La ola de grandes inversiones en la región, que aun no ha terminado, nos pone ante la probable crisis de recursos y de los servicios para proveernos de estos. El caso más próximo a enfrentar sería el del agua, cuya demanda se ha incrementado considerablemente con las plantaciones de caña para el etanol (combustibles en vez de alimentos), que compite fuertemente (¿deslealmente también?) con las cuotas para las áreas de la pequeña agricultura. Con motivo de la sequía 2010 se puso en evidencia que las prioridades establecidas por la ley no se cumplen, y que nadie de los que tienen responsabilidad se atreve a hacerlas cumplir.
El otro caso sería el de la energía eléctrica, cuyo incremento en la demanda ha crecido más del 90% en los últimos 8 años (sumados Piura y Tumbes[1]), no habiendo ocurrido lo mismo con el incremento de la producción energética. Sobre este punto la Cámara de Comercio y Producción de Piura ha mostrado su preocupación en mayo de este año. Este, y el caso del agua, se pondrían en evidencia en el primer período de sequía drástica que se nos presente, considerando que algunas fuentes locales que nos proveen de energía, aunque menores, son de origen hidráulico.
Después de casi un año de instalada la nueva gestión de gobierno regional, recién tendríamos señales de algunas políticas esperanzadoras. De concretarse los anuncios de inversión en vías terrestres que mejoren la articulación costa-sierra y sierra-sierra, el trabajo para identificar y diseñar acciones sobre las principales cadenas productivas regionales con el fin de potenciarlas, nos pondrían ante la evidencia de que se estaría tomando un nuevo y mejor rumbo para el desarrollo económico (considerando que éste exige más que lo señalado). Igualmente tendríamos una gran política de gobierno si se ejecuta con eficacia el Sistema Integral de Atención a la Primera Infancia, presentado el 24 de octubre último.
La nueva gestión sigue sin saldar varias deudas políticas, originadas por las promesas de campaña; pero principalmente debiera trasmitir una sensación distinta a la que ahora se tiene, que es la de una actitud gubernamental de apaga-fuegos o de agotamiento en el día a día. Si bien es una estrategia del plan de gobierno el recuperar la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento “Grau”, debiera comprometerse a los gobiernos provinciales en la tarea, de manera que se compartan responsabilidades.
El manejo o la administración de los conflictos regionales, particularmente los socioambientales, es otro de los temas que creemos debe ser atendido desde el gobierno regional, superando la desarticulación sectorial de que adolece el gobierno nacional. El “Grupo de monitoreo de la minería artesanal” tiene un gran reto, considerando que se ha triplicado de 3,500 a 10,600 el número de estos mineros sólo en Las Lomas y Suyo, y que en las ocho provincias de la región se esté haciendo este tipo de minería[2]. Pero también merecen mucha atención y monitoreo los conflictos latentes de Tambogrande y “Segunda y Cajas”, y acciones de prevención de otros conflictos posibles debido a las crecientes concesiones mineras en Piura.
De otro lado, pero en el mismo sentido, la acertada elaboración de la Zonificación Económica Ecológica (ZEE), que posibilita la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial (POT, en proceso) y las políticas sobre el uso del territorio, señala la necesidad de que estas se hagan también a nivel local y de manera integrada con la regional. Queda claro que estas debieran integrarse con las políticas de uso del territorio a nivel nacional en razón del POT que estaría elaborando el Ejecutivo.
Quienes han visitado Piura, particularmente este año, han sido testigos del caos que impera en nuestra ciudad capital, ejemplo para las otras ciudades intermedias de la región. La pérdida de vidas y todo cuanto se prometió y se dijo con motivo del conflicto del mercado de Piura (marzo 2010), continúa latente y sin solución; la falta de voluntad, la visión reduccionista, la falta de capacidad, los intereses mezquinos y la corrupción, son los motivos. La anarquía de un lado y la falta de autoridad del gobierno provincial (alcaldesa y regidores juntos), Dirección Regional de transportes, Policía Nacional, etc., mantienen y propician este enredo de vías, vehículos e intereses particulares que es el transporte público local e interprovincial. Para complicarnos aun más la vida, la ejecución del Proyecto de Aguas Superficiales no termina y vino para agujerear la ciudad sin, aparentemente, control de nadie; ideas como “…nos están haciendo un bien y todavía nos quejamos…” en mucho son las causantes de ese también caos que abonó al otro mayor ya existente.
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[1] El Tiempo 01 de setiembre 2011
[2] El Tiempo 03 de setiembre 2011
Publicado en diciembre 2011
José Gallo Sánchez
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado - CIPCA (Piura)
