Estamos en un momento propicio para la reflexión profunda sobre la política educativa, pues hemos ingresado a 18 meses de procesos electorales. Busquemos colocar la educación en estos procesos como componente de las opciones políticas de modo que, a la vez, sea una contribución a su enriquecimiento.
¿Cuál es el criterio que orienta esa inclusión?
El debate educativo debe tener como mira la primera urgencia del país, la reconstitución de la política democrática. Ello supone confrontarnos con las promesas que, en nuestra historia reciente, se afirmaron en la transición democrática, desde el 2000.
La promesa del período de transición democrática fue que se podía reorganizar el Estado y sus relaciones con la sociedad, adecuándolo a los ideales democráticos de ética pública y de justicia.
En ese parte aguas, se destaca la posibilidad de otra manera de hacer política, así como de ética pública. De allí derivaron reformas y acciones diversas que no nos detendremos a enumerar. Solo recordaremos que se emprendió la lucha contra la corrupción y la pobreza, y se creó la CVR.
Sin embargo, las promesas se fueron diluyendo, no abrupta ni totalmente, pero sí fue la tendencia en el gobierno de Toledo. Se amortiguó el proceso de reformas económicas, como la tributaria, de la televisión y de la justicia, entre las más importantes para la educación ciudadana. A su vez quedaron impulsos democráticos importantes: la descentralización, la conclusión del Informe de la CVR y varios procesos por corrupción que tuvieron su hito en el ejemplar juicio a Fujimori.
La promesa de la transición fue consistentemente acompañada con propuestas de transformación educativa. Propuestas formuladas por Foro Educativo y, en el diálogo público, desde la Consulta Nacional por la Educación. El acuerdo público tuvo su mayor política global en el Acuerdo Nacional, que contiene una exigencia de lucha contra las desigualdades sociales y educativas. Luego de prolongados procesos participativos, se aprobaron la Ley General de Educación (LGE), el Proyecto Educativo Nacional (PEN) y en paralelo los Proyectos Educativos Regionales (PER).
Estos procesos implican una reforma educativa que, para garantizar el derecho a la educación, modifique la relación educación y sociedad global; modificando los sentidos respecto de la ciudadanía, las desigualdades sociales, la relación de la educación con el desarrollo humano, así como la manera de entender la calidad y la equidad de la educación. Ello demanda una reforma que tiene que lidiar con contextos de pobreza y precariedad del servicio público y también con desencuentros culturales y con formas reacias a apreciar la construcción de un destino común, entre identidades personales y sociales diversas. Por ello, como señala Walter Benjamín[1], en un “movimiento reformista de la enseñanza se expresan clara y tajantemente aquellas necesidades de nuestra época que, como ocurre con las grandes necesidades, tienen que ver con cuestiones ético-culturales“.
Muchos actores hemos construido los acuerdos señalados y nos comprometimos con ellos, pero especialmente el Congreso, el Acuerdo Nacional y el Gobierno Nacional los aprobaron, y asumieron implicarse en una reforma educativa.
No obstante, no se emprendió esa reforma moral necesaria. Más bien, nos agobia la creciente corrupción. Tampoco se está avanzando en una reforma educativa, como indicó el Consejo Nacional de Educación. Esta ha sido sustituida con medidas llamativas, muchas de ellas importantes, que se ejecutan desde los Programas Nacionales. No son las medidas aisladas, por valiosas que sean, las que impulsan una reforma. Muchas veces es poco lo que cambian, pues no se producen sinergias.
Aletargadas o abandonadas las reformas y gran parte de sus promesas ¿volveremos a los ámbitos fragmentados de la acción educativa? ¿Se diluirán los sentidos y se postergará la visión ampliada y el compromiso renovado, acordados en Educación para Todos?
La actuación en política y desempeño cotidiano no puede quedarse sin los referentes elaborados, pugnado por su implementación. Que el gran viento no sea favorable para reformas de amplio alcance no avala un ensimismamiento de programas específicos y locales. Las orientaciones políticas formuladas y plasmadas inicialmente tienen que tamizar nuestros quehaceres individuales y de grupo en la administración pública, en las empresas, los gremios y en los cargos políticos.
Asimismo, estos proyectos de reforma tienen que orientar la demanda de nuevos acuerdos políticos en estas elecciones. Las propuestas subnacionales y nacionales tienen que incluir los acuerdos logrados en el PEN y los PER, sin considerarlos escritos en piedra. Desde allí apuntamos a un modo de enfrentar el actual momento político y la educación ciudadana.
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[1] Walter Benjamín. (1993). La metafísica de la juventud. Ediciones Paidos.
Publicado en abril 2010
Manuel Iguíñiz Echeverría
Sociólogo. Especialista en Políticas Educativas. Miembro de Foro Educativo.