Abel HUAMAN YALLI
Perú vivió durante el 2020, y aún en el 2021, una de las crisis más catastróficas de su historia. Primero, la pandemia COVID-19 que ha desenmascarado todas las deficiencias que se tenían como país; en la cual se mostró brechas preponderantes en el acceso a la salud, la educación, el trabajo y otros. Segundo, la crisis política que se venía arrastrando desde los años anteriores, como la renuncia del expresidente Kuczynski, el cierre del Congreso por el también expresidente Vizcarra y la vacancia del mismo.
Esto último desbordó la paciencia de los ciudadanos, en particular de las juventudes, que salieron a marchar multitudinariamente en todas las regiones del país sin importarles contagiarse por la COVID-19 con tal de hacer escuchar sus voces y defender la democracia. En ese contexto nace la frase “Generación del Bicentenario”, con carteles en mano que señalaban: “Merino no me representas”, “se han metido con la generación equivocada”, “no se trata de Vizcarra se trata del Perú”, “congresistas traidores” y muchas otras expresiones. Esta movilización llevó a la renuncia de Merino; pero costó sangre, sudor y hasta la vida de dos jóvenes, Inti Sotelo y Bryan Pintado, que serán recordados como los mártires de la democracia del Bicentenario.
Muchos se preguntarán, ¿quién es esta Generación del Bicentenario? Son las juventudes de todas las regiones del país que, desde sus diversidades, actuaron por una causa justa, tomando como sus aliados a las redes sociales (Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok y Telegram), y que están hartos de la política tradicional, de la corrupción y de que todo vaya mal. Ellos motivaron a sus padres y abuelos a ir asomándose a las ventanas y azoteas, con ollas en mano, para realizar “el cacerolazo”
Estas juventudes estarán pendientes, vigilantes, a lo que pasa en el país; y se organizarán nuevamente cuando alguien vulnere sus intereses.
En estos momentos tan difíciles el país necesita, como criterios políticos, dejar de lado las discrepancias que se tienen entre el Legislativo y el Ejecutivo para así trabajar aunadamente contra este virus de la COVID-19 y la crisis que generó (salud, trabajo, educación y otros). A corto plazo, está la necesidad de acceso a las camas UCI, al oxígeno y a hacer cumplir las restricciones decretadas para contrarrestar esta segunda ola. A mediano y largo plazo es asegurar las vacunas para este año, las elecciones del 11 de abril, disminuir la brecha para el acceso a la educación virtual, al trabajo, entre otros.
Antonella Tucto Delgado
Este 2021 no es un año ordinario por diferentes motivos: la ciudadanía tiene la oportunidad de elegir a nuevos representantes en las urnas, la pandemia y sus efectos continúan arrebatando vidas, se tiene como deuda la justicia a las víctimas de las protestas. Finalmente, este año representa el cumplimiento de los 200 años de la proclamación de independencia de nuestro país. 200 años que determinarían el alcance y fortaleza de nuestra república. A continuación, se expondrán 3 temas que pueden ayudar a (re)pensar el ingreso al bicentenario.
Mientras se continúe con un sistema que favorezca el crecimiento económico sobre la igualdad social, que sirva a grupos de poder y socave la calidad de vida de la mayoría de la población, y que el acceso a derechos o a la justicia esté restringido por las limitaciones de los marcos legales y jurídicos, seguiremos bajo un régimen que no permite el desarrollo íntegro de la ciudadanía.
El primer tema está referido a la prioridad de atender la pandemia desde la vacunación. A comienzos del año el Presidente Sagasti anunció la llegada del primer lote de vacunas, el cual llegó, con retraso, en febrero. Muchos estábamos a la expectativa de esta luz de esperanza que aterrizaba finalmente en nuestro país. Sumidos en la segunda ola de contagios y muertes, quedaba la promesa de que la estrategia #YoPongoElHombro podría rescatarnos, comenzando con aquellos que están en la primera línea de batalla. Sin embargo, nos dimos de cara, una vez más, con el destape del Vacunagate, otro acto de corrupción que involucra desde altos funcionarios responsables de afrontar la emergencia sanitaria hasta sus compinches fuera del gobierno. Nos indignamos y repudiamos estos actos de traición cometidos hacia la patria, hacia las vidas que se pudieron salvar; sin embargo, como sociedad no somos ajenos a las prácticas de corrupción que hemos normalizado en el día a día, como el colarse en una fila, con la diferencia que, en esa fila, no está en juego la vida de tu ser amado.
El segundo tema está referido a los efectos de las protestas contra la vacancia y el gobierno de Merino, así como a las protestas del sector agrario. El hartazgo social sobre la crisis, desembocada por el Legislativo y el Ejecutivo, culminó con la criminalización del derecho a la protesta pacífica, dejando cuatro fallecidos en las manifestaciones sociales. A la fecha, diversas instituciones que defienden los derechos humanos[1] se han pronunciado sobre el abuso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, por parte del gobierno aún no hay sentencias a los responsables políticos y materiales de las represiones sociales. No hay reparación (ni económica ni psicológica) a los familiares de las víctimas, solo hechos simbólicos aprovechados en eventos oficiales. La sociedad civil continúa demandando atención y sanción por quienes levantaron su voz de protesta y murieron en la lucha por la democracia y los derechos laborales.
Finalmente, el último tema radica en las próximas elecciones que serán clave para atender los asuntos ya anteriormente mencionados y, a la vez, los que quedan prorrogados para el nuevo mandato, como el debate de una nueva constitución. Las elecciones se enmarcan en un contexto bastante crítico, y simbólico, por los 200 años de la declaración de independencia del Perú, en el cual resuena el clamor popular por un nuevo contrato social. Para lograr consensuar un pacto social se requiere de un cuerpo político que asuma como su hoja de ruta el cambio estructural de las leyes que nos rigen y la gestión de las instituciones que nos gobiernan, poniendo en primer lugar al ciudadano/a de a pie, y de allí la distribución de servicios básicos de calidad; y garantía y universalización de derechos. Mientras se continúe con un sistema que favorezca el crecimiento económico sobre la igualdad social, que sirva a grupos de poder y socave la calidad de vida de la mayoría de la población, y que el acceso a derechos o a la justicia esté restringido por las limitaciones de los marcos legales y jurídicos, seguiremos bajo un régimen que no permite el desarrollo íntegro de la ciudadanía. Renovar la democracia no solo debe ser una promesa quinquenal, sino un cambio estructural.
Los puntos anteriormente señalados son algunas referencias a los problemas políticos y sociales que se han ido diseminando en la configuración del Perú como república. No obstante, la generación bicentenario ha demostrado y demuestra tener memoria y acción frente a la vulneración de los derechos, y seguirá visibilizando las carencias del sistema insostenible en el que vivimos.
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[1] La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Otoño 2021
Abel HUAMAN YALLI
Centro Loyola Ayacucho
Antonella Tucto Delgado
Activista en Plataforma Comadres
