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Edición Nº 20

Institucionalidad pública regional, ¿al servicio del ciudadano?
27 de julio, 2012

En el último decenio en el Perú se han puesto en práctica un conjunto de reformas orientadas a modernizar la administración pública para lograr no solo una mayor calidad, eficiencia y transparencia en la gestión del Estado, sino mayores grados de participación de los ciudadanos en la gestión pública y finalmente un Estado descentralizado y al servicio del ciudadano. Sin embargo, la cultura institucional peruana, conformada por un Estado tradicionalmente centralizado y con fuertes políticas sectoriales, generalmente no coordinadas y escasamente exitosas, ha llevado a que institucionalmente los gobiernos regionales avancen sólo gradualmente y en forma desarticulada.

En medio de un proceso de descentralización en crisis, los gobiernos regionales enfrentan dificultades en sus capacidades para pensar estratégicamente sobre el territorio regional y para combinar una visión de mediano plazo con la agenda más urgente. Algunos problemas asociados a la falta de visión estratégica son el sub aprovechamiento de las competencias y atribuciones de gestión de que disponen; dificultades para diagnosticar y priorizar los problemas y oportunidades; dificultades para involucrar a la sociedad en los asuntos del desarrollo regional, y para diseñar y gestionar planes y programas de inversión y políticas de desarrollo.

Problemática institucional en Piura

En el norte del país, particularmente en la región Piura, se avizoran complejidades que se constituyen en “frenos” para las iniciativas de desarrollo que esforzadamente también se ejecutan. Por ejemplo, se evidencian limitaciones en el liderazgo regional, principalmente para comunicar la misión, visión y valores del Gobierno Regional a la ciudadanía, a los grupos de interés y a la propia institución, que permita recoger compromisos y propuestas para mejorar su efectividad.

La realidad evidencia también que la población desconoce los mecanismos de participación de la sociedad civil definidos legalmente en el ámbito regional, y formalizados mediante ordenanzas regionales. Espacios de concertación como el Consejo Regional de Desarrollo Agrario, el Consejo Participativo Regional de Educación, el Consejo Regional de la Mujer o el Consejo Regional de la Juventud, devienen en instancias inoperativas y en algunos casos se encuentran inactivas. Inclusive, el propio Consejo de Concertación Regional –CCR-, no logra reunirse plenamente para examinar el Plan Regional de Desarrollo Concertado y el Presupuesto Participativo Regional, por inasistencia principalmente de los alcaldes provinciales. Inclusive, algunas instancias vitales para la lucha contra la delincuencia o la previsión de desórdenes sociales, como los de Paita y Sechura -tal como el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana-, no se reúnen con la frecuencia que la problemática requiere, y cuando logran reunirse los titulares de las entidades comprometidas envían a representantes sin capacidad de decisión.

Por otra parte, a pesar de los esfuerzos por orientar y articular las iniciativas públicas y privadas para el desarrollo de la región, estos procesos prácticamente se han paralizado. Por ejemplo, el 2007 se suscribió un «Acuerdo Regional», el cual define la visión, ejes estratégicos y lineamientos de desarrollo al año 2021; fue firmado por autoridades regionales y municipales, dirigentes de partidos políticos, de los empresarios, universidades, iglesia, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil. En este instrumento -guía global para los próximos 15 años- se define lo que quiere ser Piura en el año del Bicentenario, y se marca el rumbo a través de lineamientos o normas de acción a ser cumplidos por cada uno de los gobiernos regionales que se sucedan. Sin embargo, el Foro del Acuerdo Regional se encuentra inactivo y su Comisión de Seguimiento, después de un auspicioso inicio, se encuentra en estado de hibernación por el escaso interés (¿desinterés?) de las instituciones que la conforman. Actualmente, esfuerzos de organismos no gubernamentales y de colectivos de profesionales de la sociedad civil, vienen tratando de reactivar la Comisión de Seguimiento con el objeto que su accionar permita verificar los avances del Acuerdo.

Más recursos, menos ejecución

En los últimos siete años (2005-2011) el Gobierno Regional Piura –dado el sensible incremento de los Recursos Ordinarios y algunos Recursos Determinados como el Canon, Sobrecanon y Regalías-, casi ha duplicado su presupuesto total, y la inversión pública regional se incrementó 2.7 veces en dicho período; no obstante, a pesar de contar con mayores recursos financieros, la capacidad de ejecución de los proyectos regionales ha disminuido del 87% en 2005 al 62% en 2011. Con base en esta información, es lógico relacionar el bajo nivel de ejecución con una escasa capacidad de los recursos humanos institucionales, considerando que el gasto en planilla se incrementó en 1.3 veces y la contratación de personal transitorio (SNP en 2005 y CAS en 2011) se incrementó 6.2 veces más en el mismo período. Se puede concluir que se recluta, selecciona y contrata al personal sin tomar en cuenta las reales necesidades del GR para el logro de los objetivos y, en general, de los resultados deseados.

Aún queda subsistente analizar, entre otros aspectos, la capacidad de coordinación interinstitucional del GR con los gobiernos locales, en materia de planificación y ordenamiento del territorio, en articulación de las competencias compartidas que impidan duplicar esfuerzos y gasto vano de recursos, y en el alineamiento de los procesos de participación ciudadana locales con los regionales.

Algunos avances

La actual gestión regional viene dando algunos pasos en el reforzamiento de las capacidades institucionales que le permitan avanzar hacia la obtención de los objetivos de desarrollo con inclusión social que se ha propuesto. Entre otras iniciativas, se ha aprobado el Sistema Regional Anticorrupción, con la finalidad de articular las acciones de las instituciones del Estado en la Región Piura, para la priorización de la ética en el desempeño de la función pública y la prevención y lucha contra la corrupción; asimismo, se viene implementando el Sistema Regional de Atención a la Primera Infancia, el cual busca gestionar concertadamente el logro de resultados en la mejora de la calidad de vida de las niñas y niños de cero a cinco años, en salud, educación, identidad, nutrición y buen trato.

En materia de gestión institucional, se han suscrito importantes convenios con entidades de cooperación internacional para el desarrollo de capacidades institucionales.

También se ha creado el Centro Regional de Planeamiento Estratégico, organismo que se encargará de ejecutar la planificación integral de la Región Piura, en coordinación con los gobiernos locales y entidades privadas. Y en materia de gestión institucional, se han suscrito importantes convenios con entidades de cooperación internacional para el desarrollo de capacidades institucionales (PNUD), la implementación del gobierno electrónico regional (Cooperación Canadiense), y para la mejora de la capacidad de gobernanza y puesta en marcha de un plan de mejoras (RIMISP - Fundación FORD). Además, el GR ha instalado una Comisión de Restructuración y Modernización Institucional encargada de revisar la organización y funcionalidad interna y proponer medidas para la articulación eficaz con las gerencias subregionales y las direcciones regionales a su cargo. Adicionalmente, algunos funcionarios se vienen capacitando en Gestión para Resultados en el Desarrollo en Gobiernos Subnacionales, con el Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social (INDES-BID).

Resulta prioritario trabajar, adicionalmente, en fortalecer los mecanismos de gobernanza, generando progresivamente las capacidades técnicas, financieras y humanas requeridas para la gestión interna y para su mejor articulación con los demás actores vinculados con los procesos de desarrollo, incluyendo a la sociedad civil y, particularmente, a los sectores sociales pobres y marginados de la región. Así, con mayor comunicación, participación y democracia, se avanzará hacia un auténtico gobierno regional al servicio de los ciudadanos.


Francisco Córdova Sánchez

Abogado. Adscrito al Área de Investigación y Proyección Regional del CIPCA.

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