Quizá uno de los términos con los que los latinoamericanos estamos ya muy familiarizados en nuestra vida pública es el de “corrupción”. Un término que, si bien el sentido común nos lleva a “reconocer” cuando conocemos o experimentamos una situación que implique corrupción, la literatura especializada no ha podido delimitar ni fijar sus límites de manera contundente y clara. Más aún, la corrupción, cuando es exitosa, es casi imposible de rastrear, pues además los propios actores involucrados tienen incentivos para mantener este tipo de transacciones en la mayor secrecía.
Entonces, ¿cómo podemos entender, para su estudio, este fenómeno tan complejo? Ofrecemos una aproximación general que permite al lector: tener una idea de los problemas que han surgido a la hora de conceptualizar este término; conocer cuatro de los principales enfoques metodológicos que han definido y estudiado la corrupción; y, como corolario, una breve exposición de algunos de estos enfoques trabajados para el caso de México y sus resultados.
Hasta la década de 1990, muchos de los estudios sobre corrupción tenían una naturaleza anecdótica con algunas excepciones que ya habían intentado teorizar el tema[1]. Los análisis con datos agregados, incluso los que buscaban comparar sectores económicos o países, con frecuencia utilizaban evidencia incidental[2]. En un trabajo sobre el tipo de problemas que no podían analizarse en términos estadísticos, Dogan y Kazancigil (1994) incluían el caso de la corrupción como uno en donde, si bien se podían observar ciertos fenómenos, su cuantificación no era cuantificable[3].
A pesar de ello, durante los últimos 20 años ha habido un incremento muy importante en los trabajos empíricos sobre corrupción, alentados por una creciente preocupación internacional sobre sus perjuicios y el interés en hallar formas más eficaces y efectivas de combatirla. Varios aspectos ayudan a comprender este interés, entre los que destacan la forma de operación de los mercados en los países de América Latina y de Europa del Este de forma posterior a las transiciones políticas y los ajustes económicos (de corte neoliberal). Otro aspecto es que, una vez concluida la Guerra Fría, las instituciones y organismos internacionales, que antes transferían dinero y recursos a países con base en la supuesta “contención al comunismo” y el “apoyo a la democracia”, ahora han decidido supervisar mejor el destino que han estado teniendo estas transferencias. Además, otro aspecto se refiere a la emergencia de mercados internacionales más fluidos y, en principio, orientados a competir por capitales, en donde la corrupción claramente supone costos mayores a empresas e inversionistas.
Así, ha surgido de forma evidente un reconocimiento de la corrupción como un problema, en principio –aunque no únicamente-, de tipo económico[4], que reduce el crecimiento y los flujos de inversión[5], limita el desarrollo[6], afecta la eficacia de la política pública[7], reduce la confianza en las instituciones públicas y daña al Estado de Derecho. Por todas estas razones –y más—, hay cada vez mayor interés en entender causas y consecuencias de la corrupción. De este modo, al contrario de lo que sostenía acerca de las dificultades de “medir el problema de la corrupción”, los investigadores han tomado aspectos muy concretos trabajando con datos en ámbitos diversos, desde lo público hasta lo corporativo[8]. Incluso, los avances han permitido hallazgos que son controversiales, como que en ciertas circunstancias la corrupción puede incluso incentivar el crecimiento de corto plazo, aunque termine por erosionar el de mediano y largo plazos[9], o que en entornos sobre-regulados o con normatividad tramposa, los actores terminan por orientar su conducta hacia corrupción como salidas más eficientes.
En el fondo, todas estas investigaciones parten de considerar a la corrupción como el uso y aprovechamiento de información y recursos públicos con fines privados. Por tanto, desde estas perspectivas la cuestión sobre la medición de la corrupción ha quedado superada y el tema se centra ahora en “cómo medir mejor”, es decir la discusión se ha trasladado de la conceptualización hacia la metodología.
En general sería posible sugerir que hay cuatro grandes enfoques para estudiar el fenómeno de la corrupción: legal, interés público, socio-cultural, y de mercado.
Desde la perspectiva del interés público, la corrupción implica un desvío indebido y una conducta incompatible con la búsqueda del bien común[10]. Esta perspectiva ha sido criticada por su falta de especificidad, pues no está claro qué es o quién define el bien común[11]. Desde la perspectiva legal, otros autores, por tanto, sostienen que la corrupción es básicamente un desvío de las normas y regulaciones existentes[12]. Sin embargo, esta visión, a pesar de su popularidad, no carece de críticas, pues hay quienes señalan que no todo acto ilegal es corrupto o todo acto corrupto es ilegal[13]. Desde aquí un tercer grupo de autores proponen una definición más socio-cultural que tome en cuenta no sólo aquellas normas establecidas en códigos y reglamentos, sino también aquellas que valore la sociedad. El problema con esta perspectiva es que resulta claro que hay sociedades, como el caso de México, en donde hay una extrema tolerancia social a la corrupción y no necesariamente se ve como negativa una conducta guiada por ella[14]. Ante estas críticas, hay un cuarto grupo de autores que han propuesto concentrarse en una perspectiva de mercado para estudiar la corrupción pública, partiendo de considerar al servidor público corrupto como aquél que entiende su cargo como negocio privado[15]. El problema de esta visión es que se restringe al servidor público y descuida las interacciones con otros actores privados y el entorno. Por tanto, es posible ver que cada perspectiva responde a preguntas de investigación concretas, cada una con ventajas y limitaciones.
Sin ánimo de sustituir las perspectivas anteriores, sino más bien de complementarlas, desde hace tiempo algunos autores hemos trabajado desde una perspectiva que busca comprender y entender los contextos amplios en los que ocurren los actos de corrupción, así como las propias actitudes y explicaciones que ofrece la sociedad al respecto[16].
De acuerdo con el Índice de Percepciones sobre Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional de 2014, en donde cero es “muy alta percepción de corrupción” y 100 es “muy baja”, México obtuvo una puntuación de 35 sobre 100 y se ubicó en la posición 103 de 173 países junto con Bolivia, Moldavia y Níger. Por su parte, Transparencia Mexicana (TM), en su última edición del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) de 2010, que mide la corrupción en los servicios públicos que ofrece gobierno e iniciativa privada, estimó que los actos de soborno por parte de los ciudadanos representaron en México más de 32 mil millones de pesos mexicanos (alrededor de $2.5 mil millones de dólares estadounidenses), equivalente en promedio al 14% del ingreso familiar y alrededor de 0.5% del PNB nacional. En breve: la corrupción es un grave problema en México.
En este sentido, los estudios que hemos realizado[17] parten de considerar que, en un nivel institucional, una de las causas de la corrupción es la falta de eficacia y efectividad para sancionar los actos corruptos. En otro nivel vinculado con el anterior, otra causa tiene que ver con la débil legitimidad del entramado legal e institucional. Esto permite entender mejor porqué se conciben los cargos como espacios para negocios privados y, al mismo tiempo, porqué los propios actores privados -ciudadanos y empresas- entran en estos intercambios no sólo con actores públicos, sino entre sí. El estudio desde esta perspectiva implica una combinación metodológica: trabajar con datos agregados permite establecer correlaciones y proponer conclusiones generalizables; trabajar con métodos cualitativos permite, en cambio, profundizar en la comprensión de un fenómeno complejo.
En suma, hoy en día ya existen diferentes enfoques desde los cuales trabajar el tema de la corrupción, cada uno con fortalezas y debilidades que, en última instancia, depende del investigador seleccionar y definir con base en la pregunta que desee responderse y el enfoque metodológico que prefiera.
[1] ROSE-ACKERMAN, S. The Political Economy of Corruption, New York, Academic Press. 1978.
[2] GRAF-LAMBSDORFF, J. Causes and consequences of corruption: What do we know from cross section of countries? en Susan Rose-Ackerman (ed.), The International Handbook on the Economics of Corruption, Northampton, Mass.: Edward Elgar Publishing. 2006.
[3] DOGAN, M. y A. KAZANCIGIL. What Cannot be Analyzed in Statistical Terms, en M. Dogan y A. Kazancigil, Comparing Nations: Concepts, Strategies, Substance, Oxford, Blackwell. 1994.
[4] BARDHAN, P. y D. MOOKHERJEE. Descentralization, Corruption and Government Accountability, en Susan Rose-Ackerman (ed.), The International Handbook on the Economics of Corruption, Northampton, Mass.: Edward Elgar Publishing. 2006.
[5] MAURO, P. Corruption and Growth, Quarterly Journal of Economics, CX(3). 1995, pp.681-712.
[6] KAUFMAN, D., A. KRAAY y M. MASTRUZZI. Measuring governance using cross-country perceptions data, en Susan Rose-Ackerman (ed.), The International Handbook on the Economics of Corruption, Northampton, Mass.: Edward Elgar Publishing. 2006
[7] BAI C., y S. WEI. Quality of Bureaucracy and Open Economy Macro Policies NBER Working Paper 7766. NBER, Cambridge. 2000
[8] Ver Nota 5.
[9] AIDT, T. S. Corruption and sustainable development, en Susan Rose-Ackerman and Tina Soreide (eds.), The International Handbook on the Economics of Corruption, Vol. II, Northampton, Mass.: Edward Elgar Publishing. 2011
[10] MORRIS, S. Corruption and Politics in Contemporary Mexico, Tuscaloosa, University of Alabama Press. 1991
[11] THEOBALD, R. Corruption, Development and Underdevelopment, Durham, Duke University Press. 1990
[12] KLITGAARD, R. Controlling Corruption, Berkeley, University of California Press. 1988
[13] DELEON, P. Thinking About Political Corruption, New York, M.E. Sharpe Inc. 1993
[14] GUERRERO, M.A. y E. RODRÍGUEZ-OREGGIA. On the individual decisions to commit corruption: a methodological complement, Journal of Economic Behavior and Organization, 2008, Vol.65, pp.357-372
[15] RENO, W. Corruption and State Politics in Sierra Leone, New York, Cambridge University Press. 1995
[16] GUERRERO, M.A. Percepciones y Representaciones de la corrupción en la Ciudad de México, en Varios, Los retos de la democracia: Estado de Derecho, corrupción y sociedad civil, Vol.III, México: IBERGOP/Porrúa. 2004
Ver Nota 14.
GUERRERO, M.A. y E. RODRÍGUEZ-OREGGIA. Transparency, Access to Information and Welfare, Comparative Media Law Journal, 2009, No.11, Dic-Ene, pp. 25-69
[17] Ver Nota 14.
Ver Nota 16 c.
GUERRERO, M.A. Para entender las prácticas de corrupción y sus contextos: la legitimidad del marco legal, en Transparencia y Privacidad. Revista Mexicana de Acceso a la Información y Protección de Datos. Núm. 3, México: Instituto Federal de Acceso a la Información. 2014
Manuel Alejandro Guerrero
Doctor en Ciencia Política con especialidad en Comunicación Política por el Instituto Europeo Universitario, en Florencia, Italia. Profesor-Investigador de la Universidad Iberoamericana de México, en el Departamento de Comunicación