Nuestros Desaparecidos (1980-2000): un gran pendiente por resolver

La violencia terrorista suscitada entre los años 1980 y 2000 dejó en la sociedad peruana hondas fracturas y un elevado número de personas muertas y ausentes. Poblaciones mermadas económica, psicológica y moralmente, y más de 69 mil víctimas entre muertos y desaparecidos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR, 2003).

Los años posteriores al apogeo de la violencia el país asumió públicamente dos retos importantes: la consolidación del sistema democrático y la recuperación económica (como un reto mayor).

La creación de la CVR, en este contexto, fue asumida como signo del entendimiento político de que para alcanzar el primer reto era imprescindible asumir las causas, los hechos y atender las secuelas de este periodo infausto. Sin embargo, tras la publicación del Informe final de la CVR, y antes de este, el entendimiento político fue puesto en cuestión muchas veces.

Las conclusiones sobre las causas, los hechos y las responsabilidades resultaron “agraviantes” para parte del sector político y de los distintos actores  de la sociedad. Como en otros países, las explicaciones del conflicto, las cifras de muertos y desaparecidos generaron escándalo y vergüenza. Las generaciones que vivieron el conflicto o en conflicto durante esta época han oscilado entre posiciones y actitudes distintas: denuncia, negación, silencio, recuperación de la expresión de la palabra, recogimiento, miedo, aceptación de los hechos, y búsqueda de la reconciliación, en algunos casos.

Procesar las heridas de la violencia no ha sido ni es sencillo en el Perú. Estas actitudes han signado también los avances en la implementación de las recomendaciones de la CVR. Los informes de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos refieren estadísticas que desestiman los cuestionamientos a las cifras de la CVR y niveles de avances cuantitativamente significativos. El número de víctimas inscritas en el Registro Único de Víctimas (casi 128 mil) supera la cifra estimada por la CVR; el avance en el pago de reparaciones económicas (97%) y el acceso a becas de educación (1171), pese a sus cuestionamientos y aspectos por mejorar, han sido numéricamente significativos en el último gobierno. No obstante, los procesos de justicia, la política de memoria, de verdad y de búsqueda de personas desaparecidas no son estadísticamente alentadores. Las disputas políticas alrededor de las memorias no han permitido que las recomendaciones referidas a reparaciones o la búsqueda de las y los desaparecidos abonen significativamente al fortalecimiento de la reconciliación nacional.

La Defensoría del Pueblo ha señalado en distintas oportunidades que, pese a los avances en reparaciones, la demora, las exclusiones y limitaciones en la implementación de los programas de reparación, merman significativamente el carácter integral y reparador del Plan Integral de Reparaciones, así como el archivamiento de los casos o la absolución de acusados de violaciones de derechos humanos generan impunidad. También ha llamado la atención por la notable falta de voluntad estatal por mejorar la situación de las familias afectadas por la desaparición forzada durante 1980 a 2000.

Distintas organizaciones de la sociedad civil, y la Defensoría, han señalado que la búsqueda de personas desaparecidas es la recomendación con menos avances en los últimos doce años. En el año 2015 el Ministerio Público y el Registro Único de Víctimas han reportado más de 15 mil personas desaparecidas entre los años 1980 y 2000, y casi 6500 fosas comunes por exhumar. Se calcula, además, que existen entre 3 y 5 familiares cercanos alrededor de cada caso, 60 mil peruanas y peruanos que siguen esperando poder descartar la muerte de sus familiares y darles un entierro digno.

Adelina García, presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú – ANFASEP, y esposa de Zósimo Tenorio (desaparecido en 1983), en una entrevista comentaba la aparente indolencia de los gobiernos, quienes se han mostrado renuentes a optimizar los mecanismos de búsqueda de las personas desaparecidas. “Nos duele cuando las autoridades o la gente misma dicen: “esto es cosa del pasado, solo se victimizan todo el tiempo”; pero no es así, no nos victimizamos, nosotras buscamos a nuestros seres queridos porque también eran personas, peruanos y peruanas”. Ella nos recuerda que las personas desaparecidas nos faltan a todos.

En la actualidad la única vía para recuperar los cuerpos de los desaparecidos inicia con la denuncia ante el Ministerio Público y continúa con un largo proceso judicial que no todas las familias pueden sostener y costear. Según el Ministerio Público, el 85% de las denuncias por desaparición se encuentran en proceso de investigación preliminar.

El Estado mantiene una visión judicialista de la búsqueda de desaparecidos; es decir, se requiere de culpables, si no hay culpables no es posible investigar. Un problema recurrente hace más de 30 años es la relativa posibilidad de lograr que el Ministerio Público pueda abrir una investigación. La mínima búsqueda depende de un proceso penal que puede estancarse por falta de pruebas contra los culpables, la ausencia de testigos a causa de su fallecimiento, por falta de fiscales y jueces, y por falta de recursos económicos. En muchos casos, los familiares poseen escasas posibilidades para identificar al agente responsable de la desaparición porque, como es conocido, las desapariciones estuvieron a cargo de tropas, comandantes o terroristas y emerretistas que usaban alias.

Se requiere cambiar la visión de la búsqueda hacia un enfoque humanitario que facilite a los y las familiares lograr recuperar los cuerpos, iniciar el cierre del duelo y la recuperación de su salud mental. En 2015, ANFASEP, organización precursora de la búsqueda de desaparecidos, denunció que 33 de sus socias fallecieron sin conocer el paradero de sus hijos, esposos y demás familiares. Por su parte, las viudas y familiares de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, señalaron la ausencia de registros de sus familiares desaparecidos en combate y el cierre de las investigaciones para su búsqueda luego de tres años.

En 12 años solo han sido entregados 1644 restos (10.4% del total). Se han excavado 4 mil sitios de entierro, se han recuperado 3 mil cuerpos (20% del total), solo se ha logrado determinar la identidad de 1833 cuerpos recuperados. La Fiscalía no se da abasto para atender todos los casos oportunamente; un ejemplo es el caso Raccaya, cuyos familiares, después de 30 años, lograron recuperar los restos de sus desaparecidos en octubre del año pasado.

Solo la identificación de la persona desaparecida, puede demorar entre 4 a 6 años por cada caso. El proceso penal previo, y la posterior entrega de restos, puede demorar algunos años más. En su mayoría, los familiares poseen escasos recursos y viven en localidades alejadas. Quienes consiguen sentar la denuncia se ven obligados a suspender sus trabajos y tareas regulares para concurrir a declaratorias ante los fiscales, tomas de muestras de ADN, exhumaciones, reconocimientos de prendas de sus familiares; todo ello sin mayor amparo que el de sus propios recursos económicos y humanos, situación que pone en riesgo la subsistencia de estas familias. Por otra parte los procesos de investigación fiscal y de entrega de restos se han caracterizado por carecer de asistencia psicológica a los familiares o comunidades donde se llegaron a desenterrar los restos.

Se requiere humanizar el proceso de búsqueda. Una ley de búsqueda que permita articular los esfuerzos de la Fiscalía y las demás entidades responsables, a fin de posibilitar la oportunidad de todos los y las familiares de recuperar los restos de sus seres queridos.


Miluska Rojas

Secretaria Ejecutiva del Movimiento Ciudadano “Para Que No Se Repita” – PQNSR.