"Lo mínimo que deberíamos reservarnos es nuestro derecho a disentir cuando las cosas van por el camino inverso al del interés colectivo".
Julio Arbizú
La corrupción en el Perú es un fenómeno histórico y que se ha convertido en parte de la propia institucionalidad, generando los mayores perjuicios económicos y morales en los momentos de mayor crecimiento económico, tal como lo ha detallado de modo profuso el historiador Alfonso Quiroz.
El presente está lleno del pasado y preñado del futuro. Si bien el presente que tenemos tiene raíces de carácter estructural, los hechos sucedidos en los últimos años han tenido una influencia decisiva en lo que sucede hoy en día, en especial la transición democrática que atravesamos tras la caída del Fujimorato, la cual significó un importante avance en términos de buscar recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones con la creación de espacios como el Acuerdo Nacional, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, la Iniciativa Nacional Anticorrupción o la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza.
Sin embargo, la transición democrática comenzó a ralentizarse a partir del año 2005 y empieza para algunos a ser desmontada en el año 2006. Una evidencia de esto es el progresivo debilitamiento de la Procuraduría Anticorrupción, que para los últimos años del gobierno de Alan García ya estaba reducida a su mínima expresión y los montos de recuperación del dinero mal habidos pasan prácticamente a cero.
Otro aspecto importante es que la participación ciudadana, impulsada mediante la reforma descentralista y un marco normativo que propiciaba la presencia ciudadana en lo público, empezó a ser vaciada de contenido de manera progresiva. Esa tendencia iniciada en la gestión de García continua dándose hasta el día de hoy y, probablemente, esto sirva en parte para explicar el clima de conflictividad social existente.
Se puede constatar que las instituciones que quedan de la transición democrática apenas sobreviven y han perdido el peso político y social que antes tenían. Esto no es gratuito, sino que es parte de una apuesta por alejar a la ciudadanía de los asuntos públicos como tradicional e históricamente ha sido en el Perú, donde hemos tenido y seguimos teniendo democracias de baja intensidad y ciudadanías formales más que reales.
Es así que se puede concluir que la ventana de oportunidades generada por la transición democrática tras la caída del autoritarismo en la práctica se ha cerrado totalmente, es decir que de ella no queda prácticamente nada y esa es una responsabilidad compartida de las élites políticas y económicas del país.
Esta situación de casi finalización de la transición democrática es el marco de la realidad que tenemos hoy en día; debido a esto, planteamos una revisión breve de los últimos casos de corrupción con mayor repercusión mediática.
Aurelio Pastor
Rodolfo Orellana fue detenido por ser el operador del entonces presidente regional de Ancash, César Álvarez, quien lideraba una red criminal. A Orellana se le imputa varios delitos como sobornar a jueces y fiscales (empleando S/. 45 millones) para apropiarse ilícitamente de bienes inmuebles, el uso de cooperativas y emisión de cartas-fianza para obras o servicios del Estado, interceptaciones telefónicas a opositores de Álvarez, tala y minería ilegal e inclusive narcotráfico.
Como hemos visto la corrupción se ha colado en el Estado en sus distintos niveles y poderes. Pese a esta sombra, también se avizoran luces, como que un Fiscal de la Nación sea defenestrado y un exministro de Justicia con serias acusaciones sea condenado a una pena efectiva. Sin embargo, estos dos importantes hitos en la lucha contra la impunidad se opacan al dejar en libertad a varios implicados de la red Orellana, organización criminal con fuertes nexos con el Partido Aprista y la red de corrupción montada por Álvarez.
Carlos Ramos Heredia
Fue destituido por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) del cargo de Fiscal de la Nación luego de que unos informes determinaran que favoreció al entonces gobernador regional de Áncash, César Álvarez, en las investigaciones al haber solicitado denunciar penalmente por presunto abuso de autoridad a los cuatro fiscales anticorrupción del Santa (Chimbote) que allanaron las instalaciones de la ‘La Centralita’. Otras incoherencias de Ramos han sido el encuentro sostenido con Rodolfo Orellana; no investigar a Dante Farro, expresidente de la Junta de Fiscales del Santa quien supuestamente bloqueó las investigaciones a Álvarez; el archivamiento a la investigación preliminar abierta al congresista Julio Gagó por el caso Copy Depot y el respaldo a la fiscal superior María Maguiña, quien dictaminó el retiro de la acusación de lavado de activos del narcotráfico al clan Sánchez Paredes.
Presidente regional de Ucayali
Jorge Velásquez Portocarrero, presidente del Gobierno Regional de Ucayali, tiene once demandas vigentes por presuntos actos de corrupción y sus funcionarios 106. Del total, sólo cuatro han sido judicializadas. El más grave quizá es el caso del empresario que afirma que pagó soborno de S/. 1 millón a Velásquez a cambio de ganar la buena pro de una obra de S/. 17 millones. Por su parte, la procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe, solicitó investigar a Velásquez y a trece personas de su entorno por supuestamente haber adquirido con dinero ilícito dieciséis propiedades. Uno de estos lotes situados en Pucallpa está valorizado en 200 mil dólares.
Red Orellana
Rodolfo Orellana fue detenido por ser el operador del entonces presidente regional de Ancash, César Álvarez, quien lideraba una red criminal. A Orellana se le imputa varios delitos como sobornar a jueces y fiscales (empleando S/. 45 millones) para apropiarse ilícitamente de bienes inmuebles, el uso de cooperativas y emisión de cartas-fianza para obras o servicios del Estado, interceptaciones telefónicas a opositores de Álvarez, tala y minería ilegal e inclusive narcotráfico.
La corrupción tradicional viene entrelazándose con nuevos tipos de corrupción que en algunos casos responde a una lógica más territorial, fruto de una descentralización incompleta y precaria, así como una relación creciente entre las economías ilegales que buscan capturar el poder político para sus negocios ilícitos.
Se empieza a generar un clima de opacidad en los nuevos mecanismos que promueve el gobierno para salir de la desaceleración económica, como las Asociaciones Público-Privadas, Obras por Impuestos e Iniciativas Privadas Cofinanciadas, en donde existe el riesgo de captura del Estado (de los cuales ya se han visto casos). Los montos de inversión en estos mecanismos son de miles de millones de dólares y de escasa regulación.
De otro lado, cabe recordar que en nuestra coyuntura se han abordado algunos temas que han generado movilizaciones ciudadanas haciendo retroceder polémicas decisiones de las autoridades, como el caso de la “repartija” en la designación del Defensor del Pueblo, el aporte obligatorio a las AFP por parte de los independientes y ley laboral juvenil (ley “Pulpín”). Temas que han indignado a la ciudadanía impulsándola a salir a las calles. Posiblemente el tema de corrupción tiene que llegar a sentirse así, más a flor de piel, entendiendo que si roban al Estado, te roban a ti.
Definitivamente no somos uno de los pocos países en el mundo que ha encarcelado generales, exministros e incluso un expresidente por acusaciones de violaciones de derechos humanos y casos de corrupción.
Ante ello, es necesario avivar y fortalecer el impulso democrático y ciudadano que prácticamente se ha perdido. Probablemente el inicio sea liberarnos del escepticismo y tolerancia a la corrupción para luego asumir un rol de vigilancia que nos lleve a denunciar estos actos, los cuales finalmente vulneran el derecho de todos y todas a alcanzar calidad en salud, educación, vivienda, etc.
A pesar de que las preferencias electorales ponen una vez más entre los favoritos a fuerzas políticas con serios cuestionamientos por casos de corrupción, es cierto también que hay sectores de la ciudadanía que están dispuestos a movilizarse. En este sentido suscribimos plenamente lo que el ex fiscal Avelino Guillén plantea, mantener vivo el clima de indignación ciudadana.
Katherine Morales / Giancarlo Castiglione
Grupo de Trabajo Contra la Corrupción – Forum Solidaridad Perú.
