Son múltiples los aspectos que complejizan la realidad que vivimos hoy en el país. Me referiré a algunos que son más sentidos en el interior y por ende urgentes de atender.
Es claro que aún no percibimos del todo la crisis financiera internacional por el crecimiento experimentado en los últimos años en el país, pero los especialistas advierten que en este semestre y en el 2010 conoceremos la real dimensión de sus efectos. Por ello urge articular esfuerzos de los tres niveles de gobierno para impulsar políticas de estímulo económico, especialmente en las poblaciones de mayor pobreza[1].
Un desafío mayor en este sentido es que el gobierno deje de implementar un modelo excluyente, basado en una visión unilateral y reduccionista del desarrollo, que privilegia a pocos y sin políticas redistributivas que permita a la mayor parte de la población sentir los beneficios del crecimiento.
Un segundo desafío está referido a superar la falta de liderazgo del gobierno y la voluntad política para impulsar la descentralización. Esta se desenvuelve en constante conflicto con el modelo económico y un ejecutivo y legislativo que desconocen la descentralización al emitir decretos como los referidos al TLC (por ejemplo) y cuyos efectos, fruto del conflicto amazónico, ahora lamentamos.
De otro lado, la indefinición y ambigüedad del rol rector del gobierno central frente a la descentralización, limita la autonomía de los gobiernos regionales y locales, los cuales muestran debilidades, especialmente en la generación de programas y visión de gobierno (incapacidad para legislar y formular e implementar políticas públicas).
En tal sentido es necesario avanzar en la descentralización fiscal, la integración regional, promover la inversión privada en las regiones e implementar el Consejo de Coordinación Intergubernamental, además de desarrollar mayores capacidades de los gobiernos regionales y locales para la generación de proyectos, una eficiente gestión de servicios, mejorar los niveles y calidad del gasto y la gerencia.
Mención especial merece la necesidad de mejorar los procesos participativos (presupuesto participativo, elaboración de los planes concertados de desarrollo, vigilancia ciudadana, etc.) y la actuación de la sociedad civil, para imprimir con mayor claridad el carácter democrático que debe tener la descentralización.
Una tercera preocupación es la educación, al no existir una política orientada a iniciar un proceso real de inclusión y democratización que en perspectiva nos lleve a superar progresivamente las inequidades existentes. La no implementación del Proyecto Educativo Nacional y los Proyectos Educativos Regionales, existentes en casi todas las regiones, son expresión de la poca prioridad que le dan las diversas instancias de gobierno. Los avances en infraestructura no corresponden con el logro educativo alcanzado, especialmente en zonas rurales y urbano-marginales. Los esfuerzos concertadores en el sector requieren ser potenciados para que tengan mayor capacidad de incidencia en la gestión educativa nacional, regional y local.
No menos importante es el tema de la gobernabilidad, agravada en los últimos años por el incremento sostenido de los conflictos sociales[2]. Cabe anotar que el 47% de estos conflictos son de tipo socio ambiental y evidencia la necesidad de conciliar el desarrollo de la actividad extractiva con la protección y promoción del medio ambiente.
Factores que alimentan esta situación son la fragilidad del sistema político para canalizar intereses y demandas y la reacción confrontacional del gobierno frente a las protestas (y propuestas) de un gran sector de la población del interior, y la instauración de múltiples Mesas de Diálogo que, por sus resultados, han desprestigiado esta vía para procesar los conflictos. Mejorar esta situación implica incidir en las instancias de decisión para superar una concepción parcial de desarrollo y de democracia que relega el derecho de las mayorías a ser y pensar diferente, así como a participar de las decisiones que pueden ampliar y mejorar sus opciones y condiciones de vida.
Publicado en agosto 2009
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[1] Según el INEI (2008) la incidencia de la pobreza en la sierra alcanza el 60,1% y en la selva rural el 73,3%.
[2] En junio se reportaron 273 conflictos en el país (activos y latentes), más del doble que los 132 registrado en junio del 2008 (Reporte de Conflictos Sociales Nº 64. Defensoría del Pueblo; Junio/2009).
Alfredo Gamio
CEOP Ilo
