Entrevista a Allan Wagner, presidente de la Asociación Civil Transparencia
Por Diana Tantaleán C.
Apostolado de Justicia Social y Ecología
A fines de abril fueron presentados al Congreso, por el Poder Ejecutivo y el Jurado Nacional de Elecciones, dos proyectos de Ley Electoral, buscando así aportar a la creación de un Código Electoral único. Posteriormente, el grupo de Trabajo de Reforma Electoral, de la Comisión de Constitución del Congreso, presentó el Informe trabajado desde agosto del año pasado, el cual apunta al mismo objetivo.
El Presidente de la Asociación Civil Transparencia, Allan Wagner Tizón, opina sobre las propuestas presentadas y aporta sobre la importancia de implementar una Ley que fiscalice efectivamente las campañas electorales.
Me parece que tienen importantes elementos de coincidencia, lo cual permite avizorar la posibilidad de tener una legislación a tiempo para aquellos temas relacionados con las elecciones de gobernadores y alcaldes, que tendrá lugar el próximo año. Naturalmente, también existen discrepancias.
En cuanto al ámbito de cobertura de las propuestas, el Informe del Grupo de Trabajo, constituido por la Comisión de Constitución, plantea una Ley General de Elecciones, es decir, un Código Electoral, al igual que el proyecto del Jurado Nacional de Elecciones (JNE); en el caso del proyecto que envió el Ejecutivo, abarca un ámbito más reducido de temas, pero todos ellos importantes.
También están las propuestas que la sociedad civil ha hecho llegar al Congreso, entre ellas las de la Asociación Civil Transparencia[1]. La nuestra está básicamente enfocada, en primer lugar, a asegurar la idoneidad de los candidatos y, en segundo lugar, a evitar que ingrese dinero ilícito en las campañas electorales. En estos dos aspectos hay algunas coincidencias importantes con los otros proyectos presentados, pero todo eso tendrá que ser discutido por la Comisión de Constitución.
Tiene algunos importantes, pero a nuestro modo de ver habría que incluir otros y reforzar algunos.
Entre las cosas positivas está la prohibición de que se presenten como candidatos personas que hayan recibido condenas por delitos graves, como casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas, etc. En segundo lugar, en lo que se refiere al financiamiento de las campañas electorales, prohíbe las donaciones anónimas y establece la obligatoriedad de bancarización de todas las contribuciones superiores a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT); también establece un tope para el financiamiento a través de actos de proselitismo, como son rifas, polladas, etc.; esto para mencionar lo más resaltante.
Algo que también está en el proyecto presentado, y que ha sido una propuesta unánime, es elevar la cuota de género al 50%, además intercalada, de tal manera que las mujeres no estén al final sino a lo largo de la lista.
En lo que requeriría perfeccionamiento, a nuestro modo de ver, está la realización de las elecciones primarias de los partidos y asociaciones políticas. De acuerdo con nuestra propuesta, como también lo propone el JNE, esas elecciones deberían ser organizadas y conducidas por los organismos electorales; en el caso del Informe del Grupo de Trabajo, esto es opcional por parte de los partidos políticos.
Es muy importante que estas elecciones internas sean conducidas por los organismos electorales porque dará una gran confianza a sus militantes respecto del resultado de esas elecciones, y también fortalecerá los partidos políticos, incluyendo su democracia interna.
Hay otros aspectos que también deberían ser incluidos, como la disposición por la cual la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda reportar inmediatamente, tanto a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como al JNE, cuando observe movimientos sospechosos de dinero por parte de algún candidato, y que esto permita a los órganos electorales verificar inmediatamente qué está sucediendo. Esto no está en ninguna propuesta.
La Comisión Presidencial de Integridad también propuso que los candidatos, al momento de inscribir sus candidaturas, hicieran una declaración tanto de bienes y rentas como de intereses, de tal manera que la ciudadanía pudiera conocer mejor de quiénes se trata. Esto también debiera ser incluido.
En lo concerniente a los gastos en publicidad: más o menos el 70% de los gastos en campañas electorales son de publicidad, de los cuales más del 50% son de publicidad televisiva, y esta suma va creciendo campaña a campaña. Esto es preocupante, pues en la medida en que las campañas se hagan más costosas va a demandar, de los partidos políticos, más recursos y, por esa misma necesidad, el que se abra la puerta a dinero no declarado.
Nosotros hemos propuesto que las empresas de televisión reporten inmediatamente a los organismos electorales (a la ONPE, en este caso), los contratos de publicidad que firmen con los diversos partidos o agrupaciones electorales, de tal manera que se pueda hacer un seguimiento de esos gastos.
También se ha propuesto que, en base a la observación que la ONPE haga de los gastos de cada uno de los partidos y agrupaciones, se realice un modelo de gasto para cada uno y lo contrasten con ellos, para ver si el gasto realizado corresponde al que la ONPE observa y de dónde proceden los recursos usados.
Todo esto es en lo referido a cuestiones electorales, naturalmente que los proyectos de Código Electoral, tanto del Grupo de Trabajo como del JNE, abarcan temas mucho más de detalle, el primero cuenta con más de 400 artículos y son más de 200 los temas que aborda.
Esto ha planteado una discusión, dentro de la Comisión de Constitución, sobre si se va a trabajar la ley en su conjunto o se va a dar prioridad a aquellos dispositivos que tienen relación con las elecciones de gobernadores y alcaldes del próximo año. Parece que el presidente de la Comisión de Constitución ha decidido por lo segundo, pero no cabe duda que, así como es importante tener a tiempo una legislación electoral perfeccionada para las elecciones del próximo año, es también muy importante tener una Ley General de Elecciones, un Código Electoral, y no la situación actual con dispositivos dispersos en muchas leyes, lo que genera confusión y dificultad a los partidos políticos para poder participar adecuadamente.
Hay quienes dicen que, para que la legislación pueda ser implementada adecuadamente por los organismos electorales, debiera quedar lista y aprobada por el Congreso a más tardar en octubre del presente año. Entonces, hay un problema de tiempo, pero ese problema no debe perjudicar el objetivo final, que es tener un Código Electoral completo.
Hay un control, pero no es eficaz porque es un control ex post[2]; y si se comprobase que un partido no ha cumplido con reportar algún tipo de gasto o ingreso, corresponde una multa, pero la ONPE no tiene facultades coercitivas para hacerla efectiva. Por eso se ha planteado en dotar a los organismos electorales de facultades legales necesarias para hacer efectivas las multas o sanciones de tipo político, como puede ser la exclusión de un partido del proceso electoral por no presentar a tiempo sus estados financieros.
Yo diría que es creciente. Han acontecido hechos realmente lamentables que ha remecido mucho las conciencias, como el caso de los sobornos cuantiosos a cargo de la empresa brasileña Odebrecht y otras más. Eso ha contribuido a hacer notar a las personas que la lucha contra la corrupción y el perfeccionamiento de las normas democráticas es algo que está directamente vinculado a su bienestar personal y tiene mucho que ver con su vida diaria, porque el dinero de la corrupción interfiere en la toma de decisiones en las instituciones del sistema democrático y atenta contra los derechos ciudadanos fundamentales, como es educación, salud, vivienda.
En la medida en que la ciudadanía continúe tomando conciencia de que todo ello está directamente relacionado con su bienestar, y que todo lo que se aparte de las normas de conducta y perjudique el sistema democrático, nos atañe directamente, esta participación ciudadana va a ir creciendo.
Eso es lo que pretendemos hacer las organizaciones no gubernamentales que trabajamos en el tema. En el caso de Transparencia, entre setiembre y diciembre del año pasado, hicimos una intensa movilización a nivel nacional, con foros, conferencias, mesas redondas, etc., para analizar y difundir las propuestas que estábamos presentando en el Plan 32. Eso fue muy útil porque la ciudadanía se empapó del tema y, al mismo tiempo, decidió mantenerse alerta del avance del proceso. Eso ha sido positivo.
Hay que continuar difundiendo y trabajando, hacer que la ciudadanía participe y pida cuentas a sus parlamentarios de cómo van avanzando, qué orientación van teniendo. Como sabemos, los parlamentarios visitan sus respectivas jurisdicciones electorales, y los electores pueden preguntarles. Eso es parte de la gobernabilidad, que haya un reporte del trabajo que vienen realizando.
La ciudadanía tiene un campo de acción importante dentro de las propias reglas del sistema democrático. No se trata de crear instancias paralelas, son trabajos convergentes porque, finalmente, lo que la sociedad civil busca es contribuir a que los procesos políticos tengan el mejor resultado en beneficio de la ciudadanía y, en el caso de Transparencia, de la calidad de nuestra democracia.
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[1] A fines del año pasado, la Asociación Civil Transparencia presentó al Congreso el Plan32, un proyecto con el que quiere contribuir al fortalecimiento de las instituciones en el Perú y mejorar la calidad democrática del país.
[2] Posterior al hecho [N. E]
Invierno 2017
Allan Wagner Tizón
Diplomático. Director de la Academia Diplomática del Perú. Presidente de la Asociación Civil Transparencia.
