Con casi 10 millones de habitantes (INEI 2017), Lima Metropolitana crece bajo un modelo neoliberal de gobierno de la ciudad que genera profundas desigualdades[1]. Este modelo se asocia globalmente a la difusión de políticas de desregulación y privatización de servicios urbanos. Pero, localmente, impacta de manera diferenciada en geografías y tejidos sociales y económicos concretos (Janoschka e Hidalgo 2014).
En Lima, esta forma de gobierno ha sido y es funcional a intereses privados que hace décadas, y en distintas esferas (transporte, construcción, seguridad), se benefician de la reducción de la esfera de lo “común”, tan constitutiva de la noción de ciudad y ciudadanía. Este modelo de gobierno alienta salidas cortoplacistas y paliativas desde el gobierno municipal y se apoya cada vez más en sistemas de concesiones y alianzas público-privadas para solucionar problemas complejos como la congestión vehicular. De otro lado, fuerza a la misma ciudadanía a agenciarse formas privadas de protegerse de la delincuencia (como el recurso las cámaras de seguridad y las rejas), para movilizarse y hasta para recrearse.
La gestión municipal de Castañeda Lossio ha sido paradigmática de esta forma de gobierno. Además, se ha caracterizado por una sistemática falta de transparencia y ha estado plagada de indicios de corrupción. A pocas semanas del inicio de la gestión municipal metropolitana a cargo del candidato de Acción Popular, Jorge Muñoz, nos preguntamos en qué medida esta gestión tiene el potencial de representar un punto de quiebre para el gobierno de la ciudad o, en su lugar, representa más bien una continuidad.
Si bien las credenciales de Jorge Muñoz brindan garantía de algún cambio de rumbo en ciertas áreas de la gobernanza urbana con respecto a la saliente gestión, no representarían cambios sustantivos respecto al modelo neoliberal de ciudad. Finalizamos planteando los desafíos que esto representa para las iniciativas de resistencia social.
En primer lugar, la experiencia de Jorge Muñoz liderando la gestión municipal en Miraflores brinda señales para pensar en cambios hacia un gobierno de la ciudad más transparente. Las sesiones del Consejo Metropolitano podrán volver a ser de libre acceso a ciudadanos interesados en asistir y serían transmitidas en vivo. También ha prometido replicar la organización de audiencias vecinales para rendir cuentas. Definitivamente, estas “buenas prácticas” contrastan con la nula transparencia de la gestión saliente.
Algunos proyectos ejecutados por la Municipalidad de Miraflores demuestran una apuesta por una ciudad más inclusiva[2], con énfasis en la accesibilidad física y virtual como un derecho de todos y con atención especial a personas con discapacidad, niños, niñas y adultos mayores. Esto se refleja también en las propuestas contenidas en su plan de gobierno para mejorar la accesibilidad a espacios públicos y a los servicios municipales metropolitanos.
Otro punto de inflexión son las intervenciones integrales para enfrentar temas como la congestión vehicular. Su plan propone de manera explícita invertir la actual pirámide de movilidad para colocar a la persona por encima del automóvil. Esto significa un cambio sustancial respecto a la gestión de Castañeda, que ha ejecutado una serie de obras desarticuladas entre sí y que han sido muy criticadas como pases a desnivel y ampliación de carriles que priorizan la movilidad en automóvil privado, que solo el 11% de los habitantes de Lima usa como medio para movilizarse desde su casa a su trabajo, oficina o centro de estudios (Lima Cómo Vamos 2017).
A pesar de estos puntos de inflexión en el gobierno de la ciudad, hay ausencias tanto en el plan como en el discurso de Muñoz que parecen ir en la dirección de lo que Víctor Delgadillo (2012) denomina “modernización selectiva del territorio”, es decir, la generación diferencial de costos y beneficios en la ciudad. Es decir, si bien esta gestión brinda ciertas garantías de algún retorno de lo “público” en el gobierno de la ciudad, no ha brindado señales para enfrentar las desigualdades y la segregación en Lima desde el gobierno municipal. Una ciudad más moderna, segura y competitiva puede al mismo tiempo ser una ciudad que siga siendo injusta y segregada.
A nivel de ausencias en el Plan de Gobierno, resalta la falta de mención al rol de la planificación para el gobierno de la ciudad. La ausencia de planificación es una de las características del modelo neoliberal de ciudad y significaría una continuidad respecto a Castañeda Lossio que, en la práctica, ha encarpetado lo avanzado en el PLAM 2035. No encontramos ninguna mención a aprobación ni consulta de un Plan Urbano como instrumento de planificación metropolitana, ni medidas para el fortalecimiento del Instituto Metropolitano de Planificación (IMP).
En la línea de la desatención a las desigualdades urbanas, una preocupante ausencia son los programas de vivienda social para atender el déficit de vivienda[3] de los pobres urbanos. En su lugar, las menciones a la vivienda enfatizan los derechos de propiedad, así como la reducción de trabas burocráticas para los agentes de inversión en proyectos inmobiliarios. Si bien hay menciones a la gestión de riesgo de desastres, se enfatiza en la atención de emergencias, dejando de lado la prevención de riesgos con énfasis en zonas como laderas, riberas y espacios como el Centro Histórico de Lima, con lugares que han cedido espacio al capital comercial en forma de depósitos y almacenes que lo hacen vulnerable a desastres como incendios.
También hay una ausencia de políticas hacia las LGTBIQ, población vulnerable a la violencia[4]. Si bien se ha avanzado en ordenanzas desde las municipalidades distritales contra la discriminación hacia la población LGTBI, se necesita que esa Lima inclusiva que promociona Muñoz les incluya explícitamente. Una ciudad que invisibiliza a esta población, no puede ser una ciudad que aspire a ser incluyente[5].
Finalmente, el ascenso de Jorge Muñoz a la alcaldía supone desafíos para los colectivos que se han movilizado frente a la corrupción y a los planes de destrucción de Castañeda Lossio. Los términos de oposición o crítica a su gestión pueden cambiar frente a una gestión que se pinta como más transparente y modernizadora. Probablemente sea una oportunidad para construir una crítica antineoliberal desde la sociedad. Queremos un retorno de lo público, pero en beneficio de las mayorías.
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[1] Uno de los ejes de desigualdad es el acceso diferencial al agua potable. Mientras en distritos como San Isidro y Miraflores el 100% de viviendas tiene acceso a red pública dentro de su vivienda o edificación; en distritos como Carabayllo y Villa María del Triunfo el 17.9% y 19.5% de su población, respectivamente, recurren al camión cisterna o al pilón para abastecerse de agua. Otro indicador es dónde se ubica la basura, generando riesgos para la salud humana y afectación al paisaje urbano. Según el OEFA, más del tercio de los 184 puntos críticos de acumulación de basura se concentran en tres distritos de la periferia: Villa María del Triunfo (32), Villa El Salvador (21) y Puente Piedra (16).
[2] Programa “Miraflores inclusiva y accesible”
[3] Según la consultora HGP Group, el déficit habitacional de Lima (cuantitativo y cualitativo) es de 612,464 unidades de vivienda. Más del 50% del déficit se concentra en los distritos de San Juan de Lurigancho, Ate, San Martín de Porres, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Fuente: https://gestion.pe/economia/deficit-habitacional-lima-metropolitana-612-464-viviendas-2016-127350
[4] Una encuesta del INEI encontró que el 62.7% de esta población ha sufrido algún tipo de violencia y discriminación. Fuente: https://peru21.pe/peru/lgtbi-62-7-poblacion-peru-sufrido-violencia-discriminacion-403429
[5] Durante la campaña, solo tres candidatos firmaron un compromiso con la comunidad. Muñoz envió a un representante. Fuente: https://wayka.pe/tres-candidatos-a-la-alcaldia-firman-compromiso-con-la-comunidad-lgbti-de-lima/
Verano 2018-2019
Tania Ramírez Farías
Socióloga e integrante de la Plataforma Ciudadana 16N: Por Nuestro Derecho a la Ciudad.
