Han transcurrido aproximadamente tres meses desde los trágicos sucesos de Bagua, sin embargo, el sufrimiento, el dolor y la indignación siguen muy presentes entre las víctimas, sus familiares y las comunidades.
El dolor y la indignación son inmensos. Los testimonios de las personas que presenciaron los hechos no pueden expresar completamente el sufrimiento vivido y el dolor que las habita, y ponen de manifiesto el temor, el sufrimiento y la desconfianza hacia el Estado.
Esta desconfianza no es producto de los acontecimientos del 5 de junio; pero, lo sucedido en Bagua, los excesos de la violencia perpetuada, han acentuado esta desconfianza. La muerte se asomó a todos los rincones, dejando sus huellas sangrientas. Es cierto que hubo excesos, tanto de parte de la policía, de la DINOES, como de la población indígena. Es innegable que se produjeron atroces violaciones a los derechos fundamentales que ameritan ser investigados para definir responsabilidades legales, por tanto, es indispensable esclarecer los hechos.
Muchas de las personas de Bagua, como de las comunidades indígenas de Wawas, Imacita, Nazareno, Nieva y Santiago, manifiestan que se sienten excluidas, marginadas por el gobierno actual. No hay servicios adecuados de salud, ni buenas escuelas públicas; ni siquiera hay garantía de una buena administración de justicia; y la policía, encargada de garantizar el orden público, es vista como una de las instituciones más corruptas y arbitrarias de la zona. Para estas personas, el Estado está interesado únicamente en explotar los recursos naturales de la región, concediendo su explotación a empresas petroleras. Con ello, se dice, se pretende imponer una lógica de desarrollo que no necesariamente coincide con la forma en cómo las comunidades ven su propio desarrollo. Queda claro que no están opuestos al desarrollo, pero tampoco están dispuestos a que en nombre del desarrollo se destruya su medio ambiente, su hábitat, y se resisten a que unas cuantas empresas petroleras acaparen las ganancias. De este contexto hay dos aspectos que quisiéramos subrayar: primero, lo relacionado a la exclusión y la discriminación; y, segundo, lo relacionado a la democracia.
Muchas de las personas de Bagua, como de las comunidades indígenas de Wawas, Imacita, Nazareno, Nieva y Santiago, manifiestan que se sienten excluidas, marginadas por el gobierno actual.
La marginación política de comunidades indígenas, tanto andinas como amazónicas, que ha caracterizado a la historia republicana del Perú, evidencia que el proceso de construcción de una identidad nacional resulta complejo y conflictivo en sociedades pluriculturales con acentuadas situaciones de injusticia social. La cultura política hegemónica tradicionalmente ha estructurado la lógica estatal a partir de la defensa y protección del individuo como centro del paradigma liberal de derechos, generando con ello la exclusión de las minorías, principalmente de las comunidades indígenas.
Los “otros” de la cultura jurídica hegemónica, sin embargo, no están ajenos a la preocupación de las normas constitucionales. En las últimas décadas, diversas constituciones de América Latina han comenzado a reconocer la diversidad étnica y cultural. Entre ellas destacan la Constitución de Colombia, Ecuador, Bolivia, así como la de México, Paraguay y Guatemala. El Perú no podía mantenerse al margen de esta corriente. Habiendo reconocido la diversidad cultural existente en nuestro país, la Constitución de 1979 reconoció la existencia legal de las comunidades nativas y campesinas; y, protegió el derecho al territorio de las comunidades indígenas. Asimismo, la Constitución Política de 1993, además de reconocer el derecho de toda persona a su identidad étnica y cultural, reconoce y protege esta pluralidad.
Sin embargo, es necesario interrogarnos si el reconocimiento de la pluralidad étnica y cultural, efectuada por la Constitución, está orientado a construir una democracia inclusiva con enfoque intercultural o es simplemente una inclusión normativa sin reconocimiento de un sujeto colectivo de derecho diferenciado de la cultura jurídica hegemónica.
Un segundo punto que merece la pena prestarle especial atención, es al hecho de haberse profundizado la desconfianza hacia la institucionalidad estatal. Tras los sucesos de Bagua, la democracia y la efectividad de los principios básicos de los derechos fundamentales son puestos en cuestión. Obviamente las sociedades con altos índices de pobreza y persistentes grados de discriminación étnica y racial van a generar serias interrogantes acerca de las democracias formales. En estos contextos, habrá necesidad de interrelacionar democracia con derechos fundamentales a fin de garantizar la sobrevivencia del sistema democrático. A esto hay que agregarle una dimensión de enfoque intercultural que no solo esté orientada a respetar lo diferente sino que se deje interpelar por lo diferente y se oriente a construir una democracia inclusiva en donde el diálogo deviene central. De esta manera, la interrelación de la Constitución con los derechos fundamentales debe recoger la diversidad cultural existente.
En otras palabras, a fin de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales debe garantizarse la inclusión en la vida democrática de las minorías consideradas como sujetos colectivos de derechos, cuya protección no sea en función del individuo sino del colectivo en cuanto tal. No se trata de subestimar al individuo para favorecer un colectivo abstracto sino de reconocer la necesidad de favorecer el reconocimiento de ciertos sujetos colectivos con capacidad de ser por sí mismos titulares de derechos fundamentales. Ello favorecería una mayor coherencia para garantizar la protección de ciertos derechos fundamentales como el derecho al territorio y la identidad cultural de las comunidades indígenas. Asimismo, se favorecería una defensa como grupo colectivo para el ejercicio de los mecanismos de protección de los derechos fundamentales.
Publicado en agosto 2009
César Torres, SJ
Delegado del Apostolado Social de la Compañía de Jesús en el Perú.
