Demandas indígenas de la amazonía peruana
A casi dos meses de los sangrientos sucesos ocurridos cerca de Bagua la situación que enfrentan los pueblos indígenas de la Amazonía peruana sigue siendo incierta, y quedan diversos asuntos importantes por resolver.
En primer lugar, lo más urgente es acabar con el desconcierto y falta de información sobre lo que realmente ha sucedido. Hoy en día hay más información disponible gracias a diversas comisiones que se han acercado a la zona del conflicto, como la Defensoría del Pueblo, el Relator Especial de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la Comisión Episcopal de Acción Social, entre otras.
Todas ellas han confirmado la violación de los derechos humanos de parte del Estado, pero se ha avanzado poco en esclarecer del todo el maltrato, la desaparición o muerte de varias personas que estaban protestando en la carretera cuando ocurrieron los trágicos sucesos del 5 de junio.
Parte del problema es que existe temor a hablar. Existe una gran desconfianza ante gente foránea por miedo a futuras represalias. El obispo de Jaén, Monseñor García de la Rasilla, ha confirmado públicamente que no hay información suficiente y que la gente de la zona se encuentra temerosa.
En segundo lugar, es necesario avanzar en el proceso de diálogo, tanto a nivel formal como por un cambio de actitud de parte del gobierno. En el aspecto formal, el 10 de junio, se creó por Resolución Suprema el “Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos” como instancia de diálogo con las comunidades nativas. Este grupo está conformado por 4 representantes del poder ejecutivo, 5 presidentes regionales de la selva, y 10 representantes indígenas, además de diversas instituciones de la sociedad civil que también podrían participar como facilitadoras.
En la segunda sesión, realizada el 5 de julio, las cuatro comisiones presentaron sus informes. La mesa de trabajo 1, propuso a una serie de personalidades independientes para conformar la llamada “comisión de la verdad”, y se acordó que a más tardar el 20 de julio esta comisión tendría que iniciar sus funciones. También se acordó que las otras mesas de trabajo tendrían 120 días para preparar sus propuestas.
En la medida en que el Estado no recuelva estos dos asuntos (modelos alternativos de desarrollo y el respeto y la garantía de sus derechos como indígenas) el conflicto va a seguir abierto y las trágicas muertes de Bagua no van a haber servido para nada.
Finalmente, la tercera sesión (hasta la fecha) se realizó el 20 de julio, bajo la presidencia del nuevo Ministro de Agricultura, Adolfo de Córdoba. En esta ocasión se presentaron los avances de tres de las cuatro mesas de trabajo, que han venido reuniéndose con regularidad. Lo preocupante es que la mesa en la que no se ha avanzado es la responsable de conformar la “comisión de la verdad”. Esta comisión debió de haber estado instalada ya el 20 de julio, sin embargo, es el gobierno quien no termina de aprobar el nombramiento de la comisión porque quiere añadir sus propios representantes.
Otro de los asuntos pendientes, y uno de los principales obstáculos para avanzar en el diálogo, es la actitud del gobierno respecto a las organizaciones indígenas, en particular hacia AIDESEP. Independientemente de las críticas que puedan hacérsele como a cualquier otra institución, sigue siendo la organización más representativa de los indígenas amazónicos, y por lo tanto, se le tiene que tratar con el debido respeto. Sin embargo, el gobierno mantiene una actitud hostil hacia ella: no sólo ha sido investigada por Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y la SUNAT, sino que además, muchos de sus líderes están con orden de captura, y lo que es el colmo, hace poco el gobierno está apoyando a una junta directiva paralela con la finalidad expresa de dividir y debilitar a esta organización indígena.
De manera similar, es preocupante la situación de los indígenas detenidos en Chachapoyas y en otras partes del país. El Vicariato de Jaén, la Comisión Episcopal de Acción Social, y otras instituciones están brindando asesoría legal y ayuda humanitaria a los detenidos. Sin embargo, el gobierno sigue manteniendo una posición
dura. Un caso particularmente dramático es el de Santiago Manuim. Gracias a una campaña muy rápida y decidida y al apoyo del Ministro de Salud se logró detener el traslado a la cárcel de este dirigente gravemente herido que necesita seguir recuperando su salud.
En la medida en que el gobierno no deje de perseguir y criminalizar a los dirigentes indígenas, o siga interfiriendo en los asuntos internos y faltando el respeto a sus organizaciones representativas se va a avanzar muy poco en un verdadero diálogo.
Los indígenas amazónicos demandan básicamente dos cosas al Estado: modelos alternativos de desarrollo y el respeto y la garantía de sus derechos como indígenas. En la medida en que el Estado no resuelva estos dos asuntos de fondo a través de una verdadera actitud de diálogo y de respeto que se traduzca en políticas concretas, el conflicto va a seguir abierto y las trágicas muertes de Bagua no van a haber servido para nada.
El 22 de junio este espacio se inauguró oficialmente bajo la presidencia del Ministro de Agricultura, Carlos Leyton. En esta primera sesión se acordó constituir diversas mesas de trabajo regionales así como 4 mesas de
trabajo temáticas para discutir: (1) la creación de una comisión investigadora o “comisión de la verdad” que clarifique lo ocurrido el 5 de junio; (2) los decretos legislativos cuestionados; (3) los procedimientos de consulta a los pueblos indígenas; y (4) propuestas para el desarrollo de los pueblos amazónicos.
Publicado en agosto 2009
Oscar Espinosa de Rivero
Antropólogo. Universidad Antonio Ruiz de Montoya.