En los últimos días estamos asistiendo a un amplio debate a propósito de la propuesta de un Proyecto de Ley remitido por el Ejecutivo al Legislativo de “Reforma Magisterial”. Conviene recordar, como antecedentes, que ya en su discurso del 28 de Julio del 2011, el Presidente Humala anunció el propósito de evaluar la Carrera Pública Magisterial vigente (Ley Nº 29062). En el discurso del presente año anunció el envío al Congreso del Proyecto de Ley de “Desarrollo Docente”. Efectivamente, al poco tiempo es remitido el Proyecto de Ley, pero cambiando el nombre por el de: “Reforma Magisterial”.
Esta determinación ha generado el rechazo de muchos políticos, para quienes se está deteniendo la “exitosa” Ley de Carrera Pública Magisterial”. Otros grupos más bien saludan el proyecto. El Sindicato prefiere el mantenimiento de la Ley del Profesorado con algunas adaptaciones.
Es importante recordar que, desde hace varias décadas, sucesivos gobiernos han generado normas sobre el magisterio sin asumir la obligación de implementarlas. La Ley del Profesorado fue promulgada en 1984 (Ley 24029). Sólo empezó a aplicarse en 1986, ya con Alan García. A un mes de terminar su presidencia, se hacen modificaciones substantivas (Ley 25212. Junio 1990) con beneficios no presupuestados. Entre otros el famoso 30% de la remuneración total por preparación de clases que ahora exigen los profesores con huelgas. Sólo la Ley de Carrera Pública (LCPM 29062) del 2007, compromete al segundo gobierno aprista a conducir su implementación durante cuatro años.
La LCPM recogió un largo proceso de análisis, estudio y reflexión que se inició el año 2001 con dos importantes consultorías a cargo de José Rivero (2001) y Hugo Díaz (2005). Hubo cuatro momentos importantes antes de su formulación: las Políticas de Estado formuladas en el Acuerdo Nacional (2001), la nueva Ley General de Educación (2003), el Pacto Social de Compromisos Recíprocos (2004) y el Proyecto Educativo Nacional (Enero 2007). Una idea clave gestada en este proceso fue la necesidad de conciliar el derecho de los docentes a un trabajo estable, con el derecho de la sociedad a contar con una educación de buena calidad que sea la plataforma de desarrollo. La LCPM vincula el ingreso y la permanencia de los docentes a la evaluación de sus capacidades y de su desempeño en aula. También establece mayores aumentos remunerativos al ascender de nivel, estimulando a los docentes a superarse progresivamente.
¿Ha sido realmente “exitosa” la LCPM? Desgraciadamente, no nació bien. No fue discutida y aprobada por todo el Congreso, sino sólo por la Comisión Permanente; se promulgó en medio de una huelga y, por ello, muchos docentes la interpretaron como un castigo; hubo fallos en su implementación, como filtraciones de la prueba y cambios en los resultados de los puntajes de la evaluación nacional... Si a ello añadimos la fuerte campaña de desprestigio de la ley, como propiciadora de “despidos” encontraremos las razones por las cuales solo una minoría de profesores optaron por la incorporación a la LCPM. El lento proceso de incorporación ha llevado a que en muchas instituciones educativas docentes que realizan el mismo trabajo y tienen el mismo horario, reciban remuneraciones distintas, deteriorando así el clima institucional, tan importante para el logro de aprendizajes.
Necesitamos que todos los docentes se rijan por una sola ley que les brinde estímulos y reconocimiento en función a su desempeño en el aula, y que permita que quienes, evidentemente no tienen capacidad ni vocación, se retiren de la docencia.
Definitivamente, la Ley no logró instalarse entre el magisterio como una opción para su desarrollo profesional. La interiorizaron, más bien, como un “castigo”.
Estas fueron las motivaciones, creo yo, que llevaron a la formulación de la nueva Ley de Reforma Magisterial. Debe tenerse en cuenta que los ejes centrales de la LCPM están presentes en el nuevo proyecto que recoge, textualmente, 54 artículos de los 65 que tiene la actual Ley. Lo más significativo del nuevo proyecto es: la incorporación de todos los Profesores de la Ley del Profesorado a la LRM, incluyendo así a todos los profesores en una única ley y no en dos como están ahora; la ampliación de espacios en los cuales el docente puede desempeñar su profesión; el incremento de dos niveles más en la carrera y un concepto más integral de la remuneración que posibilita a futuro una mejor jubilación y una compensatoria por tiempo de servicios también algo mejorada.
Considero importante resaltar algunos aspectos a tener en cuenta. Necesitamos que en el plazo más breve todos los docentes se rijan por una sola ley que les brinde estímulos y reconocimiento en función a su desempeño en el aula, a la vez que permita que quienes evidentemente no tienen capacidad ni vocación se retiren de la docencia. También es urgente elevar el piso salarial para asegurar a todos los maestros una remuneración digna. Por otro lado, ni la LCPM ni el nuevo proyecto contemplan la necesidad que hay, en los cursos de Educación para el Trabajo y en los centros de Educación Técnico Productiva, de contar con técnicos que no necesariamente sean docentes. Eso debe ser corregido para permitir que especialistas en diversos ámbitos de la producción y el trabajo ejerzan la docencia, aun sin pertenecer a la carrera magisterial.
Finalmente, queda la preocupación de cómo asegurar las condiciones políticas, institucionales, sociales y económicas para la aprobación y aplicación de una nueva ley. El primer paso, la aprobación del proyecto y de su reglamento, exige construir consensos políticos y sociales para conseguir oportunamente dicha aprobación y evitar posteriores conflictos que interrumpan el proceso educativo y deteriore su calidad, en perjuicio de nuestros educandos. Si el proceso de formulación, consulta, reglamentación… fuera a hacerse más largo de lo previsto, podría pensarse en un sistema de incremento de la remuneración a los profesores en el último trimestre, a cuenta del aumento que definitivamente les correspondería.
Los retos son grandes, lo reconozco, pero también es grande la capacidad que hay en nuestro país, y es por ello que muchos educadores seguimos trabajando para construir esa visión en la cual todas las peruanas y peruanos tienen iguales oportunidades de llegar a ser ciudadanos creativos, productivos y críticos que contribuyan a la construcción de un Perú justo y solidario.
Jesús Herrero, SJ
Presidente del Consejo Nacional de Educación
