El 5 de junio del 2009 se produjeron dos graves sucesos de violencia, uno en el marco del operativo del desalojo de los indígenas, en la llamada Curva del Diablo, y un segundo hecho que ocurrió en la Estación 6 de Petroperú.
Actualmente existen tres procesos judiciales sobre el llamado Baguazo, el primero es el caso “Curva del Diablo”, sobre el cual el 22 de setiembre se ha emitido la sentencia desde la Sala Penal de Apelaciones Transitoria y Liquidadora de Bagua de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, en el que se han absuelto a los 53 procesados de todos los cargos.
El segundo proceso judicial, sobre la Estación 6 de Petroperú, está en etapa de investigación, así como el tercer proceso judicial, que busca hacer justicia sobre la desaparición del mayor Felipe Bazán.
Es necesario tener claridad en el análisis sobre los procesos judiciales del llamado Baguazo, dado que se confunde que la sentencia en la que absuelven a las 53 personas inocentes en el caso Curva del Diablo resuelve los otros procesos que todavía están pendientes.
La sentencia marca un paso importante en la forma de resolver los procesos judiciales donde están involucrados indígenas, al hacer un análisis antropológico e histórico sobre el pueblo awajún–wampis. Es importante señalar que no se acreditó la responsabilidad penal de los acusados, conforme a los medios probatorios señalados, lo cual consta en la propia sentencia.
Para los pueblos indígenas (PPII) en el país, lo que está en juego desde hace varios siglos es la defensa de sus vidas, sus culturas y sus territorios. En diferentes zonas del país, ante la invasión de sus tierras, se han visto obligados a defenderse y, frente a la violencia de los agentes externos, muchos indígenas se han levantado en armas y respondido también con violencia. Sin embargo, no se trataba de una violencia «salvaje» e irracional, sino de la lucha por sus vidas, su libertad, su habitat.
En este contexto histórico se necesitan nuevos mecanismos y procedimientos para defender las tierras y las tradiciones culturales. El espíritu guerrero de los indígenas amazónicos se ha canalizado a través de formas diferentes de lucha política, como ha sido la creación de federaciones y organizaciones representativas. Las movilizaciones de 2008 y 2009 forman parte de esta lucha de las comunidades indígenas y de sus organizaciones, como AIDESEP[1], contra medidas del gobierno que vulneran sus derechos colectivos como pueblos: identidad, cultura, territorios y recursos naturales, y participación entre otros.
Lo ocurrido en la Amazonia hace siete años puso de manifiesto la exclusión de amplias poblaciones rurales de parte del Estado peruano. Ellos identifican que sus derechos no son respetados sino más bien vulnerados permanentemente.
Los discursos oficiales -de la esfera política y medios de comunicación? tienden a minimizar la capacidad de estas poblaciones de tener autonomía en sus decisiones y de incidir en el poder político, más aún en asuntos centrales que les competen. Esto se repite una y otra vez en nuestra historia y pareciera que, como sociedad, no consideramos a todos las y los ciudadanos como iguales, y que aún no estamos en la capacidad de reconocerlos en roles distintos a los tradicionalmente asignados. El racismo y la discriminación solapada son parte del discurso y la práctica cotidiana. No contamos con mecanismos eficientes de vigilancia y defensa de los derechos y, para una parte de la población, pareciera que estos tienen que ser arrancados al poder político centralizado.
Estos desencuentros, que se han dado a lo largo de la historia del país, nos plantean grandes desafíos e interrogantes que ya señalaba el GTSM[2] en un artículo en el año 2009 y que a pesar de los años transcurridos son muy actuales. Estos planteamientos están en relación a que el proyecto de desarrollo compartido que requiere el país solo puede construirse con un tejido social cohesionado, y para ello se requieren propuestas que partan del reconocimiento de la diversidad y la acción política de actores diversos. Para establecer y sostener el diálogo intercultural se requiere fortalecer relaciones de confianza entre los diversos actores; lo cual supone acercarnos al otro, reconociendo las diferencias y encontrando puntos en común. Proceso que no estará exento de permanentes enfrentamientos y desencuentros.
No nos damos cuenta que, en la medida que negamos parte de nuestra diversidad como país, estamos empobreciendo nuestra identidad pluricultural.
A la base de este desencuentro están los diferentes discursos de país, de lo que somos y queremos ser. Éstos reflejan las diferentes representaciones sobre la realidad, dependiendo de las condiciones geográficas, culturales, sociales, de género, económicas e históricas, desde las cuales estas se construyen. Estas representaciones no dialogan entre sí, o están en permanente confrontación, teniendo a la base relaciones de poder desiguales. No nos damos cuenta que, en la medida que negamos parte de nuestra diversidad como país, estamos empobreciendo nuestra identidad pluricultural.
Por su parte, el discurso oficial solo reconoce las representaciones que están al servicio del sistema que propone y discrimina propuestas diversas de desarrollo, que entran en conflicto con su modelo hegemónico.
Las heridas del Baguazo siguen abiertas, tanto de los indígenas y sus familias como de los familiares de los policías muertos durante este suceso. Para poder cerrarlas e iniciar acciones de reparación es importante tener procesos de justicia y verdad para todas las víctimas de este conflicto, indígenas y no indígenas.
El conflicto por la disputa del territorio está actualmente presente, dado que en territorios indígenas siguen presentes las empresas extractivas, afectando los derechos fundamentales de las poblaciones que viven en estas zonas de la Amazonía.
El rol que juegan los medios de comunicación, en la información que brindan sobre los conflictos sociales, es importante. En algunos casos esta información refuerza los imaginarios sobre los “indígenas salvajes” y el ser “un obstáculo para el desarrollo del país”. También existen medios de comunicación que tuvieron un papel fundamental para informar adecuadamente durante los sucesos de Bagua, la lucha de los indígenas sobre sus territorios, que veían amenazados, y su búsqueda por encontrar la forma de no llegar a los sucesos que acontecieron el 05 de junio.
En el caso de la sentencia de la Curva del Diablo, ha habido también diversas posiciones e interpretaciones en los medios y, en algunas ocasiones, pueden confundir por no presentar la información completa. Creemos que el papel de los medios es crucial para ir avanzando en la construcción de un país diverso.
Este proceso ha sido largo y doloroso para los procesados indígenas, teniendo ellos que desplazarse desde sus comunidades (en distancias muy alejadas) para participar de las audiencias. El poder judicial no tomó en cuenta estas condiciones, a pesar de que en reiteradas oportunidades la defensa legal planteaba las características específicas de la vida de este pueblo.
A pesar de estas condiciones, los procesados indígenas estuvieron presentes en las audiencias porque estaban convencidos de su inocencia, “confiaban en la justicia de su país”, contaban con el apoyo de diversas instituciones, especialmente de la Iglesia católica, a nivel nacional e internacional.
El proceso ha tratado en lo posible de dar un enfoque intercultural, de acuerdo a los protocolos emitidos por el Poder Judicial. Es de destacar que en el resultado del proceso se señala que “…no son los indígenas que requieren de lo intercultural sino el enfoque debe partir por los operadores de justicia y por las instancias decisoras de políticas a favor de los PPII. La interculturalidad en el poder judicial no es solo una actitud sino un procedimiento que va desarrollando pautas de respeto y de equidad”[3].
Con esta sentencia se demuestra que el Poder Judicial ha dado los primeros pasos en la implementación de la justicia intercultural. Por ejemplo, se han desarrollado cursos con el Ministerio de Cultura para la formación de traductores e intérpretes de lenguas indígenas que puedan ingresar al Registro Nacional del Poder Judicial. En el proceso de Bagua participaron dos traductores e intérpretes de la lengua awajún y wampis, reconocidos oficialmente por el Viceministerio de Interculturalidad. Además, se ha contado con una pericia antropológica e investigaciones de diversos especialistas, que han aportado para que los magistrados puedan conocer y comprender la cultura de los pueblos awajún y wampis.
[tabs] [tab title="Reflexiones Finales"]• El caso de Bagua ha marcado un antes y un después en la historia del país en el conocimiento y reconocimiento de los PPII como ciudadanos, buscando disminuir la exclusión y discriminación que históricamente han sufrido y que ha costado vidas humanas, como son los casos de la época del caucho, la violencia contra los Ashaninka durante el Conflicto armado interno, entre otros. • A partir de este conflicto se comienza a conocer la obligación del Estado a consultar conforme lo establece el Convenio 169 de la OIT. Este conocimiento se amplía a nivel de las instancias públicas y privadas, medios de comunicación y sector académico. • Los PPII han demostrado su disposición al diálogo y el respeto al Estado peruano por considerarse ellos también ciudadanos peruanos, y tienen muy claro sus derechos colectivos como pueblos amparados en los instrumentos nacionales e internacionales. • El proceso de Bagua ha supuesto para los PPII un largo y difícil camino para comprender y entender el sistema judicial occidental que no tomaba en cuenta las condiciones y características de estos pueblos. • Para el Poder Judicial también ha significado un reto para conocer y comprender las diversas culturas implicadas y establecer mecanismos para asegurar las garantías del debido proceso, como la pericia antropológica y la participación de intérpretes y traductores. Sin embargo, como lo reconoce el sistema, quedan muchas tareas pendientes para asegurar una verdadera justicia intercultural en nuestro país. • Es necesario que se encuentre justicia para las víctimas de este proceso: policías e indígenas. Es fundamental que se procese a los responsables políticos conforme lo determina el Informe en Minoría del Congreso. • Se debe buscar cerrar las heridas individuales y colectivas generadas por este proceso y por las condiciones históricas de exclusión y discriminación con los PPII de la Amazonía. Consideramos que la Justicia y la Verdad son las bases para construir un proceso de reparación y paz en el país. • Estos hechos violentos, además de promover nuestra indignación como peruanos, debe permitirnos aprender a dialogar y definir acuerdos posibles entre ciudadanos diversos y el Estado peruano. Eso será posible en la medida que todos los actores involucrados estemos convencidos y se cuente con la voluntad política para hacer realidad el dialogo intercultural en el país.[/tab] [/tabs]____________________________
[1] Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
[2] Grupo de Trabajo de Salud Mental
[3] Ver sentencia Corte Superior de Justicia de Amazonas: Fallo judicial Caso; Curva del Diablo.
Adda Chuecas Cabrera
Abogada y consultora en derechos de pueblos Indígenas. Ex directora del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica - CAAAP.
Norma Vásquez Rubiños
Psicóloga, consultora en temas amazónicos.
