El gobierno saliente de Ollanta Humala nos deja una economía con un pequeño crecimiento cercano al 3% anual, superior al incremento poblacional, pero inferior al aumento de la población que ingresa anualmente al mercado laboral. Los efectos de la crisis internacional y la caída de los precios de los minerales que exporta el país tienen una parte de la explicación de esta situación. La otra parte son los desaciertos de la política económica interna que no ha enfrentado eficazmente los embates de la crisis mundial. Esto se ha expresado en las dificultades para impulsar la inversión pública a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas y en el alza de la tasa de interés de referencia del Banco Central de Reserva, que han contribuido a la desaceleración del crecimiento.
Sin embargo, a pesar de haber realizado avances en el gasto social incrementando el presupuesto del sector educación hasta el 3,6% del Producto Bruto Interno (PBI), la promesa de la inclusión social no se siente que haya sido cumplida. El Acuerdo Nacional, cuando se instaló hace 15 años, aprobó como meta para el presupuesto educativo llegar al 6% del PBI. Es que falta mucho camino por recorrer en la tarea de incluir a las personas en relaciones sociales justas y equitativas. La exclusión tiene raíces antiguas y duras, no solo es económica, también es social, cultural y política. No han sido suficientes los avances en materia de derechos y programas sociales como Pensión 65, Beca 18, Seguro Integral de Salud, Cuna Más, Qali Warma y Juntos. La gente quiere más, pues la situación de los pobres y de quienes han progresado un poco, es todavía muy precaria; y al ver la enorme desigualdad que existe en la sociedad, buscan que las mejoras sean más amplias y sostenibles.
Un terreno crítico es el laboral. La situación del empleo que deja el gobierno saliente es todavía muy propia del subdesarrollo. La mayor parte de los trabajadores no tienen los derechos del mundo civilizado, pues la mayor parte está mal remunerada y en la informalidad. Así tenemos que de cada 10 trabajadores, 7 son informales. Este será un desafío crítico para el nuevo gobierno que se instale en julio del 2016. Una economía que desarrolle en forma humana tiene que garantizar un avance de derechos a las personas que trabajan. Por ejemplo, el salario mínimo que ha perdido capacidad adquisitiva por la inflación tendrá que ser elevado por un criterio de justicia y de mecanismo de reactivación de la economía por medio de la demanda.
El gobierno de Ollanta Humala, como los dos anteriores gobiernos de Alan García y Alejandro Toledo, también consiguió reducir la pobreza monetaria o de ingreso. Esta disminuyó de un 54.7% que estaba en 2001 a un 22.7% en el año 2014, según datos de CEPAL[1]. El principal factor que explica este avance es el crecimiento económico realizado en este periodo; pero no se ha expresado en una mejora significativa de la institucionalidad laboral. Por eso, las familias peruanas, muchas veces de manera informal, han generado diversas iniciativas que les ha permitido mejorar sus ingresos. Se trabaja más tiempo, en varios empleos y en múltiples casos con ingresos de niños trabajadores o de familiares migrantes que envían remesas del exterior. Hay un avance en ingresos monetarios, pero es insuficiente para tener una sociedad justa.
Uno de los retos en desarrollo social que tendrá el próximo gobierno es el de la salud. La economía de los últimos años no ha contribuido significativamente con la salud de la infancia. En el Perú tenemos uno de los índices más graves de anemia infantil de menores entre 6 meses y 36 meses. Llega al 43.5% a nivel nacional según datos del Ministerio de Salud para el año 2015; siendo el departamento de Puno el que alcanza la cifra más alta de anemia infantil, donde llega al 76%. Este es un problema de consecuencias lamentables, pues la anemia afecta la formación de capacidades intelectuales y psicológicas de los niños ya que se caracteriza por un déficit de hierro en la sangre que impide al oxígeno llegar adecuadamente a los tejidos del cuerpo de los niños y niñas.
El Fenómeno del Niño en el 2016 [...] también ha permitido el incremento de reservas de agua debido a las mayores lluvias. Y el agua es hoy un elemento fundamental del desarrollo, tanto para la población como para la producción.
Y la anemia se puede evitar y combatir con el cambio de hábitos de alimentación e higiene de la población; y también en forma complementaria entregando micronutrientes que contengan hierro. Pero se trata de una tarea permanente de prevención, vigilancia y control nutricional universal. Se trata de lograr que la infancia avance en su vida evitando discapacidades físicas y mentales. Así tendremos personas más capaces, pero también habrá menos gasto en remediar problemas que son evitables. Esta perspectiva será crucial para el próximo gobierno si busca ampliar el desarrollo de la gente.
La agricultura, en particular la pequeña y la economía campesina, están abandonadas de la política pública, supuestamente por inviabilidad. Se ha dado prioridad a la agricultura de exportación. La diversificación productiva solo tiene avanzado, en términos concretos, la creación de nuevos centros de innovación tecnológica y un dispositivo de promoción de la acuicultura. El nuevo gobierno tendrá que escuchar a los pequeños productores del campo, que son fundamentales para la soberanía alimentaria del país; y apoyar decididamente las experiencias de desarrollo comunal y local en el mundo rural que han utilizado creativamente la tecnología y la cultura para progresar.
Por otro lado, el Fenómeno del Niño en el 2016 no ha sido muy fuerte y dramático para el país como se temía el año 2015. Si bien sus efectos han tenido consecuencias lamentables en varios departamentos en daños materiales y pérdida de vidas humanas, también ha permitido el incremento de reservas de agua debido a las mayores lluvias. Y el agua es hoy un elemento fundamental del desarrollo, tanto para la población como para la producción.
Finalmente, cabe señalar que la decepción de la gente con respecto al estilo o tipo de desarrollo económico que ha tenido el país desde los años 90 es grande y creciente. Una de las principales insatisfacciones es la referida a los servicios públicos, sobre todo a los que brinda el Estado. Porque también existen otros servicios que ofrece el sector privado como el transporte, la educación privada o la salud privada, con los cuales la población también está mayormente insatisfecha. Este hecho puede ser corroborado si acudimos a la encuesta publicada en este primer trimestre de 2016 por Pulso Perú de la empresa Datum, donde se pregunta por la satisfacción con el llamado “modelo económico” imperante los últimos 25 años.
La decepción se halla presente hasta en los niveles socioeconómicos de más altos ingresos del país. El resultado es que “solo el 3% del segmento socio económico A/B cree que el actual modelo económico debe mantenerse igual, mientras que un contundente 95% considera que se le debe introducir alguna modificación y hasta un cambio radical… Los niveles observados en el segmento más alto no son muy diferentes del promedio nacional. El 91% de peruanos considera que se le debería introducir algún tipo de modificación al modelo económico o un cambio total, mientras que solo un 3% cree que se debe mantener como hasta ahora”[2].
Saber leer lo que quiere la población es un acto de racionalidad política, pero sobre todo se trata de realizar un acto de justicia con la población pobre para que supere su situación; y con la que ha salido de la pobreza, la cual ya no quiere regresar a la miseria y más bien quiere seguir progresando. La lucha por no retroceder en lo poco que se haya conquistado y que ha costado “sangre, sudor y lágrimas” a las familias peruanas; y por tener desarrollo y seguridad humana en el país, será el principal desafío que va a encontrar el nuevo gobierno.
[1] Comisión Económica para América Latina y el Caribe
[2] Diario Gestión, 22-03-2016
Ismael Muñoz Portugal
Investigador en temas de desarrollo, economía política, acción colectiva, recursos naturales, pobreza y políticas sociales. Profesor principal del Departamento de Economía; y miembro del Consejo Directivo de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
