Existe una injusticia profunda, global, entre aquellos que generan el cambio climático y aquellos que están en mayor riesgo o vulnerabilidad ante sus impactos. Decenas de millones de personas de nuestra región en América Latina, una región con mayor índice de desigualdad del planeta, tienen sus viviendas, medios de vida e infraestructuras amenazados y, sin embargo, su contribución al calentamiento global ha sido y sigue siendo mínima. El Perú no es exento a ello.
El cambio climático tiene estrecha relación con la alteración de ciclos de lluvias, olas de temperatura (de calor o frío), desertificación y erosión de suelos, mayor escasez de agua, subida del nivel del mar, entre otros fenómenos (IPCC, 2021), que impactan en forma de desastres. Perú es uno de los países con mayor vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático (Brooks, N. y Adger N., 2003) por lo que es necesario articular, desde todas las instancias de gobierno, acciones de adaptación articuladas con la prevención, preparación, reducción de riesgos, respuesta y reconstrucción ante los desastres atribuidos al cambio climático.
El cambio climático es un amplificador de las desigualdades económicas, sociales y étnicas, de la pérdida de biodiversidad y vulneración de nuestros derechos.
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en su artículo 1, define el cambio climático como “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables” (IPCC 2014).
El cambio climático representa uno de los grandes desafíos de la humanidad en este siglo. Los principales impactos esperados, y que algunos ya los sufrimos en Perú, se expresan con inundaciones, sequías, degradación del suelo y reducción de la producción agrícola; sea por el aumento (o reducción drástica) de la temperatura, como por aumento o disminución de las precipitaciones. La deglaciación de nuestros nevados, ya evidente en nuestra cordillera andina, ponen en riesgo nuestra seguridad física y alimentaria, agravando o favoreciendo la aparición de enfermedades (IPCC 2021). Nuestra débil gobernanza del agua y saneamiento con desigual acceso, además de la insuficiente infraestructura y financiamiento, juntos configuran un cocktail peligroso que reduce nuestra capacidad de adaptación, que a su vez incrementa y crea nuevas vulnerabilidades. En el Perú, se definen múltiples vulnerabilidades climáticas alrededor del agua, sea por lluvias intensas o por sequía; donde, en ambos casos, afectaría nuestra fuente principal de energía (hidroenergía) y alimentaria.
Se requieren profundos cambios, con un enfoque integral, multidimensional, de justicia climática, de transición justa, de respeto a los derechos humanos, y que detenga la devastación de nuestros ecosistemas; los cuales representan una fuente de vida y dependen nuestras economías nacionales y locales.
El cambio climático es un amplificador de las desigualdades económicas, sociales y étnicas, de la pérdida de biodiversidad y vulneración de nuestros derechos. Asimismo, impacta de manera desigual a las poblaciones más vulnerables y pobres.
Compromisos internacionales y nacionales ante el cambio climático ¿Quo Vadis?
El Acuerdo de París[1], suscrito por el Gobierno Peruano en la Conferencia de las Partes (CoP) el 2015, propone reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para evitar que la temperatura media global del planeta aumente 2°C al 2100, respecto de los niveles preindustriales, aunque las emisiones siguen aumentando y ya están un 50% arriba del nivel de 1990). Por ello, Greta Thunberg, joven activista climática, reclamó que se detuviera el “Blah, blah, blah”[2] e insistió, a las afueras de la COP26 en Glasgow (noviembre 2021), que el cambio no vendrá de allí. Que el verdadero cambio vendrá del liderazgo de los jóvenes y la población organizada y movilizada. A la COP26 asistieron una serie de organizaciones interreligiosas, interactuando con jóvenes, niños, organizaciones indígenas y acompañando a activistas ambientales y climáticos.
El 2015 los países presentaron sus Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), con compromisos para reducir sus emisiones de GEI, pero aún con su segunda versión, no evitan que el planeta supere los 2°C de incremento de temperatura global. Se requiere aumentar la ambición y esto, desgraciadamente, tampoco ocurrió en Glasgow.
En Perú, contamos con la Ley N° 30754, Ley sobre Cambio Climático 2018, que otorga competencias a los gobiernos locales para elaborar, aprobar, implementar, monitorear, evaluar y actualizar sus respectivos Planes Locales de Cambio Climático (PLCC), en concordancia y conformidad con las respectivas Estrategias Regionales de Cambio Climático (ERCC) y nuestras Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC).
Allí se insiste en la gestión integral del cambio climático definida como una planificación participativa, transparente e inclusiva para diseñar, ejecutar, monitorear, evaluar, reportar y difundir políticas, estrategias, planes, programas y proyectos orientados a reducir nuestra vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, reducir las emisiones e incrementar las remociones de GEI; considerando los enfoques de interculturalidad, género e intergeneracional, construida bajo un proceso de concertación multisectorial, multiactor y multinivel. En el capítulo II de la Ley, define también las competencias y funciones, bajo un proceso participativo, transparente e inclusivo de los actores públicos y privados, incorporando por primera vez a gobiernos locales y actores no estatales.
Recientemente, el presidente firmó el DS N° 003-2022-MINAM que declara de interés nacional la Emergencia Climática. Reconociéndola como una amenaza a la supervivencia humana, al ambiente y al disfrute de nuestros derechos humanos, de generaciones presentes y futuras, es un gran paso reconocer formalmente la urgencia de actuar.
Esta declaración busca “ejecutar con carácter de urgencia medidas para implementar la acción climática de acuerdo con lo establecido en las NDC al 2030, …la reducción de las brechas socioeconómicas y la reducción de los riesgos y la vulnerabilidad ante los efectos adversos del cambio climático” priorizando medidas de adaptación y mitigación.
Menciona que “los actores no estatales, academia, colegios profesionales, mujeres, pueblos indígenas u originarios, pueblo afroperuano, jóvenes, representantes de la Mesa de concertación de lucha contra la pobreza, organizaciones no gubernamentales ambientales, sindicatos de trabajadores, y sector privado promueven la acción climática concertada, en el marco de la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático”, aunque no menciona explícitamente a las organizaciones interreligiosas. Tampoco asigna medidas de prioridad al Ministerio de Vivienda, al SINAGERD, al CEPLAN[3] ni a los Gobiernos Regionales ni Locales (ni su respectivo presupuesto).
Siendo el cambio climático transversal al desarrollo se requiere clarificar su rol en un marco institucional peruano centralista, fragmentado y sectorializado. Tendremos que respondernos a la pregunta: ¿cómo integrar capacidades de anticipación, adaptación, aprovechamiento de oportunidades y manejar de pérdidas y daños ante escenarios de cambio climático, articulados desde la gestión ambiental, la reducción de desastre[4], del riesgo climático[5], el riesgo cotidiano[6] y (ahora también) el riesgo sanitario por la pandemia?
Nuestra principal vulnerabilidad sigue siendo nuestra débil institucionalidad para manejar estos desafíos. Rehabilitar, reconstruir e invertir sin tener que volver a la situación anterior, requiere anticipar las proyecciones de los impactos del cambio climático. Asimismo, se debe de reducir nuestros riesgos de desastre y tratarlos como fenómenos cíclicos, reiterativos, que ya constituían antes de la pandemia, para evitar que estos desastres sigan afectando en forma sistemática y recurrente, incluso a las mismas poblaciones ya empobrecidas y afectadas.
Parafraseando a Greta, la acción climática y con justicia, será local, participativa y con movilización social o no será.
Referencias
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[1] https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/el-acuerdo-de-paris Visitado el 24/01/2022 (Organización de las Naciones Unidas, 2015) https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es, http://newsroom.unfccc.int/es/acuerdo-de-paris/el-acuerdo-de-paris-entra-en-vigor-tiempo-de-celebracion-y-de-realismo/, https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_de_Par%C3%ADs_(2015)
[2] https://www.youtube.com/watch?v=8B8lil-JOns
[3] Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
[4] Entendidos como los riesgos de desastres estructurales (ej. Terremotos, tsunami, avalanchas, erupciones volcánicas, inundaciones)
[5] Riesgos asociados a los impactos de los escenarios de cambio climático (ej. lluvia intensa, sequía, incendios forestales, olas de temperatura, subida del nivel del mar, epidemias, entre otros)
[6] También conocido como riesgo crónico, diversos riesgos ambientales y desastres episódicos, repetitivos y, a menudo no registrados, de pequeña escala, se acumulan en determinadas localidades, generalmente las más pobres, a través de procesos a menudo invisibles e ignorados (ej. Incendios urbanos, caídas, pequeños derrumbes, caídas de rocas, deslizamientos, inundaciones, entre otros).
Otoño 2022
Liliana Miranda
Foro Ciudades para la Vida
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