La minería ilegal y su impacto en la salud, cultura y territorio de la provincia de Condorcanqui

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La minería ilegal genera impactos que, en muchos casos, son irreversibles sobre la salud y cultura de las poblaciones indígenas, como la Awajún – Wampis, afectando gran parte de la biodiversidad en sus territorios. Un ejemplo de ello es la provincia de Condorcanqui, región de Amazonas, donde fue posible observar las huellas concretas que deja la minería ilegal y que demuestran la gravedad de los hechos que enfrentan los pueblos indígenas, consecuencia de las desventajas sociales, económicas y legislativas-normativas frente a la actividad minera ilegal. El presente artículo resume un estudio más amplio que se realizó en la zona previamente mencionada durante el año 2021. Se exponen los principales resultados, interpretaciones y recursos legales empleados por aquellas comunidades indígenas que se encuentran en contra de cualquier actividad minera, así como de los que están a favor de la misma.

Hay que empezar señalando la situación en la provincia respecto a la minería ilegal. Es aquí donde el estudio indica que no se puede determinar comunidades que estén a favor o en contra de la minería ilegal; ya que existen algunos indígenas que favorecen la minería ilegal, y otros que la rechazan y conviven en la misma comunidad nativa. Además, las respuestas del gobierno peruano frente a la minería ilegal en la zona son fragmentadas y poco eficaces, pasando inadvertidas en territorios indígenas donde su legitimidad es inexistente. Esta situación se acrecienta por el déficit de capacidades y presupuesto estatal para la comprensión de un problema complejo.

Se puede determinar tres áreas de explotación de minería ilegal en la zona: la cuenca del río Cenepa, cuenca del río Santiago, y la cordillera del Cóndor. En estos dos primeros lugares existe desinformación respecto al tipo de explotación minera que se realiza. Los diferentes actores que dieron su testimonio señalan que se trabaja con “dragas” y otros métodos mecanizados; pero por las imágenes y conocimiento de la zona, sólo se está trabajando motores de succión de poca capacidad.

En la cordillera del Cóndor la situación es diferente, porque se trabaja con minería filoneana de socavón y la relación entre mineros peruanos y ecuatorianos es bastante fluida. Esta minería tiene como destino el Ecuador, donde se lleva a procesar el oro y comercializarlo. Este lugar es el más cuestionado por las organizaciones indígenas y defensores ambientales, pero tampoco existe respuesta de los gobiernos de Ecuador y Perú respecto a cómo ordenar la actividad extractiva. Esta zona minera es un problema binacional que demanda una atención urgente de parte de los gobiernos.

Los factores que condicionan la proliferación de la actividad ilegal es principalmente la extrema pobreza que tiene la población de Condorcanqui. La provincia cuenta con un 93% de personas consideradas pobre extremo (62,283 personas), 2% es pobre (1,392 personas) y 5% no pobre (3,110 personas). Esta situación, junto al aspecto económico y educacional, condicionan fuertemente a los pobladores a realizar la minería ilegal, aun a costas de su salud.

Unos de los impactos más preocupantes son los relacionados a aspectos de salud, siendo el mercurio el principal elemento usado para procesar el oro que se extrae; ya sea aluvial en las cuencas de los ríos Cenepa y Santiago o de socavón como se realiza en la cordillera del cóndor. No es de extrañar que la población comience a presentar cuadros clínicos relacionados a la contaminación por mercurio, lo sorprendente es que en el centro de salud de Santa María de Nieva no tenga conocimiento de casos de enfermedades producto de la exposición directa a este metal.

La poca información respecto a casos de enfermedades que se pueden atribuir a las actividades de minera ilegal provino de agentes que no pertenecen al centro de salud, en forma de comentarios que fueron tomados como referencias; ya que las únicas pruebas en materia de salud las debe de proporcionar el centro de salud de cada uno de los distritos de la provincia Condorcanqui.

Los altos niveles de pobreza de la región de Condorcanqui ocasiona que muchos pobladores tengan que recurrir a las actividades mineras ilegales, incluso cuando eso atenta contra su propia salud y cultura.

Otro impacto relacionado a la salud es el de enfermedades de trasmisión sexual como VIH/SIDA, según la Sala Situacional VIH/SIDA, CDC Perú, la provincia de Condorcanqui ha presentado un crecimiento exponencial de los casos detectados de esta enfermedad teniendo sus picos más altos en 2016, 2017 y 2020 con 116, 137 y 107 diagnósticos respectivamente.

Estos datos podrían estar en relación con el crecimiento de la minería en la zona. Los actores locales manifiestan que se ha podido observar un incremento de esta actividad en estos años, por otro lado, estos números de casos habría que tomarlos con cautela pues no reflejaría la verdadera situación de la enfermedad en el lugar de estudio. La literatura especializada señala que la cifra podría ser mucho mayor a la señalada por el Ministerio de Salud; ya que existe un marco cultural en torno a la enfermedad entre los Awajun y Wampis, que coloca el suigéneris de la enfermedad por efectos de la brujería, lo cual evita que la enfermedad sea diagnosticada a tiempo y termine expandiendo su radio de contagio entre estas dos comunidades.

Dentro de estos acápites también se exponen las consecuencias negativas que la actividad ilegal minera ha traído para las poblaciones indígenas en el plano de la salud, la cultura y la biodiversidad. Se hace énfasis en los cambios culturales bajo la condición de desigualdad en que se encuentran las comunidades indígenas de Condorcanqui, llevándolos a una dinámica en la que los bosques y la naturaleza pierden su significado social y espiritual. Todas estas situaciones guardan una estrecha relación con las actividades extractivas ilegales, como la minería aurífera en las cuencas de los ríos Santiago, Cenepa, Nieva o la zona de la cordillera del Cóndor, cuyos efectos contaminantes también alcanzan a las comunidades de los ríos ya mencionados.

Por otro lado, la violencia en la zona de Condorcanqui ha ido en aumento y también el crecimiento de lugares en donde se ejerce la prostitución y la trata de personas (hechos que claramente atentan contra los Derechos Humanos). Además, de los casos de violencia intrafamiliar de toda índole de las cuales son víctimas especialmente las mujeres, y esto podría estar relacionado de alguna forma a la actividad minera ilegal.

Por último, la crisis de la representación política en la zona se ha visto fuertemente acelerada; ya que, la minería, al generar contradicciones con los pobladores y sus autoridades u organizaciones, demuestra que existe una clara crisis de representación en las comunidades indígenas. Crisis que, en muchos casos, es exacerbada por los mineros ilegales, impidiendo que los defensores ambientales y de derechos humanos, en muchos casos, puedan ejercer su rol, pues son constantemente amenazados o se les prohíbe el ingreso a las comunidades que ejercen la minería ilegal. Por ende, las comunidades que en algún momento se mostraron en contra se ven prácticamente obligadas a aceptar estas actividades extractivas en sus territorios, o como en muchos casos, terminan dividiéndose.

Por último, a modo de conclusiones, como consecuencia de la fuerte crisis de representación indígena en la zona se genera el distanciamiento de las comunidades indígenas, la divergencia de ideas que obstruyen la mirada global de la problemática en la región, la separación y la obstrucción comunicativa con el Estado y las organizaciones a favor de los derechos humanos y ambientales haciendo decaer sus intentos ante el acelerado proceso de la perdida de la identidad étnica, la contaminación ambiental y la salud.

Otoño 2022


Víctor Hugo Pachas

Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica – SAIPE

 

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