La primera década del milenio, en forma brusca, nos puso de cara a un desconocido problema de violencia en la escuela, o cuanto menos poco conocido hasta entonces. No hubo respuestas orgánicas de las autoridades educativas ni de ninguna otra índole, lo que significaba que el acoso entre iguales o bullying tenía ya patente de impunidad.
En junio del 2011 se promulga la Ley 29719 (Ley que promueve la convivencia sin violencia en las Instituciones Educativas) y un año más tarde se aprueba su Reglamento, cuyos contenidos reconocían la existencia del bullying y sus variantes, señalaba las responsabilidades de las autoridades educativas y padres de familia ante este fenómeno y disponía la organización de un comité de convivencia que asumiera las necesarias acciones de intervención y prevención de la violencia.
¿Cuánto ha cambiado el panorama de inseguridad de las Instituciones Educativas (IE) a partir de la aprobación de las aludidas normas legales? Es un asunto que sigue pendiente en la agenda del MINEDU y necesita ser rescatado en aras de la reclamada cultura de paz que siempre se invoca.
¿Cuál es el verdadero problema?
El mayor énfasis se ha puesto siempre en la violencia, en cómo controlarla o erradicarla, y los resultados revelan que las medidas represivas y sancionadoras, al no ser pedagógicas, fracasan. La pasividad, ante la disrupción de los estudiantes en las IE, deviene en tolerancia a los excesos relacionales y la violencia. La violencia normativa y la pasividad, entonces, que son las “estrategias” elegidas ante el bullying y otras formas de violencia en la escuela, no han alcanzado los resultados esperados.
El bullying no es una situación más de violencia en la escuela, no es expresión de una coyuntura que no se sabe resolver adecuadamente por la intemperancia ocasional de una o ambas partes, no. El bullying es una relación de violencia; por eso, algunas de sus más importantes características es la durabilidad en el tiempo y la situación de inseguridad y vulnerabilidad que experimenta la víctima, aun cuando el agresor se encuentre ausente[1].
Abordar la convivencia es un tema complejo en las políticas de las IE, en procura de un clima escolar de bienestar y seguridad: es educar a las personas para una ciudadanía crítica, reflexiva y con valores. Interesarnos únicamente en la violencia es priorizar las medidas que controlen y repriman conductas y estilos relacionales definidos como violencia, mientras que interesarnos en la convivencia democrática en la escuela equivale a centrarse en aprendizajes de conocimientos y competencias para el logro de estilos de relación interpersonal, capaces de proveer bienestar personal y social en todos los individuos de la comunidad educativa; es decir, es caminar en dirección de la conquista de calidad de vida para la vida y la cultura de paz.
La convivencia democrática
El Reglamento de la Ley 29719 es puntual cuando se refiere a la convivencia democrática, y afirma que el programa de convivencia a ejecutarse debe contar con la participación de los estudiantes[2].
Aprobado el Reglamento, las IE quedaban expeditas para iniciar la construcción formal de los comités de convivencia preceptuados en la norma, y con ello mejorar el clima institucional de los colegios. La pertinencia de su aplicación cobraba mayor significación porque su objetivo consiste precisamente en crear condiciones personales y sociales para que la escuela se convierta en un espacio de bienestar y calidad de vida para todos los miembros de la comunidad educativa, bajo cuyas condiciones, los demás aprendizajes se cualificarían poderosamente. Por cierto, que la convivencia también ayudaría a desacelerar las diversas modalidades de violencia y el bullying.
No existe evidencia de que la presencia de organismos como los Policías, Fiscales o Jueces Escolares, que han sido implementados pretextando mejorar el orden y la disciplina en la escuela, haya sido beneficioso para la promoción de la convivencia democrática en las IE. Tememos más bien que estos organismos perpetúan la relación poder-sumisión y la no participación de los estudiantes en las actividades escolares.
La delegación de tareas y responsabilidades en estudiantes de los últimos años, con algunos reconocimientos académicos, no significa que ellos cuenten con el conocimiento y las habilidades requeridas para atender un complejísimo problema social que ha echado raíces en el aula. Estas supuestas políticas de pacificación escolar, impuestas desde fuera de las IE, expresan una modalidad de violencia contra los estudiantes que se constituyen en reales interferentes de la convivencia democrática.
La convivencia democrática participativa
La convivencia democrática participativa la definimos como la construcción de un orden en donde intervienen todos los miembros de la comunidad educativa, mediante la cual se materializa en forma concreta una realidad basada en relaciones de equidad y de respeto, fundadas en el diálogo, la solidaridad, el respeto a los derechos de las personas y la resolución de los conflictos en forma pacífica y creativa.
Lo más importante en este tipo de convivencia es que el alumnado abandona su condición pasiva y dependiente para asumir el necesario protagonismo en la toma de decisiones de una vida democrática, que se despega en el centro educativo. De este modo, los estudiantes se transforman, desde las aulas, en ciudadanos activos en el espacio público que es la escuela y no devienen en proyecto de ser ciudadanos de segunda clase en el futuro, como lo son hasta ahora.
Para la teoría de la praxis, nos dice Murueta[3], lo importante es incidir propositivamente en el cambio de la sociedad como parte esencial del proceso educativo. No se trata de aprender lo dado, sino que los equipos de alumnos y maestros aprendan actuando sobre la sociedad.
La convivencia democrática participativa será fruto de nuevos y reveladores estilos de vida en la escuela, donde la enseñanza no se funda más en la trasmisión de saberes sino basados en lo que Delors denominaba saber hacer, para lo cual se requiere aprender habilidades y capacidades a través de la praxis[4]. Como también lo destaca Puig Rovira: la escuela no debe preparar para la democracia sino debe ser democrática, con la participación real del alumnado y del conjunto de la comunidad educativa[5].
¿Qué hacer para que la convivencia democrática participativa, con la praxis como metodología de transformación, sea realidad? Una de las más valiosas herramientas en este tránsito de democratización relacional en la escuela es la formalización de las asambleas de aula. La asamblea de aula es considerada una herramienta de mucho valor para desarrollar las habilidades comunicativas de los niños para exponer ideas, confrontarlas con sus compañeros y arribar a conclusiones y acuerdos que deben ser aceptados y respetados por todos.
La asamblea se convierte en un foro donde los estudiantes dialogan sobre temas que los afectan en forma directa o indirecta, y basados en esa dinámica van construyendo sus aprendizajes y acuerdos en forma colaborativa y consensuada. Como nunca antes en la escuela, los estudiantes pueden expresar libremente sus ideas y puntos de vista, cotejarlos y debatirlos con la de otros compañeros, gracias a lo cual van aprendiendo a recomponer o reformular sus ideas originales, aceptando y reconociendo el valor de otros puntos de vista.
Lo que acabamos de exponer, aceptar sugerencias y propuestas de los otros, no quiere decir que esa sea la única buena referencia de la democracia que se gesta entre los estudiantes. Las implicancias son mucho más profundas que la mera decisión cuantitativa, ya que aceptar las ideas de los otros les está enseñando que la suma de aportes es la mejor de las actitudes en la construcción del conocimiento y de las realizaciones del grupo: aprendizaje colaborativo, respeto a las opiniones de los otros, valoración de la participación, solidaridad, autoestima, empatía, amistad, gestión y resolución de conflictos, aprender a dialogar y a discrepar, son otros aprendizajes que debemos destacar en la asamblea de aula.
La asamblea de aula contribuye a la mejora del clima institucional de la escuela y la integración y cohesión de todos sus miembros. Los acuerdos pactados laboriosamente desde abajo, en el debate de todos los estudiantes en sus asambleas de aula, conectando las demandas académicas con las necesidades sociales de la vida, son las que proporcionan una novedosa vitalidad a la institución porque la escuela está dejando de ser un armatoste de reproducción de la parálisis social y cultural para transformarse en un hervidero de ideas y de vida.
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[1] CAROZZO, Julio Cesar (2017) La nueva Triada del Bullying. Fondo Editorial del Observatorio sobre la Violencia y Convivencia en la Escuela. Versión Virtual.
[2] Decreto Supremo Nº 010-2012-ED, y el Reglamento de la Ley 29719, artículos 6 y 10.
[3] MURUETA, Marco Eduardo (2014) Psicología. Teoría de la Praxis. 2 Tomos. Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, A.A. México.
[4] DELORS, Jaques (1996) La educación encierra un tesoro. UNESCO.
[5] PUIG ROVIRA, Josep (1996) "La escuela, comunidad participativa". Cuadernos de Pedagogía Nº 253. Recuperado en http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Lic_virt/LITE/DITE028/Unidad_1/Lec_1.5b_Democracia_la%20escuela_Comunidad_participativa.pdf
Invierno 2018
Julio César Carozzo Campos
Fundador y presidente del Observatorio sobre la Violencia y Convivencia en la Escuela.
