El actual escenario político nos plantea una serie de desafíos que posibilita un mayor desarrollo humano para todos los peruanos y peruanas. El gobierno del presidente Humala ha dado algunos indicios positivos en articular el crecimiento económico con la inclusión de sectores desfavorecidos que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, sobre todo en los Andes y la Amazonía.
Como sabemos, los actuales conflictos sociales, muchos de ellos en zonas rurales, han puesto de manifiesto la debilidad y fragilidad de nuestra democracia y del Estado de derecho. Creemos que la estabilidad democrática pasa en definitiva por su adaptación a esta realidad pluricultural –traducida en políticas públicas- que se ha venido negando sistemáticamente y que en nuestra historia republicana ha excluido a grandes sectores de nuestra sociedad.
Los mecanismos actuales de la democracia no han sido capaces de representar o dar espacios de manifestación a los diversos y diferentes actores sociales: costeños, andinos y amazónicos. Así, una tarea fundamental es generar un proceso de concientización, de reconocimiento del otro cultural: un reconocer al otro en la diferencia.
En ese sentido, con la aprobación después de más de 15 años de vigencia del Convenio 169 de la OIT, el Estado Peruano ha establecido -a partir de una disposición de derecho interno- un marco general que facilita la implementación del Derecho a la Consulta en el Perú.
Sin duda, la norma pone en debate la estructura estatal respecto de la institucionalidad estatal en materia de pueblos indígenas. Ésta debe verse fortalecida tomando en cuenta obligaciones específicas del Convenio 169 de la OIT que establece en su artículo 2 y 33 la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. Esto supone una institucionalidad con presencia de los pueblos indígenas y un debate que incorpore los derechos de estos pueblos -no desde un enfoque sectorial- sino como una política de Estado.
Es importante que el gesto político de afirmación de derechos en una ley, se vea respaldado con el pronto funcionamiento de una Comisión Multisectorial con presencia de representantes de los pueblos indígenas. Esta comisión debe ser liderada por el Viceministerio de Interculturalidad, al tener competencias específicas sobre la materia. Esto, más que una afirmación política, es una obligación jurídica derivada del Convenio 169 de la OIT que establece la responsabilidad de los Estados de contar con una institucionalidad estatal en materia de pueblos indígenas y establecer una acción coordinada y sistemática que reafirme los derechos de estos pueblos en todos los sectores estatales.
Hay que señalar que los pueblos indígenas representan la mayor diversidad cultural, pero a la vez ocupan los lugares extremos de pobreza y marginación. Un reto de este gobierno es impulsar y generar una conciencia nacional de respeto a las diferentes culturas de nuestra patria, un verdadero reconocimiento de la diversidad como riqueza cultural, de que la diferencia cultural no se traduzca en desigualdad, con la finalidad de alcanzar una interrelación simétrica entre grupos y personas con culturas diferentes.
Nuestra sociedad acuñada de la ancestral mirada centralista necesita reconocer al otro como sujeto y como cultura; de esta manera podremos construir un Perú intercultural, un país donde nuestra visión de desarrollo sea compartida desde la articulación de diversos actores sociales con voz pública desde sus diferencias culturales y que esta inclusión signifique real y efectivamente cambios estructurales en la forma de relación del Estado con los pueblos indígenas.
Publicado en diciembre 2011
Adda Chuecas Cabrera
Directora del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica - CAAAP.
