Al momento de revisar prospectivamente el panorama político peruano para este año que comienza es necesario abordar, en primer lugar, dos eventos de especial relevancia: la próxima consulta popular sobre la revocatoria de la principal autoridad edilicia del país, la Alcaldesa de Lima Susana Villarán, y la inminente sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el litigio que en este tribunal sostienen los estados de Chile y Perú en torno de sus límites marítimos.
Sobre lo primero cabe anotar, como lo han venido afirmando diferentes analistas, que una eventual revocatoria de la Alcaldesa Villarán no significaría ninguna buena noticia ni para el desarrollo de la ciudad de Lima ni para el proceso de fortalecimiento institucional del país. A pesar de los posibles errores de la gestión de Villarán, ninguno de éstos justificaría el cese de una autoridad que, por el contrario, se ha mostrado comprometida con la solución de los problemas estructurales de la ciudad capital: informalidad, tráfico vehicular e inseguridad ciudadana. Pero además, conocidas las motivaciones antidemocráticas de los promotores de la revocatoria, gracias a diferentes investigaciones periodísticas, parece evidente que su triunfo en las urnas legitimaría una forma de hacer política que, aun valiéndose de instrumentos legales como la revocatoria, estaría socavando lo avanzado en convivencia democrática.
En relación al diferendo marítimo con Chile, es fundamental tomar en cuenta que junto con el significado geopolítico que el fallo de la Corte de la Haya representará para Chile y el Perú, habrá también en él un contenido simbólico que los dos Estados deberán saber encausar para minimizar toda conflictividad. De allí que, además del compromiso reiterado por ambos gobiernos de acatar cualquier decisión de la Corte, algunos intelectuales planteen propuestas como la de consolidar un proceso de creación historiográfica conjunta que permita a chilenos y peruanos crecer en entendimiento mutuo y desterrar todo imaginario futuro de violencia. Este tipo de iniciativas son aún más pertinentes cuanto las relaciones bilaterales a lo largo de los últimos años han evidenciado intereses económicos compartidos, habiendo además otros terrenos, como el cultural, con gran potencial integrador. Es de esperar entonces que el fallo del tribunal internacional no sea objeto de ningún oportunismo político alejado de los ideales de justicia y paz compartidos por ambos pueblos.
Naturalmente, además de estar sujeto a las implicancias políticas de estos dos eventos, durante este 2013 el país seguirá expuesto a sus grandes desafíos sociales, a los que el gobierno del Presidente Ollanta Humala deberá hacer frente con la experiencia de los aciertos y errores cometidos durante este año y medio en el poder.
En materia económica, una tarea básica consiste en alcanzar el ritmo de crecimiento económico previsto para el 2013 por el Ministerio de Economía y Finanzas (alrededor del 6%), en medio de los vaivenes de la economía mundial que amenazan con obstaculizar el intercambio comercial, especialmente con China y Europa. El interés de la población más pobre estará, sin embargo, concentrado en la ampliación de la cobertura de los principales programas sociales impulsados por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social: Beca 18, Pensión 65 y Juntos (que a final de año deberá alcanzar los 800 mil beneficiarios). Estas y otras medidas paliativas tendrán a su vez pleno sentido en cuanto contribuyan al principal objetivo trazado por el gobierno en materia de desarrollo: la reducción de la pobreza extrema al 5% del total de la población nacional en el 2016. La bonanza económica permite ser optimistas, pero lo más desafiante, es decir el crecimiento en oportunidades de desarrollo más equitativas, seguirá, como se sabe, dependiendo de mejores políticas en salud y sobre todo en educación.
En relación a la salud pública, el gobierno del Partido Nacionalista ha mantenido hasta ahora la ruta de lo avanzando durante los últimos años en infraestructura, así como en lo relativo al incremento de la cobertura de la seguridad social. Sin embargo, una reforma del sistema de salud tendría que consolidar la mejora de las remuneraciones del personal médico, quien ha dejado reiteradamente constancia de sus demandas con paralizaciones que en la práctica neutralizan toda otra forma de inversión en salud. Por otro lado, aunque con relación a la salud no constituya una necesidad igualmente reclamada por la población, se confía en que la educación, como eje del desarrollo según el programa nacionalista de gobierno, se consolide a lo largo del año como prioridad estatal. En este sentido, existe en el ambiente político particular expectativa en torno de la aplicación de la nueva Ley de Reforma Magisterial, y es de esperar asimismo que el Ministerio de Educación no tarde en liderar una propuesta de reforma del sistema universitario peruano, que atraviesa por una severa y prolongada crisis.
Sin embargo, hay en el debate público cierto consenso para establecer que, hoy por hoy, el principal desafío del país consiste en procurar la convergencia de intereses medioambientales y empresariales en torno de las actividades económicas extractivas. A pesar de la voluntad gubernamental de prevenir los estallidos de violencia social, se hace evidente que de no incorporarse con prontitud medidas capaces de crear las condiciones políticas necesarias para la emergencia de espacios de diálogo entre autoridades locales y nacionales, contrarrestando así en ambas partes toda forma de radicalismo ideológico o cultural, son previsibles nuevos episodios de violencia y de desestabilización política para el gobierno. En este sentido, para viabilizar un proceso de construcción de confianza que contribuya a la sostenibilidad del desarrollo económico, no solo será fundamental la correcta aplicación de la Ley de Consulta Previa a las poblaciones indígenas sino una franca apuesta, en el marco del compromiso estatal con la defensa de los Derechos Humanos, por el esclarecimiento judicial de cada una de las situaciones de violencia que vienen comprometiendo las vidas de ciudadanos y fuerzas del orden.
Hay, por otra parte, una comprensible expectativa en la población por la eficacia de las estrategias a implementar por el Consejo de Seguridad Ciudadana, liderado por el mismo Presidente Humala, ante el fuerte arraigo de la criminalidad en el país; medidas que, para ser más exitosas, deberán ir de la mano de mejores resultados en la detección y sanción de todo acto de corrupción en los diferentes estamentos del Estado.
Finalmente, es importante destacar que el 2012 deja un conjunto de decisiones legislativas pendientes que, por su gran importancia para la institucionalidad democrática, tendrían que ser consideradas como prioritarias en la agenda del Congreso de la República. Parte de estas tareas pendientes es la elección de un nuevo Defensor del Pueblo, postergada innecesariamente desde hace dos años, así como el nombramiento de nuevos miembros del Tribunal Constitucional y del Banco Central de Reservas. Desde su elección el actual Congreso ha estado más ocupado en iniciativas legislativas menores, a veces motivadas por cálculos políticos, que en la discusión de reformas constitucionales de fondo (como podrían serlo la restitución de la bicameralidad, la eliminación del voto preferencial, o la mejora de la Ley de partidos); por lo cual no debería ser muy difícil mejorar el nivel de su desempeño.
Deyvi Astudillo, SJ
Comunicador. Prepara Doctorado en Filosofía en la Hochschule für Philosophie de Munich, Alemania.
