El día 27 de octubre, en la ciudad de Huamanga (Ayacucho), se realizó una restitución de cuerpos; es decir, el Estado entregó a sus familiares a 67 víctimas del conflicto que murieron a manos de Sendero Luminoso o de agentes del Estado, y que fueron exhumados e identificados en los últimos años.
Por las calles de Ayacucho desfilaron 67 ataúdes blancos sobre los hombros de sus seres queridos, de algunos alumnos de colegio y de unas cuantas personas que acompañaron este acto. La mayoría seguía con su rutina diaria, como si 67 ataúdes no fueran razón para preguntarnos, para reaccionar. Tal vez, todavía no lo son. Ese día, el Fiscal de la Nación, quien participó por primera vez en un acto de esta naturaleza, reveló algunas cifras sobre el trabajo forense del Equipo Forense Especializado del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, entidad del Estado encargada de las exhumaciones e identificaciones de las víctimas:
Desde el año 2006 hasta julio del 2014 se han exhumado 2,925 cuerpos; se han identificado 1,689 y se han entregado a sus familiares (restituido) 1,485.
El proceso de búsqueda de un desaparecido en nuestro país pasa por la decisión de los familiares de asumir un proceso judicial y poner una denuncia ante la fiscalía para buscar y exhumar a la víctima. Para ello, los familiares deben presentar testigos que narren lo ocurrido o que hagan referencia al lugar de entierro, señalar dónde está enterrada la víctima y quiénes son los posibles responsables.
El año pasado, las Fiscalías Encargadas de Derechos Humanos en Ayacucho archivaron 1,335 casos[1] por falta de pruebas, por falta de información, cerrando así cualquier posibilidad de alcanzar justicia para los familiares.
El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, presentado al país el 2003, nos informó de 8.558 desaparecidos. Diez años después, las cifras del Estado, a través del Ministerio Público, nos dicen que son 15,731[2]; sin embargo, esta cifra no ha sido depurada ni contrastada con otras listas. El Equipo Peruano de Antropología Forense- EPAF, en el 2007, presentó al Comité Internacional de la Cruz Roja una lista contrastada de 13,271 nombres. El Registro Único de Víctimas, a marzo del 2013, tiene registrados 7,399 desaparecidos.
Todas estas cifras distintas, a lo largo de los últimos 10 años, nos demuestran que no conocemos cuántos son los desaparecidos en nuestro país o a cuántos debemos buscar, y ese desconocimiento hace que no tengamos estrategias de búsqueda. Si nos basamos en esta última cifra, 15,000 desaparecidos, lo que se ha avanzado hasta la fecha es sólo el 10% de todo lo que se necesita hacer.
Nos preguntamos, entonces, si el problema de los desaparecidos solo es un problema de sus familiares o de sus comunidades. ¿No es acaso un problema de todos, del país, que nos falten 15 mil peruanos y que no nos preocupemos por saber dónde están? ¿Acaso el saber no es un derecho de la familia?, ¿los seres humanos no tenemos derecho a recuperar los restos de los seres queridos y a un entierro digno para terminar con esta tortura permanente? ¿Qué se ha hecho entonces para atender el problema de los desaparecidos?
El Ministerio Público argumenta que no tiene los recursos suficientes para realizar una buena investigación preliminar: entrevistar a testigos en sus propias comunidades, reconstruir las historias del hecho, verificar la existencia de sitios de entierro, recoger la información Antemortem de los familiares para una posible identificación de la víctima. Ha mejorado sus procesos, sin duda, pero no son suficientes, porque exhumar no es buscar a los desaparecidos. De las cifras oficiales, tenemos 1,276 cuerpos que están sin identificar; que pasaron de ser NN en una tumba clandestina a ser un NN en algún almacén del Ministerio Público.
¿De qué sirve recuperar a estos NN de las fosas si los convertimos en NN en un almacén? ¿Acaso no tienen familia que los busca, acaso no tienen derecho a un entierro digno? ¿Acaso no vale la pena gastar dinero público para identificarlos? Ese es el problema cuando pensamos que exhumar es la respuesta a la búsqueda de los desaparecidos; y no lo es, hay que investigar, hay que buscar información, buscar a sus familiares; hacer campañas de recojo de muestras de ADN a los familiares pues muchos se están muriendo sin saber y con esa muerte se llevan una valiosa información genética que, a la larga, podría servir para identificar a esos 1000 NN. Los desaparecidos siguen siendo los invisibles, aquellas personas que no importan para el Estado, de quienes se puede prescindir porque la mayoría de ellos son campesinos, quechuahablantes, son “el otro”; no son como nosotros y por eso no generan empatía, por eso nadie se preocupa en implementar políticas de búsqueda.
El EPAF ha venido planteando, desde el 2009, la necesidad de búsquedas humanitarias que den respuestas a los familiares y que se desliguen, de alguna manera, de los procesos judiciales. No que se opongan a ellos, sino que se priorice la búsqueda y la identificación de las víctimas. Entendemos que las funciones principales del Ministerio Público, entre otras, son: la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, la representación de la sociedad en juicio[3]; como también la investigación del delito[4], y no planteamos que se renuncie a ello. Los familiares y la sociedad tenemos derecho a identificar a los responsables de estos crímenes de violaciones a los derechos humanos, pero los familiares de los desaparecidos exigen saber, quieren respuestas, quieren cerrar su duelo, quieren recuperar el cuerpo de sus seres queridos para enterrarlos dignamente.
Está pendiente la creación de políticas públicas que articule esta búsqueda entre las instituciones del Estado, los organismos de la sociedad civil y las organizaciones de familiares, a través de una entidad específica para esta función que recoja información, la centralice, verifique e investigue; y que todo ese proceso cuente con el acompañamiento psicosocial y soporte emocional necesario para no re-victimizar a los familiares o testigos[5], así como apoyar con los gastos que este procesos ocasiona a los familiares.
Desaparecido: ¿Cómo darle significado a una palabra que sólo simboliza el no saber, el seguir buscando, la negación de lo ocurrido, la larga espera, la negación al duelo, al entierro digno, a la necesidad de la recuperación de la identidad? Hay que darle otro significado a esa palabra: persona con nombre y apellido, con historias, con familia, igual que yo, víctima de... Sólo así podremos entender este drama de los familiares y su urgencia en respuestas, solo así reconoceremos su condición de ciudadano, también de quienes no están: ni vivos ni muertos sino desaparecidos. Es urgente romper con la indiferencia, abrir los ojos y sumar voces para que el Estado brinde atención a este problema que debería ser de todos.
[tabs] [tab title="EPAF"]El Equipo Peruano de Antropología Forense –EPAF es una organización sin fines de lucro creada en el 2003. Trabaja en la búsqueda de personas desaparecidas, análisis de las víctimas e identificación; recojo de memorias individuales y colectivas y en capacitación en temas de antropología forense. Desde su fundación, EPAF ha recuperado 179 víctimas, analizado 486 individuos e identificado a 214 víctimas. Ha recogido cerca de 4,000 Fichas Antemortem, principalmente en Ayacucho; 924 muestras de referencias de los familiares y 534 muestras óseas de las víctimas. Todo este trabajo se realiza con fondos de la Cooperación Internacional, sin costo para el Estado, y que coadyuva en el derecho a saber de los familiares.[/tab] [/tabs][1] http://www.larepublica.pe/29-09-2013/fiscalias-de-ddhh-y-de-terrorismo-de-ayacucho-archivaron-1335-casos
[2] Ver el Documento de Trabajo sobre las Medidas adoptadas por diferentes sectores en relación a la Resolución AG/RES (XLI-O/11) “Las personas desaparecidas y la asistencia a sus familiares”. Lima: Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 2011. Como el Estado peruano no ha indicado las fuentes de información que usó, debemos considerar estas cifras como preliminares.
[3] http://www.peru.gob.pe/directorio/pep_directorio_detalle_institucion.asp?cod_institucion=10044
[4] http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_per_org.pdf Sub título III Funciones Generales.
[5] Consenso mundial de principios y normas mínimas sobre trabajo psicosocial en procesos de búsquedas e investigaciones forenses para casos de desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales.
Gisela Ortiz Perea
Directora de Operaciones del Equipo Peruano de Antropología Forense- EPAF
