“Al periodista le han sembrado, le han puesto una trampa los verdaderos corruptos. Él lo hizo por necesidad. ¿Por qué agarran solo al gusanito, por qué no agarran a las garrapatas y a los grandes ladrones, a Segovia, Alan y Ollanta? Por eso estamos aquí, pidiendo la libertad de Hernán, porque es un periodista que denuncia sin miedo a los verdaderos corruptos defendiendo al pueblo”.
Manifestante exigiendo libertad de periodista detenido por corrupción.
Efectivamente, el 22 de febrero, Hernán Paniura, periodista y conductor del espacio radial “Prensa Libre” de Abancay, fue detenido por la PNP y Fiscalía después de cobrar 200 soles como producto de extorsión a un funcionario regional. Pese haber sido detenido ‘in fraganti’, medio centenar de personas y emisoras locales afines exigían su libertad con los argumentos señalados en la cita.
Este hecho se da en el contexto de escándalos de corrupción de Odebrecht que vincula, incluso, a los ex presidentes de nuestro período democrático y al ex dictador Fujimori. Diecisiete años después de la mega-corrupción fujimorista que contaminó las instituciones, vemos cómo hoy la corrupción, esta vez a escala latinoamericana, vuelve a lacerar nuestra precaria institucionalidad democrática construida en el período post Conflicto Armado Interno (CAI).
A fin de trabajar y eliminar progresivamente este nefasto legado, el gobierno de Paniagua promovió importantes esfuerzos. Sin embargo, hoy constatamos cómo Toledo, García y Humala no solo no lograron implementar estrategias contra la corrupción, sino que ellos mismos, según indicios legales, la desarrollaron.
Pero, lamentablemente, la corrupción hoy no solo involucra a funcionarios y autoridades del poder central. El crecimiento económico basado en el boom extractivista, irradiado por diversas partes del país, acentuó este problema en las regiones a nivel de Estado y sociedad en su conjunto. En el caso de Apurímac, región de pobreza estructural, los hechos de corrupción recientes, pero importantes por su dimensión, se dieron con la CTAR[1] fujimorista. Pero sería en los últimos quinquenios, que esta se expandiría entre funcionarios, autoridades y una gran mayoría de ciudadanos.
En el caso de Apurímac, región de pobreza estructural, los hechos de corrupción recientes, pero importantes por su dimensión, se dieron con el Consejo Transitorio de Administración Regional fujimorista. Pero sería en los últimos quinquenios que esta se expandiría entre funcionarios, autoridades y una gran mayoría de ciudadanos.
Concretamente sería el incremento de los presupuestos regionales y municipales, que fue en ascenso durante la década pasada, y con altibajos en esta última, así como el adelanto de canon por concepto de los importantes proyectos mineros que se asientan en Apurímac, hechos que favorecieron la diseminación de la corrupción.
Más allá que ningún gobierno regional perfiló una visión o proyecto regional de desarrollo que además incluya la reconstrucción regional post CAI, lo que acentuó la pobreza y al cual el incremento presupuestal de estos años pudo haber favorecido, cabe agregar que tampoco ninguno de los cuatro gobiernos regionales impulsó políticas para enfrentar la corrupción.
De ahí que el exgobernador regional Barra Pacheco (2003-2006) tuvo denuncias e incluso fue vacado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por abuso de autoridad. Si bien el siguiente gobernador, David Salazar (2007-2010) no tuvo denuncias similares, tampoco implementó estrategias que prevengan la corrupción que en la siguiente década estallaría de manera exponencial.
En efecto, fue precisamente en estos últimos años que la corrupción involucró a un alto número de autoridades y funcionarios[2]. Es el caso del exgobernador Elías Segovia (2011-2014)) y varios funcionarios que vienen siendo procesados, según la Contraloría, en seis casos de corrupción. Igualmente, el exalcalde provincial de Abancay, Noé Villavicencio, quien se encuentra con prisión preventiva, por dieciocho meses, involucrado en cinco casos.
A nivel distrital la situación no es distinta. Se registran seis casos similares y/o con sentencia. Así tenemos a Aurelio Mendoza, exalcalde de Tintay; Ramiro Márquez, exalcalde de Huanipaca; Huber Cuaresma, exalcalde de Cachora; José Borda, exalcalde de Andarapa; Demetrio Najarro, exalcalde de Huaccana; y Gregorio Montoya, exalcalde de Circa. Casos en los que delitos como peculado doloso, malversación, falsificación documentaria y apropiación de dinero, llevaron a la justicia a sentenciar, a varios de ellos, a cinco años de prisión. Pero la corrupción en este nivel no se reduce solo a hechos dolosos y sentencias, también implica violencia e inseguridad. Es así que cuando los actuales alcaldes asumieron sus cargos, varios hicieron denuncias por amenazas y hostigamiento contra su integridad, responsabilizando de los mismos a personas ligadas a las administraciones municipales anteriores.
No obstante, en los últimos días se revelaron nuevos casos. La vacancia del Consejero por la provincia de Antabamba, William Collado, quien tuvo sentencia cuando fue Contador del distrito de Andarapa (1999); la orden de prisión preventiva por dieciocho meses contra Odilón Huanaco, actual alcalde prófugo de la provincia de Cotabambas, sede del mega-proyecto cuprífero Las Bambas, por presunta apropiación de diez millones de soles siendo alcalde del distrito de Challhuahuacho; y la sentencia a dos oficiales PNP por peculado doloso contra la Región Policial Apurímac, son nuevos casos que se suman la lista.
De otro lado, cabe señalar que si bien el actual Gobernador Wilber Venegas (2015-2018) no tiene denuncias desde la Fiscalía, sí existe una denuncia interpuesta por la Consejera Evelyn Cavero ante la Contraloría, por presuntas irregularidades en torno a la concesión para el reinicio de la construcción del Hospital de Andahuaylas. Y también por la obra de saneamiento básico de Abancay que presuntamente generó sobrecostos elevados. Acusaciones que deberán investigarse.
No obstante, esta realidad en el Estado, preocupa igualmente que la corrupción invadió la mente de las personas convirtiéndola en una práctica cotidiana en zonas urbanas y rurales. Esto lo constatamos desde dirigentes que no rinden cuentas a sus bases; comerciantes que alteran los productos; taxistas que pagan “coimas” para no ser multados; campesinos que estafan a sus juntas comunales; universitarios que pagan para aprobar cursos; u ONGs que malversan fondos.
Este enquistamiento hace que no cuestionemos sino, por el contrario, toleremos la corrupción. De ahí que no sorprende la defensa y pedido de libertad del periodista que cayó en flagrancia. De ahí que a la marcha nacional contra la corrupción desarrollada semanas atrás, y aquí válidamente impulsada por la CGTP[3], la participación haya sido considerablemente menor a diferencia de la marcha contra el currículo escolar que busca incorporar el enfoque de género.
No obstante, no todo es sombrío. Saber que hay numerosas autoridades procesadas o sentenciadas significa que las instancias judiciales están cumpliendo su trabajo[4]. En tal sentido, si queremos apoyar y frenar este cáncer que no solo pone en riesgo la gobernabilidad del país, sino que también viene afectando nuestra oportunidad histórica para reconstruirnos como región por los impactos del CAI y superar realmente la pobreza, es menester trabajar integralmente el problema.
Esto supone no solo alentar iniciativas desde la educación, aprobar normas más duras y crear instancias anticorrupción, necesarias e importantes. Pasa también por hacer una seria y profunda autocrítica personal, organizacional y comunal que, si bien no elimine la corrupción, al menos la reduzca y enfrente. Ese es nuestro desafío.
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[1] Consejo Transitorio de Administración Regional.
[2] Según el reporte del periodista Paúl Pilco (Pro-ética 2016), la Contraloría de la República emitió un informe en el que 823 funcionarios de 22 entidades públicas apurimeñas fueron denunciados por la Fiscalía. De ese total, la Contraloría denunció a 263 ex funcionarios por la vía penal y a 54 por la vía civil.
[3] Confederación General de Trabajadores del Perú.
[4] Aunque también es importante señalar que hay preocupación no solo por la lentitud de la justicia sino, como señalan muchos ciudadanos, por posibles “encubrimientos y arreglos” entre funcionarios vinculados a estos sectores estatales (ejecutivos y judiciales). Un tema que deberá revisarse.
Otoño 2017
Enver Quinteros Peralta
Responsable regional de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) en Abancay, región Apurímac.
