Necesidad de una ciudadanía activa en el proceso de Reconstrucción

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El 25 de abril el Congreso aprobó la Ley para la Reconstrucción con Cambios, a fin de rehabilitar las zonas afectadas por las lluvias e inundaciones provocadas por El Niño Costero.

Durante el evento de Diálogo por la Concertación: “Después de la Emergencia ¿Qué? Escenarios y Oportunidades para el Desarrollo Sostenible”, organizado por la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza el 05 de mayo, el Primer Ministro Fernando Zavala anunció la inversión de 20 mil millones de soles para el proceso reconstrucción en las regiones afectadas por los desastres, ocasionados por el fenómeno el Niño Costero. Su ejecución duraría aproximadamente 3 años y estaría coordinada con los gobiernos regionales y locales, abordando los temas de vivienda, agua, salud, educación y trabajo temporal. Para esta misión se nombró, como Director Ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción, a Pablo de la Flor, señalando que es un hombre que tiene experiencia en el sector público y en el sector privado, conocedor de la realidad social del país y buen comunicador.

Anteriormente, el 29 de abril, se aprobó la Ley N° 30556, Ley de Reconstrucción, en el Congreso de la República. El Articulo 1 (sobre el Objeto de la Ley) dice: : “Declárase prioritaria, de interés nacional y necesidad pública la implementación y ejecución de un plan integral para la rehabilitación, reposición, reconstrucción y construcción de la infraestructura de uso público de calidad incluyendo salud, educación, programas de vivienda de interés social y reactivación económica de los sectores productivos, con enfoque de gestión del riesgo de desastres, que incluya intervenciones que en conjunto tienen alto impacto económico, social y ambiental, como consecuencia de acciones que califiquen como nivel de emergencia 4 y 5 en las zonas de riesgo alto y muy alto de conformidad con la legislación sobre la materia, así como las intervenciones de alcance nacional en dichas zonas”.

Este proceso de Reconstrucción en las zonas afectadas por el fenómeno El Niño Costero puede llevarse a cabo de dos modos: un proceso vertical y otro democrático. Si se realiza de manera vertical, probablemente genere conflictos entre el Gobierno Central y los Gobiernos Subnacionales (Regional y Local), y también con la población destinataria; pero si se procede democráticamente, a través de mecanismos de diálogo y coordinación entre los diferentes niveles de gobiernos, y se involucra la participación activa y organizada de la población destinataria, habrá mayores probabilidades de que existan menos contradicciones, paralizaciones y actos de corrupción. En este caso lo que debe primar es el interés común, pues suele suceder que los menos pudientes (que son la mayoría) acaban siendo los menos favorecidos; y, los más pudientes (que son la minoría) terminan siendo favorecidos. Es por eso que debe plantearse una línea transversal en el proceso de reconstrucción: la participación ciudadana directa y representativa. Aunque en el Art. 4, inciso K de la Ley de Reconstrucción escuetamente dice: “desarrolla canales de comunicación y coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales y la población”. Después no se menciona más sobre la participación de la población.

El empresario Pablo de la Flor Belaunde fue designado director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

En el Art. 3 de la misma Ley se señala la instalación de un Directorio, presidido por el Presidente del Consejo de Ministros e integrado por cuatro Ministros (Economía y Finanzas, Transportes y Comunicaciones, Agricultura y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento), para el seguimiento y vigilancia de la ejecución del Plan de Reconstrucción. Acogiéndose a esta idea legal, y a los señalado en el Art. 4, inciso K, se pueden establecer Directorios Regionales que sean presididos por los Gobernadores Regionales, lo que significaría darle el papel que les corresponde, donde no solamente participen los funcionares de los sectores del Estado o alcaldes municipales, sino también la ciudadanía organizada. Lo mismo podría establecerse a nivel local (provincial y distrital) que estarían siendo presididos por alcaldes provinciales o alcaldes distritales. De esta manera, el seguimiento y vigilancia a la ejecución del Plan de Reconstrucción sería mucho más eficaz y participativo, tanto “de arriba hacia abajo” como “de abajo hacia arriba”. Esta idea debería ser considerada como un elemento más en el proceso de reconstrucción, si se quiere que sea democrático.

Paralelamente a esta dinámica antes expuesta, los gobiernos distritales, quienes están más cerca a la realidad y sentimiento del pueblo, deberían reactivar sus Consejos de Coordinación Local Distrital (CCLD), que está conformado por el alcalde, los regidores y representantes de las organizaciones de la sociedad civil, para así orientar las políticas y recursos públicos al fortalecimiento del proceso de reconstrucción dentro de sus jurisdicciones, además para convocar Cabildos Abiertos o Audiencias Vecinales que sirvan como espacios de escucha de las quejas, demandas y propuestas de la población, asimismo para que las autoridades rindan cuentas a la ciudadanía.

Para que el Estado no sea juez y parte en la ejecución del Plan de Reconstrucción, es importante que la ciudadanía destinataria se organice, capacite y se constituya en Comités de Obras, Comités de Vigilancia y Comités de Lucha, de tal manera que asuman un protagonismo activo y propositivo en el proceso de reconstrucción, proponiendo, colaborando, vigilando y exigiendo. Por otro lado, una lucha sin tregua deberá hacer frente a la corrupción y los abusos de autoridad, que siempre están a la orden del día.

Para el país, este proceso de reconstrucción puede ser la gran oportunidad para contribuir al fortalecimiento institucional del Estado, la justicia social y la construcción de un nuevo modelo de ciudad moderna, segura, ecológica, gobernable y con oportunidad de desarrollo para todos y todas.

Esperemos que esta experiencia no acabe como la experiencia “frustrada” de Pisco, evitemos que se vuelva a repetir. Pero para todo esto es fundamental saber por cuál de los modos de proceder se opta: por la reconstrucción vertical o por la reconstrucción democrática. La diferencia entre ambas, no cabe duda, es sumamente abismal. En el caso de que los responsables de Estado opten por un proceso de reconstrucción vertical, solo queda saber cuál será la decisión que tome la población damnificada y afectada. Si la población decide por una reconstrucción democrática, esta no será tan fácil porque estarían rompiendo con la vieja cultura autoritaria que ha hecho mucho daño al país, pero sería un comienzo para tener nuevas esperanzas en un futuro más cercano y diferente.

Invierno 2017


Félix Guillén Ayala

Director de Servicios Educativos El Agustino – SEA. Coordinador de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza – MCLCP de Lima Metropolitana.

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