Los escándalos de corrupción en la política brasileña traspasan la historia republicana. En los regímenes civiles o militares, constitucionales o despóticos, la corrupción estuvo presente. Como en el gobierno de Collor de Mello, con sus gastos personales (cubiertos con dinero ilícito), y la compra de votos para la aprobación de la enmienda constitucional que aseguró la reelección de Fernando Henrique Cardoso (FHC), para no hablarse de las innumerables sospechas de corrupción en los procesos de privatizaciones llamados “privataria tucana”[1].
En la era del Partido de los Trabajadores (PT), con los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff, esa historia no cambió. Lo que parece haber sido alterado es el impacto y la visibilidad de esos casos en los medios de comunicación y en la sociedad brasileña y, principalmente, la mayor capacidad de investigación y sanción de las instituciones responsables por ocultarlos, en el lastre de una legislación producida, casi siempre, como tímida respuesta a tales escándalos.
En los últimos años, lo que vimos al respecto puede ser expresado como el modo “petista” de corromper. Eso nos lleva a preguntar: ¿será la corrupción la contracara necesaria de un gobierno, nacido de las fuerzas del trabajo, que se propone gobernar con y para el capital, aun asegurando un mínimo de redistribución de la renta? Si así fuera, tal vez se pueda explicar la incorporación y el mejoramiento de la práctica tucana de comprar apoyo parlamentario; en lo que vendría a ser llamado el “Mensalão”[2] del PT.
El hecho es que la corrupción se presenta de forma generalizada en las instancias estatales y traspasa prácticamente todos los partidos con funciones ejecutivas. En Brasil, la corrupción es favorecida por el financiamiento empresarial a los partidos y candidatos, estimulada por la tradición de impunidad y por la cultura que no diferencia lo público de lo privado. Sólo algo tan enraizado podría explicar el hecho de que, después que la cúpula del partido de gobierno y sus aliados hayan sido procesados y condenados en la Acción Penal 470 (“mensalão”), sus sustitutos y/o correligionarios hayan dado continuidad y profundizado las mismas prácticas.
No fue simple para el gobierno del PT tejer una mayoría en el Congreso que asegurase la gobernabilidad, sobre todo en los periodos de crisis, contando con una clara mala voluntad de los grandes medios de comunicación nacional y de los propios aliados. Las dificultades son aún mayores cuando se considera la composición de los intereses, expresados en las bancadas del Congreso Nacional. En la actual composición de la Cámara, según cálculos del diputado Chico Alencar, la bancada de las constructoras reúne 214 diputados electos por 23 partidos; la de los bancos suma 197 diputados distribuidos en 16 partidos; la de los frigoríficos 162; y la de las mineras, 85 electos. La lista de los grupos de interés incluye a los defensores del agronegocio, la mafia del futbol, las empresas de seguridad y armas, los medios de comunicación, religiosos, etc.
En Brasil, la corrupción es favorecida por el financiamiento empresarial a los partidos y candidatos, estimulada por la tradición de impunidad y por la cultura que no diferencia lo público de lo privado.
La operación Lava-Jato se volvió, seguramente, el elemento central de esta coyuntura al desvelar y exponer los engranajes de la corrupción en las empresas estatales a partir del caso Petrobras. Ahí se explicitó, de forma más transparente, toda articulación entre las grandes empresas, los partidos oficialistas y hasta de la oposición, el financiamiento electoral y la forma de conquistar la adhesión de los líderes políticos.
La profundidad de las investigaciones en la operación Lava-Jato, al exponer la participación de los principales líderes de los partidos aliados al gobierno en el Ejecutivo y en el Legislativo, además de miembros del partido de la presidente, creó un clima extremadamente inhóspito para el gobierno en la sociedad. Con el fin de ese modus operandi, también la base parlamentaria del gobierno pasó a crear todo tipo de dificultades. La intención de esquivar los problemas en el Congreso pasó por una reforma ministerial, con el objetivo de transferir a las bancadas mayores cuotas de ejecución del presupuesto a los políticos representantes de los bloques de interés ahí representados, sobretodo, aquellos vinculados al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Finalmente, el “heterodoxo” método que permitía la mayoría parlamentaria, vía mecanismos ilegítimos (Mensalão, Sistema de pagos de coimas por empresas del Lava-jato), deja el escenario, dando lugar al tradicional “pan con pescado” de la repartija del gobierno.
El mismo gobierno fue incapaz de garantizar cualquier sustentabilidad política. Al abrir un frente de batalla contra el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha (PMDB), Dilma y su gobierno clavaron el último clavo en el ataúd de la gobernabilidad. A continuación, lo que se vio fue un parlamento en guerra declarada contra el Ejecutivo. Líder de los parlamentarios de perfil bajo -casi todos involucrados en algún esquema de corrupción-, Cunha asoció a los diputados contra el gobierno, convenciéndolos, o forzándolos, de que la caída del gobierno sería la única forma de interrumpir el “sangrado”.
Políticos de diversos partidos intentaron convencer a Dilma de retomar el “diálogo” con la Cámara de Diputados. Dilma apostó, no obstante, que las investigaciones posteriores comprometerían a sus adversarios y así el PT se tornaría capaz de gobernar sin tener que buscar la “gobernabilidad” con grupos dominantes tradicionales y reaccionarios. No se dio cuenta de que jueces, policías, promotores, etc., estaban más interesados en una “purga de la izquierda”. La pérdida de apoyo en el Congreso, íntimamente relacionada a los ataques sistemáticos a los corruptos, llevó al impeachment[3].
Dilma cayó porque perdió apoyo dentro del Congreso, pero sobretodo porque permitió el “sangrado” de las “clases” políticas y empresariales brasileras. El PT se mantuvo en el poder mediando lo que tal vez haya sido el pacto social más amplio de la historia brasileña, porque garantizó que de la Petrobras y de las otras empresas estatales salieran recursos suficientes para “comprar” el consenso de grupos políticos y económicos tradicionales, ya habituados a los esquemas de corrupción –esto es lo que el expresidente Lula ha llamado repetidamente, en ataques a promotores y jueces a quienes califica de “oportunistas que no entienden de política”, mecanismos del “presidencialismo de coalizão”[4]. El PT mantuvo el dinero fluyendo de la Petrobras hacia los bolsillos de los políticos, empresarios, gestores, burócratas, etc. Por ello, el PT fue flexible en relación a la privatización de ciertos servicios públicos, pero inflexible en relación a la privatización de la Petrobras.
Con la ascensión de Michael Temer a la presidencia interina se formó un gabinete ministerial con cuadros oriundos del antiguo gabinete de Dilma; en muchos casos, se puede decir que hubo una “danza de sillas”, además de la inserción en el gabinete ministerial de partidos anteriormente opositores, como el PSDB. Mientras Dilma pretendía equilibrar las cuentas públicas alterando parcialmente la legislación laboral y cambiando las fuentes de financiamiento de algunos programas sociales, Temer y su gabinete son más radicales y empiezan los recortes presupuestales: después de los primeros días de gobierno interino fue anunciado el corte de recursos para la construcción de 11 mil unidades habitacionales del programa "Mi Casa, Mi Vivienda”.
En este cuadro de inestabilidad institucional, en que solamente hasta mayo tres ministros ya habían sido destituidos por estar involucrados en escándalos de corrupción, lo que realmente impresiona es que la enorme energía social y política (demostrada por la izquierda en las manifestaciones anteriores a la suspensión de Rousseff) no parece haber sido convertida en una fuerza política organizada, delante de la completa desmoralización del PT y de sus aliados frente a las masas populares. Ninguno de los movimientos, como las ocupaciones de oficinas del Sistema Único de Salud, del Ministerio de Cultura (que el gobierno interino amenazaba con extinguir), de la Funarte[5] y otros, siquiera hirió el funcionamiento del gobierno interino, y no tuvieron fuerza política para evitar el impedimento definitivo de Dilma Rousseff.
Mientras tanto, contradictoriamente, movimientos como las ocupaciones de escuelas públicas por estudiantes en San Pablo, extendidos descontroladamente por todo el sistema educacional paulista, fueron capaces de conseguir conquistas significativas, como la suspensión del proceso de reestructuración del sistema educativo, la garantía de comidas adecuadas en las escuelas o el pago de tercerizados, cuyos salarios se atrasaban meses. Se trata de movimientos surgidos fuera de los círculos políticos tradicionales, por fuerza de las necesidades y demandas sociales que emergen en los momentos de crisis. Las organizaciones políticas de izquierda han intentado, con variados grados de éxito, sacar provecho de estas formas de movilización y de la insatisfacción, con medidas como la Propuesta de Enmienda Constitucional 241/2016, que prevé el congelamiento de los gastos sociales del gobierno federal por los próximos 20 años.
Esta forma de movilización contra los recortes y reestructuración en la educación se extendió inicialmente por diversos Estados, con variados grados de éxito, y hoy toma escuelas y universidades por todo el país. ¿Estará en estos movimientos, motivados por las necesidades inmediatas, la clave para comprender los profundos cambios en la sociedad brasilera? ¿O incluso para comprender la aparente separación entre amplios sectores de la población y las pautas progresistas hoy estigmatizadas?
Aún es demasiado pronto para decirlo, pero creemos que, de la defensa intransigente de estas pautas, será posible, en los procesos de lucha política, recomponer el campo progresista para hacer frente a la marea creciente que se chocó contra los avances –aún contradictorios – percibidos en los últimos trece años.
[1] La “Privataria Tucana”, libro de Amury Ribeiro Jr., donde se evidencia las irregularidades en las privatizaciones que ocurrieron durante el gobierno de FHC. La palabra “privataria” combina las palabras privatización con piratería y la palabra “tucana” hace referencia al tucán, pájaro símbolo del PSDB [N. del T.]
[2] Escándalo de corrupción política que consiste en la compra de votos parlamentarios para beneficios de un partido elegido para gobernar [N. del T.]
[3] Procesamiento a un alto cargo público [N. del T.]
[4] Mantra político brasileño que hace referencia a la necesidad del presidente electo por voto popular de establecer alianzas políticas con otros partidos. De lo contrario corre el riesgo de “reinar, pero no gobernar” [N. del T.]
[5] Institución de apoyo y fomento al arte, vinculado al Ministerio de Cultura.
Centro de Estudios y Acción Social (CEAS) - Brasil
Fundado en 1967 por la Compañía de Jesús, integrada por jesuitas y profesionales colaboradores. Está presente en las regiones Noreste de Brasil, marcadas por situaciones históricas de pobreza y dominación. Trabaja en el fortalecimiento de la autonomía y el protagonismo de la población. Sus enfoques de trabajo son: construcción de nuevas formas de participación política, realización de la ciudadanía, relaciones de género y dimensiones étnicas, culturales y socioambientales. CEAS se encuentra celebrando su año jubilar (2016/2017), conmemorando cinco décadas de trabajo y dedicación.
