Informe Anual de Derechos Humanos 2014 – 2015

11 de octubre, 2015

Como todos los años, el 14 de agosto pasado, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) hizo público su informe sobre la situación de los derechos humanos en el país, período 2014 - 2015.

En el informe aparece, como un aspecto significativo, la premiación que otorga anualmente tanto a personas como a instituciones que se distinguieron por sus actos en defensa de los DDHH. Los premios esta vez llevan el nombre de “Ángel Escobar Jurado”, en homenaje al periodista ayacuchano desaparecido hace 25 años, y fueron otorgados al líder indígena awajún Santiago Manuin y a la periodista Claudia Cisneros.

El informe incluye un conjunto de referencias a los derechos humanos en el marco de la realidad social y política que se vive en el país. Se destacan las siguientes:

En torno a los Derechos Civiles y Políticos:

El Ministerio Público ha archivado denuncias sobre violaciones a los DDHH por la imposibilidad de obtener información sobre los responsables. (La persistente negación del Ministerio de Defensa).
La Corte Interamericana de DDHH, dictó cuatro sentencias contra el Estado Peruano por graves violaciones a los DD.HH.

Criminalización de la protesta social:

En el tiempo transcurrido del gobierno actual, 45 civiles han muerto por acción de agentes del Estado y, además, se sigue recurriendo, inconstitucionalmente, a la militarización de las zonas en conflicto.
Existe una impunidad absoluta en casos de uso abusivo de la fuerza, siendo el Ministerio Público el principal responsable.
Resulta preocupante los reiterados ataques policiales, particularmente en provincias, a periodistas y comunicadores independientes por denunciar hechos de violación de los DD.HH.
El Plan Nacional de DD.HH 2014-2016, (D.S 005-JUS), no coloca a la persona humana en el centro, sino que subordina y condiciona la protección de los DD.HH al enfoque económico.
A marzo del 2015 el número de presos en el país era de 72813, representando, frente a la capacidad carcelaria, una sobrepoblación del 124%.
Todavía no existe un programa integral de reparaciones a las víctimas de la violencia política durante el proceso armado interno.

Temas de preocupación:

Existen ciertas mejoras y se ha logrado dotar de un mayor presupuesto al MINEDU. Sin embargo, se evidencia un perfil pragmático-utilitarista, antes que integral, que reconozca la educación como un derecho humano y no solo como un servicio.
Hay algunos avances en la reforma del sistema de salud, pero para lograr el derecho a la salud, todavía hay mucho por hacer, en especial para los más excluidos.
Aun cuando el 50% de los conflictos en el país son socioambientales, las concesiones mineras han continuado su crecimiento. Se debe exigir el cumplimiento de las reparaciones de las víctimas de la contaminación ambiental y la remediación de los pasivos ambientales.
En el Perú, el respeto por los derechos laborales dista mucho de ser una realidad. El modelo económico está basado en condiciones laborales indignas.
El 90% de los niños, niñas y adolescentes que viven en las zonas cocaleras están dedicados al sembrío de la coca. Además, en cuanto a la explotación sexual infantil, el Estado no ha asumido su rol protector.
No obstante la legislación nacional e internacional vigentes, los derechos de los Pueblos Indígenas siguen sin ser atendidos y garantizados democráticamente por el Estado.
Para las víctimas de esterilizaciones forzadas, el 2014 ha sido sinónimo de impunidad y ausencia de reparación integral.
Es preocupante que el Estado no evidencie avances en la implementación del Sistema Nacional de Indicadores de Género (SNIG).
En el Perú no se llega a percibir que el racismo es un problema estructural y generalizado, que demanda políticas públicas.
El Plan Nacional de DDHH 2014-2016 eliminó toda mención a los derechos de las personas y comunidades LGTBI.
No obstante la legislación existente, las personas con discapacidad enfrentan múltiples restricciones para el ejercicio integral de sus derechos.
Un tema de especial preocupación es el de la corrupción, por sus implicancias sociales, políticas, ambientales, económicas e institucionales, afectando a la sociedad peruana y poniendo en riesgo la legitimidad de los órganos tutelares del Estado.