Pese a que los medios internacionales persisten en clasificar los gobiernos latinoamericanos por la pertenencia o identificación con la izquierda y derecha, conviene incluir otros criterios para la comprensión de la política regional, como por ejemplo, la gravitación de los partidos políticos, la solidez o precariedad de las instituciones, el desempeño real de organismos fiscalizadores o reguladores, el grado de inseguridad ciudadana, y la existencia de poderes fácticos, sean legales o ilegales. En aspectos económicos, más allá del crecimiento del PBI, es también útil notar el porcentaje de población empleada en la economía informal y no solo los indicadores de redistribución y pobreza. Por último, en cuestiones sociales, existe cada vez una mayor tensión entre población local y la fuerza pública -o entre población local y empresas- en la disputa por los recursos naturales; el rol de los gobiernos en este tipo de conflictos no se puede tampoco analizar de acuerdo a si son de izquierda o derecha, un ejemplo notorio al respecto es el comportamiento del gobierno brasileño en el caso de la represa de Belo Monte. Se ha negado a acatar una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dispone la paralización de las obras, e incluso decidió suspender sus aportes a ese órgano de la OEA.
La muerte del ex presidente Hugo Chávez en marzo abrió un período poco predecible en el oficialismo en Venezuela. Nicolás Maduro, el candidato que el ex presidente destapó el año pasado –al estilo de las sucesiones en el antiguo PRI mexicano– utilizó los recursos del Estado con más dureza para mantener un discurso homogéneo de defensa de la denominada revolución bolivariana y, también, para atacar el disenso.
El canal de TV Globovisión, uno de los pocos medios opositores, fue comprado días después de las elecciones, luego de declararse acosado política y judicialmente, y económicamente asfixiado. Durante la campaña electoral Maduro usó, al igual que Chávez, los recursos del Estado para asegurar su triunfo en los comicios. Las señales que da hasta el momento son de un chavismo más rígido que el que se conoció a su predecesor. Mientras tanto, a las dos devaluaciones recientes, se suma el problema de inseguridad ciudadana aún pendiente. Según cifras oficiales, hubo 16.072 homicidios el año pasado en Venezuela y 3.400 en los tres primeros meses de 2013.
Otro giro a tener en cuenta en la región ha ocurrido en México, a raíz de la firma de un pacto entre el presidente Enrique Peña Nieto, del PRI, con los otros dos principales partidos políticos: el PAN (conservador) y el Partido de la Revolución Democrática (progresista). Superando toda expectativa, ha decidido reformas para diluir el monopolio en el sector de las telecomunicaciones, permitir la inversión privada en petróleo, e inició una reforma educativa que ha costado la cabeza de una antigua líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, detenida por corrupción en febrero. Pese a este punto a favor de la nueva élite priista, México sigue desangrándose, por las guerras entre y contra los carteles del narcotráfico. Este país se ha convertido en la región en uno de los más peligrosos, junto con Brasil, donde ejercer el periodismo. A fin de 2012, mensajes del líder del zapatismo llamaron la atención. Dado que el PRI volvió al poder, pidió el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, firmados por quien fue presidente en 1996, el priísta Ernesto Zedillo. Los compromisos pendientes se refieren al reconocimiento –en la Constitución– de los derechos y la cultura indígenas.
Las decisiones del gobierno argentino en el campo monetario y en su relación con los inversionistas extranjeros, han puesto a Cristina de Kirchner en el lado del presidente Evo Morales y el ex mandatario venezolano, en particular, luego de expropiar la empresa de hidrocarburos YPF, filial de la española Repsol. Kirchner pretendió, luego de esa decisión, reforzar las alianzas energéticas con Brasil y Venezuela. La presidenta también ha logrado, al estilo de Venezuela, imponer una política de control de la circulación de la moneda extranjera, lo que alienta un mercado negro del dólar. En cuando a las libertades de los sectores no afines al oficialismo, la presidenta tuvo un triunfo parcial contra el grupo Clarín, al aprobar una norma antimonopolio en el sector de los medios de comunicación. Sin embargo, la Ley de Medios no se ha aplicado contra Clarín debido a una medida cautelar interpuesta por los abogados de ese conglomerado empresarial. La respuesta de Kirchner ha sido anunciar una reforma en el Poder Judicial que, entre otros aspectos, contempla obstaculizar el uso de las medidas cautelares.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha pedido explicaciones al Perú acerca de dos decretos que formalizan el excesivo uso de la fuerza ante protestas locales por parte de las fuerzas armadas y policiales: los decretos 1064 y 1065.
Uno de los riesgos comunes en América Latina es el que atraviesan las poblaciones de colonos y de indígenas en zonas donde los estados han aprobado megaproyectos de infraestructura o de industrias extractivas, sin haber logrado consentimiento de dichos ciudadanos, o sin haberles dado información. A fines de marzo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha indicado en Ginebra al Perú que le preocupa el excesivo uso de la fuerza ante protestas locales originadas por esos motivos y la insuficiente investigación y sanción de los responsables de las muertes en esos hechos. También ha pedido explicaciones acerca de dos decretos que formalizan ese tipo de comportamiento de las fuerzas armadas y policiales: los decretos 1064 y 1065. Conflictos similares han ocurrido en Brasil, Bolivia, Paraguay, Chile y Colombia. Otro rubro causante de muertes por la disputa de recursos y espacios ocurre en torno a actividades delictivas como la minería informal (en auge en Perú y Colombia), el narcotráfico, la tala ilegal, la trata de personas. En este tipo de actividades, la colusión de las autoridades o, peor, la ausencia del Estado, siempre dejan en la peor posición a las poblaciones locales, que se sienten desprotegidas, como ocurre –por mencionar solo un ejemplo– con los agricultores en Madre de Dios, frente al avance de la minería ilegal, cuyos operadores manejan grandes cantidades de dinero, maquinaria, armas y mercurio.
Michelle Bachelet volvió a Chile en vísperas de Semana Santa, luego de varios años dirigiendo el organismo de Naciones Unidas para la Mujer en Nueva York. Uno de los principales analistas chilenos, Patricio Navia, ha declarado que tiene la mejor chance para las elecciones presidenciales de noviembre de este año pero, lo más importante, que Bachelet se encontrará con ciudadanos más exigentes comparados con el momento en que dejó el país. Reivindicaciones de territorio mapuche, reclamos sobre la calidad de la educación pública, y el rechazo a la hidroeléctrica en zonas vulnerables –volcánicas– como Aysén, han marcado la agenda de los dos últimos años. “La democracia chilena termina de madurar en el gobierno de Bachelet, y ella misma alimenta esa maduración al promover una democracia más participativa. La gente se ha tomado en serio ese mensaje y busca elevar su voz en las decisiones del gobierno. (…) Sabiendo que la economía camina bien y que la macroeconomía tiene bases sólidas, la gente demanda una mejor repartición de la riqueza, una reducción de la desigualdad”, explicó Navia a un semanario peruano[1].
[1] Ver: http://revistavelaverde.pe/2013/03/27/patricio-navia-%E2%80%9Cbachelet-parte-con-una-ventaja-incuestionable-a-la-presidencia%E2%80%9D/revistavelaverde
Jacqueline Fowks
Periodista e investigadora peruana. Profesora asociada de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Colaboradora en Perú del diario español El País.
