranjeros, con participación económica en la producción de biocombustibles, han propiciado una serie de reformas normativas orientadas a la apertura del mercado de tierras en la Amazonía peruana, a fin de satisfacer la demanda de áreas para la instalación de cultivos de palma aceitera, afectando bosques tropicales y territorios indígenas en las regiones de San Martín, Loreto, Ucayali, Huánuco, Amazonas y Madre de Dios. Entre las políticas y estrategias de promoción se encuentran la declaración de interés nacional para la instalación de plantaciones de palma aceitera[2], el Plan de Promoción de la Palma Aceitera[3], la Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles[4] y su Reglamento[5], el Reglamento para la Comercialización de Biocombustibles, entre otros.
Se estima que al 2012 existían al menos 57,752 hectáreas (ha) de palma aceitera a nivel nacional. El desarrollo de esta agroindustria congrega a diversas asociaciones de productores y empresas que intervienen en los distintos niveles de la cadena de producción[6]. El modelo de producción a pequeña escala cuenta con aproximadamente 20,000 ha de palma cultivada. Se estima que existen alrededor de 32 mil productores de palma ubicados en diferentes zonas de Loreto, San Martín, Huánuco y Ucayali, organizados en la Confederación Nacional de Palmicultores y Empresas de Palma Aceitera - CONAPAL.
Los grupos empresariales participan cerrando la cadena productiva. El Grupo Palmas, del Grupo Romero, congrega los siguientes proyectos y empresas: Palmas del Espino (15,000 ha, dedicadas al cultivo de palma aceitera y cacao), Industrias del Espino (transformación de aceites y grasas comestibles y artículos de limpieza; así como producción, almacenamiento, distribución, comercialización y transporte de biocombustible), Palmas del Shanusi (8,000 ha de palma), Palmas del Oriente (3,000 ha destinadas a biocombustibles), Industrias del Shanusi (planta de producción destinada a la transformación) y Palmas del Caynarachi (con 6,000 ha proyectadas al cultivo de palma aceitera). Hasta el 2012 el Grupo Romero concentraba al menos el 66,54% de las hectáreas sembradas con palma aceitera[7].
La instalación de cultivos agroenergéticos sin contar con un catastro de tierras forestales, ordenamiento territorial, ni contemplar una adecuada regulación, viene afectando áreas de bosques tropicales primarios y territorios indígenas, generando graves impactos ambientales y sociales, dado su potencial para incentivar la deforestación, producir contaminación, incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero, generar conflictos sociales, así como por la comisión de ilícitos asociados tales como: la invasión y tráfico de tierras, lavado de activos, promover la corrupción, tráfico de influencias, entre otros.
Al amparo del Decreto Supremo N° 015-2000-AG, el Estado viene propiciando la adjudicación de grandes extensiones de terrenos para la instalación de monocultivos agroenergéticos, afectando los Bosques de Producción Permanente, promoviendo el acaparamiento de tierras y cambio de uso de zonas forestales a usos agroindustriales en las regiones de Loreto, Madre de Dios, San Martín, Ucayali, Amazonas y Huánuco.
La Ley Nº 28054 del 2003, “Ley de promoción del mercado de biocombustibles” establece como uno de sus objetivos “diversificar el mercado de combustibles, fomentar el desarrollo agropecuario y agroindustrial, generar empleo, disminuir la contaminación ambiental y ofrecer un mercado alternativo en la lucha contra las drogas”. El artículo 3º de la citada Ley dispone que el Poder Ejecutivo implemente políticas para la promoción del mercado de biocombustibles.
En el año 2004 la CONAPAL manifestaba su interés de ampliar los cultivos, puesto que las cuatro plantas extractoras existentes en ese entonces (Pucallpa, Aguaytía (02), y Palmas del Espino), requerían al menos 70,000 ha de palma sembrada para no subutilizar su capacidad de procesamiento[8]. Al 2012 se reportaban US $520 millones invertidos en la industria de los biocombustibles en el Perú, de los cuales al menos US $225 millones corresponden al Grupo Romero, quien concentraba el mayor nivel de participación en este mercado.
Desde el 2006 se fomentaron modificaciones normativas[9] orientadas a promover la apertura al mercado de tierras de las regiones amazónicas, con el fin de instalar monocultivos energéticos. Estas reformas son impulsadas desde el Estado, constituyéndose en fuente de conflictos sociales, vulneraciones a los derechos de los ciudadanos y afectaciones al patrimonio natural.
El estudio “Línea de Base sobre Biocombustibles en la Amazonía” (2007) estimó que la cantidad de terrenos de cultivo de palma aceitera necesarios para satisfacer la demanda de Biodiesel en el Perú ascendería a 47,512 ha para el 2011 y 52,082 ha en el 2015[10], existiendo un déficit en la producción para cumplir las mezclas obligatorias establecidas por el DS Nº 021-2007-EM.
En el 2008 se inició la importación de Biodiesel proveniente de Estados Unidos. Entre enero y junio de 2009 la producción local de biodiesel fue de 43,4 mil barriles, concentrada en 3 empresas (Industrias del Espino, Heaven Petroleum y Pure). El Biodiesel importado era adquirido a un precio 20% menor al costo de la materia prima nacional, incrementando la competencia debido a los altos costos en la producción nacional, generando demoras y pérdidas en el retorno de la inversión.
Durante los años 2008 y 2009 se gestaron reformas normativas orientadas a promover la venta de tierras, como los Decretos Legislativos Nº 1015, 1073, 1064, 1081, entre los que resalta el DL Nº 1090, por el cual se pretendía facilitar el uso de tierras forestales para proyectos agroindustriales, y cuya demanda de derogatoria por parte de los Pueblos Indígenas resultaron en dos marchas de protesta, y finalmente en los sucesos de Bagua del 5 de junio de 2009.
La siembra de monocultivos energéticos a escala industrial genera impactos ambientales, económicos y sociales de carácter irreversible, como pérdida de bosques y biodiversidad, contaminación ambiental por el uso de agroquímicos, incremento las emisiones de gases de efecto invernadero por la deforestación mediante tala rasa y quema de bosques, colmatación del cauce de ríos, alteraciones del ciclo hidrológico, contaminación genética y afectaciones a la salud de las poblaciones locales. Los cultivos de palma aceitera están asociados a la pérdida de hábitats críticos para especies en peligro de extinción[11], [12].
La violenta demanda de tierras en la Amazonía Peruana incrementa la conflictividad social debido a la invasión y tráfico de tierras. En algunas zonas el acaparamiento de áreas está asociado a otros ilícitos tales como: los cultivos de coca, la especulación financiera y el lavado de activos[13]. En muchos casos pone en riesgo la integridad y sostenibilidad de los territorios de los Pueblos Indígenas.
No obstante la ausencia de un marco normativo que salvaguarde el uso sostenible de los recursos naturales, el Ministerio de Agricultura y Riego afirma que en la selva peruana existen: “(…) más de 600 000 hectáreas identificadas, evaluadas y catastradas con potencial para cultivos de palma aceitera, y que la instalación de palma aceitera se da “principalmente en zonas deforestadas o con aptitud forestal pero no en bosques primarios[14]”. Sin embargo, el propio sector reconoce que no cuenta con mapas ni catastros de las tierras deforestadas, estudios de suelos ni perfiles técnicos que identifiquen las áreas aptas para este tipo de cultivos.
Actualmente el Ministerio de Agricultura y Riego, en coordinación con el Gobierno Regional de Loreto, vienen adjudicando extensiones de terrenos para la instalación de monocultivos agroenergéticos. Así, el Gobierno Regional de Loreto, mediante Oficio N° 472-2013-GRL-DRA-L/OPPA-078, manifiesta que cuenta con doce (12) solicitudes de adjudicación de tierras a título oneroso por un total de 106,212.6 ha para la implementación de monocultivos de palma aceitera sobre tierras forestales, cuyos procesos administrativos se encuentran en trámite.
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[1] Art. 67° y Art. 68° de la Constitución Política del Perú.
[2] Decreto Supremo Nº 015-2000-AG.
[3] Resolución Ministerial Nº 0155-2001-AG.
[4] Ley Nº 28054.
[5] Decreto Supremo Nº 013-2005-EM.
[6] SNV. “Impactos socio-económicos de la producción de biocombustibles en la Amazonía peruana”. SNV. 2009. p. 34
[7] Palmas del Espino S.A. e Industrias del Espino S.A. “La palma aceitera en el Perú y los biocombustibles”. 2008. p. 25
[8] La Revista Agraria Nº 54. Lima-Perú. 2004
[9] Proyecto de Ley Nº 840/2006-PE.
[10] SNV & IIAP. 2007. Línea de Base Biocombustibles en la Amazonía Peruana. 2007.
[11] HAI TEOH, Cheng. “Temas esenciales de sostenibilidad en el sector del aceite de palma”. Banco Mundial. p. 33
[12] Defensoría del Pueblo de la República de Colombia. Resolución Defensorial Nº 39 “Violación de los Derechos Humanos por Siembra de Palma Africana en Territorios Colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó – Chocó. Bogotá.2005. p.21
[13] SNVP. Op. Cit. p. 64
[14] En: http://agraria.pe/noticias/existen-600-mil-has-para-cultivar-palma-aceitera-en-la-selva
Lucila Pautrat
Directora Ejecutiva de la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo.
