A pocos días de iniciado el confinamiento obligatorio para enfrentar la pandemia de la COVID-19 en marzo 2020, surgieron las ollas comunes como una forma solidaria y auto organizada para alimentar a las familias de las zonas más empobrecidas y vulnerables de Lima Metropolitana y las principales ciudades del país, luchando contra el hambre. En abril de 2020, el colectivo de incidencia y acción urbana CIAUR y Cenca promovió el encuentro virtual de las ollas comunes, conformándose la Red de Ollas de Lima Metropolitana, con el objetivo de articular esfuerzos entre las ollas comunes, visibilizarlas y demandar presupuesto al Estado. En mayo de 2020, lideresas de la red de ollas de Lima Metropolitana participaron en la Mesa de Seguridad Alimentaria, articulándose a un espacio multiactoral que posibilitó el desarrollo de propuestas que fueron construyéndose a partir de las diversas experiencias de sus actores.
Las ollas comunes organizadas en la Red de Ollas de Lima, con el lema “ni el COVID, ni el hambre nos matarán”, demandaron que el Estado respete, proteja y cumpla con el derecho a la alimentación adecuada. Para ello, realizaron cacerolazos, se movilizaron y visibilizaron a través de los medios de comunicación con el apoyo de aliados en el Congreso, en la Mesa de Seguridad Alimentaria, la Iglesia y las ONGs demandando presupuesto al Estado desde un enfoque de derechos y de ayuda humanitaria.
“El objetivo de la realización plena del derecho a la alimentación para todos supone no solamente que los alimentos estén disponibles físicamente, en cantidades suficientes, y que sean económicamente asequibles; sino que además deben ser adecuados, esto es, deben satisfacer las necesidades dietéticas específicas, teniendo en cuenta, entre otros, la edad, condiciones de vida, estado de salud, ocupación y género de la persona.”[1]
De la crisis sanitaria tan dolorosa para nuestro país pasamos a la crisis alimentaria, develando, con en la pandemia, las profundas brechas de desigualdad preexistentes, expresadas en: 30% de pobreza (unos 10 millones de nuevos pobres urbanos y rurales)[2]; 6.7 millones de nuevos desempleados[3]; 75 % de informalidad; y al menos 6.8 millones de personas en inseguridad alimentaria grave (salto de comidas o hambre).[4]Según una última encuesta del IEP y Oxfam, 72% de encuestados a nivel nacional perciben a la desigualdad entre pobres y ricos como grave[5].
Algunos datos claves
A noviembre de 2021, la Red de Ollas de Lima junto con la Mesa de Seguridad Alimentaria tenía un registro de 2,468 ollas comunes registradas que atendían a más de 257 mil personas diariamente.
El Estado respondió a estas demandas asignando presupuesto del programa Qali Warma para la compra de víveres en beneficio de las ollas comunes, las mismas que son distribuidas a través de pedidos realizados por los gobiernos locales. En este proceso de distribución realizado por los gobiernos locales se generaron diversos problemas en el registro de las ollas al no incluir a algunas, o al considerar otras que no estaban funcionando; así como la utilización política en perjuicio de las ollas comunes quienes se vieron afectadas por el clientelismo político realizado por algunos gobiernos locales.
Por estas razones se propuso al MIDIS la conformación de organismos de fiscalización integrados por la sociedad civil y representantes de las ollas comunes, conformándose los comités de transparencia y acompañamiento. En el marco de la Ley 31126 se reconoce a las ollas comunes, asignándose funciones al Ministerio de desarrollo e inclusión social - MIDIS y a los gobiernos locales. En mérito de esta ley, el MIDIS emitió la R.M. N° 086-2021-MIDIS que aprobó las Directiva N° 005 que establece las disposiciones para la asistencia técnica a los Gobiernos Locales y las guías N°001 y 002 que establecen las disposiciones para el registro de las ollas comunes y el funcionamiento de los Comités de Transparencia y Acompañamiento.
A consecuencia de la presión social de las ollas comunes, el expresidente Martín Vizcarra, a través del programa Qali Warma, asignó 22 millones entre octubre y diciembre de 2020. Con Sagasti se asignó 30 millones de soles priorizándose la distribución solo para algunos distritos. Este presupuesto resultó insuficiente, pues desde la Red de Ollas de Lima se demandó más de 200 millones anuales; sin embargo, esto no fue considerado en la Ley de Presupuesto Nacional 2021, a pesar de que se planteó la necesidad de más de 2400 ollas comunes, con más de 250 mil personas alimentándose diariamente de las ollas comunes. Con Pedro Castillo se asignó para las poblaciones vulnerables, dentro de las que se consideraba a las ollas comunes, 99.6 millones de soles de julio a diciembre 2021 y 99.8 millones de julio a diciembre 2022 con asignación solo a las ollas comunes mediante el DU 017-2022. Sin embargo, esto resulta insuficiente para acceder a una alimentación adecuada y nutritiva.
La crisis alimentaria se agudiza por el conflicto de Ucrania y Rusia, por el costo elevado del combustible. A eso se suma la escasez de fertilizantes, que traen como consecuencia que los agricultores dejen de sembrar grandes hectáreas, lo que según los estudiosos traerá como consecuencia que a enero del próximo año se sientan los efectos de una crisis alimentaria más profunda. Sin embargo, el ejecutivo a la fecha no ha declarado la emergencia alimentaria, a pesar de contar con la Ley de Emergencia Alimentaria 31360.
También observamos la irrealidad y la burocratización del reconocimiento de las ollas comunes al plantearse requisitos como establecer que estas tienen que estar distanciadas por los menos una de otra en 500 metros...
Luego de reuniones en el congreso y movilizaciones se aprueba la Ley de Ollas Comunes 31458 con el objetivo de dar sostenibilidad a las ollas comunes a través de su registro, reconocimiento, financiamiento y generar instrumentos que mejoren el control y vigilancia a través de veedurías y una mayor participación de la Contraloría y el Congreso, a fin de que realice acciones de fiscalización frente al clientelismo político ejercido por algunos gobiernos locales.
Si bien esta ley permitirá un financiamiento directo para las ollas comunes, existen limitaciones desde el enfoque que es de complementación alimentaria no garantizando el derecho a la alimentación de manera adecuada.
También observamos la irrealidad y la burocratización del reconocimiento de las ollas comunes al plantearse requisitos como establecer que estas tienen que estar distanciadas por los menos una de otra en 500 metros y para poder acceder a los alimentos tienen que estar previamente reconocidas como organización social de base, no correspondiendo este tipo de disposiciones a dar respuesta a la emergencia alimentaria desde un enfoque de ayuda humanitaria que, entendemos, debe ser rápida. Es por ello que desde la red de Ollas de Lima Metropolitana y la Mesa de Seguridad Alimentaria consideramos necesaria la modificación de la ley, así como de su reglamentación.
Lo que más preocupa es que en la Ley de presupuesto para el 2023, el MIDIS no ha contemplado una asignación presupuestal para las ollas comunes. A pesar de que los expertos señalan que la crisis alimentaria se va a agudizar para el 2023, que en el registro Mankachay se encuentran registradas a nivel nacional 3,542 ollas comunes, que al 2021 la desnutrición crónica afecto al 11.5% de niñas y niños menores de 5 años y la prevalencia de anemia en la población de 6 a 35 meses afecta al 38.8%.
Queda muchos retos y desafíos hacia adelante, no solo con el presupuesto que el Estado debe asignar cubriendo un mínimo nutricional a las ollas comunes, sino también con mejorar el sistema de distribución de los víveres a las ollas comunes; implementar un sistema de tarjetas para la entrega de alimentos que a su vez rompa con el clientelismo político y permita adquirir alimentos nutritivos; la recuperación de alimentos de manera descentralizada contribuyendo a la lucha contra el hambre y con el medio ambiente; modificar la ley de donaciones en el sentido de exonerar de impuestos siempre que la donación sea de alimentos saludables; promover las compras directas a los agricultores familiares en beneficio de las ollas comunes; acercar los diversos programas del Estado hacia las ollas comunes, como el programa a comer pescado, el programa nacional de empleabilidad, el programa aurora, para desarrollar las capacidades de las mujeres de las ollas comunes acercando oportunidades educativas, productivas, fortaleciendo liderazgos a partir de la toma de conciencia de derechos, del ejercicio de ciudadanía, la gobernanza colaborativa, que permitan avanzar hacia el inicio de transformaciones por el bien común.
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[1] Olivier De Schutter Relator especial por el derecho a la alimentación adecuada http://www.srfood.org/es/nutricion
[2] Según el INEI la pobreza monetaria afecto al 30.1% de la población en el año 2020.
[3] El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú indicó que durante el segundo trimestre de 2020, 6.720.000 peruanos quedaron sin empleo en el marco de la pandemia del coronavirus (COVID-19).
[4] Informe the state of food security and nutrition in the world FAO 2022.
[5] ENADES 2022 elaborada por IEP y OXFAM.
Verano 2022 / 2023
Esther Álvarez Estrada
Red de Ollas de Lima
Red de Ollas de Lima
