Perú: política, medioambiente y cambio climático

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En el papel, el Perú es uno de los países más cumplidos en materia ambiental y de cambio climático. En los últimos años, ha estado muy ocupado aprobando normas y multiplicando instancias de decisión relevantes al tema. Así, en abril de 2018 fue promulgada la Ley Marco sobre Cambio Climático (Ley 30754), que entró en vigencia en diciembre de 2019, con la aprobación de su reglamento. La Ley Marco reconoce a la Comisión Nacional de Cambio Climático (creada en 1993) como un “espacio permanente a través del cual el sector público y la sociedad civil realizan el seguimiento del cumplimiento de las políticas públicas en materia de cambio climático” (Art. 9). Además, la ley crea una comisión multisectorial de “alto nivel”, encargada de proponer medidas de mitigación y adaptación ante el cambio climático.

En el año 2016, en cumplimiento del Acuerdo de París (2015), se creó un Grupo de Trabajo Multisectorial para diseñar la propuesta peruana de contribuciones nacionalmente determinadas (NDC), para la mitigación del cambio climático (reducción de emisiones de gases de efecto invernadero) y nuestra adaptación al mismo. Este grupo presentó su informe final en diciembre de 2018, proponiendo 62 medidas de mitigación y 91 de adaptación. Dos años después, la Comisión de Alto Nivel actualizó las NDC, para el periodo 2021-2030. Aquí, Perú incrementa su ambición nacional, de 30% a 40% menos emisiones que las proyectadas a 2030, de modo que estas no excedan 179.0 millones de toneladas de equivalentes de CO2 en dicho año (el 60% de lo proyectado). Sumado a ello, en diciembre de 2020 el presidente de la República en funciones, Francisco Sagasti, en la Cumbre de Acción Climática de las Naciones Unidas, anunció el propósito nacional de alcanzar emisiones netas iguales a cero en 2050. Dado que más del 51% de las emisiones nacionales provienen de la tumba y quema de bosques y la destrucción de otros ecosistemas silvestres, cumplir con el compromiso anunciado exigiría una enérgica reducción de la deforestación y la transformación de ecosistemas.

El proceso de maduración de las decisiones arriba mencionadas ha sido atípicamente transparente e interactivo: el reglamento de la Ley Marco fue sometido a consulta previa. Durante el diseño de las NDC, el Ministerio del Ambiente (MINAM) impulsó la iniciativa “Dialoguemos”, que celebró 26 encuentros con diversos actores sociales en todas las regiones del país (sumando 1,500 participantes); y en 2020 se creó la Plataforma de los Pueblos Indígenas para enfrentar el Cambio Climático.  Además, en julio de 2021, Perú renovó su Política Nacional del Ambiente a 2030. Y el 22 de enero de este año (2022), el Gobierno Peruano aprobó el Decreto Supremo N° 003-2022-MINAM, que declara de interés nacional la emergencia climática. El decreto contiene un nutrido conjunto de encargos dirigidos a prácticamente todos los sectores del Estado, así como a los gobiernos regionales y locales. La declaración incluye una larga lista de acciones prioritarias que deben ser completadas en el plazo de 180 días hábiles.

Por efecto de este decreto, el MINAM asume un cúmulo de responsabilidades y –en teoría al menos—gana una importante influencia en los asuntos de Estado. Lógicamente, ahora era necesario convocar a funcionarios experimentados, para programar una gestión eficiente y efectiva de los numerosos encargos recibidos. Sin embargo, no se había secado la tinta del decreto cuando estalló la segunda crisis ministerial del gobierno del presidente Pedro Castillo. El tercer gabinete nombrado, pocos días después, incorporaba a un bisoño geógrafo sin mayor experiencia como ministro del Ambiente. Las protestas –asociadas también a graves denuncias contra el presidente del Consejo de ministros– no se hicieron esperar. Antes de una semana, Castillo tuvo que conformar un nuevo gabinete; el cuarto en menos de siete meses. Lamentablemente, el daño ya estaba hecho: Mariano Castro, el impecable viceministro de Gestión Ambiental, había renunciado (aunque continuaba en el cargo durante la redacción de este texto). También, la inteligente y empeñosa directora general de Cambio Climático, Rosa Morales, renunció al cargo y dejó el ministerio.

Desde su instalación, el nuevo presidente del Perú ha demostrado un notorio desprecio por el sector ambiental (quizá alimentado por una supina ignorancia), el cual llegó al colmo con la designación del ignoto geógrafo. Lamentablemente, esto no es nuevo. Durante el malhadado gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, la trajinada gestión de Martín Vizcarra y la efímera intentona de Manuel Merino, cinco personas pasaron, con más pena que gloria, por el MINAM. La mala racha tuvo una breve pausa durante los pocos meses del gobierno de transición, con Gabriel Quijandría, honorable y enterado, en el cargo.

Pero en materia ambiental, incluso los episodios políticos auspiciosos encuentran, en el Perú, un techo muy bajo; pues la vocación del Estado es eminentemente extractivista y las preocupaciones ambientales son un estorbo para los negocios. Así, durante el gobierno de Ollanta Humala, el discurso contra la “tramitología”, repetido por influyentes representantes del sector minero y petrolero y alegremente adoptado por la prensa mercantil, se vio recompensado con la aprobación de la Ley 30230 (2014), que recortó poderes al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y rebajó las multas a los transgresores ambientales, supuestamente para estimular la inversión. Cabe preguntarnos qué inversionista responsable recibiría con entusiasmo el debilitamiento de las sanciones ambientales; y por qué sería deseable para el Estado incrementar su portafolio de transgresores ambientales operando impunemente. El espantoso derrame de petróleo ocurrido a inicios de 2022 en el mar peruano ofrece una dolorosa respuesta.

Desde el año 1985, se ha destruido un 17% de todo el bosque amazónico de nuestro país.

La realidad de la política ambiental peruana queda muy lejos de las buenas intenciones. Los heroicos propósitos inscritos en la nueva Política Nacional del Ambiente (un documento de 600 páginas) y en la declaración de emergencia climática se revelan como anuncios crueles e irresponsables, en cuanto comprobamos que no se ha asignado ni un centavo para su cumplimiento. Todo lo decretado, siguiendo la vieja y estólida fórmula, se debe financiar “con cargo a los recursos del presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.” Evidentemente, una misión imposible.

Al mismo tiempo, el Estado continúa promoviendo y protegiendo las inversiones mineras y petroleras, mientras que ha claudicado en la lucha contra la minería ilegal. En los últimos dos años, con el pretexto de la pandemia, amplias zonas del territorio nacional quedaron libradas a su suerte; propiciando la invasión de los territorios de los pueblos indígenas de la Amazonía por agentes del narcotráfico. Según reporta la agencia periodística convoca.pe, una caterva de funcionarios regionales y locales, desconociendo derechos preexistentes y obrando en contra de los convenios internacionales ratificados por el Perú, se han dedicado a trabar los procesos de titulación y ampliación de comunidades nativas, otorgando títulos de propiedad individual a numerosos invasores, encima de las tierras comunales. Las tierras así arranchadas son dedicadas al cultivo de coca para el tráfico ilícito de estupefacientes. Quienes se oponen al despojo son amenazados o asesinados. Veinticuatro líderes y defensores indígenas han sido asesinados desde 2010. Los crímenes van en aumento: seis ocurrieron en 2020 y otros cinco en 2021. Hay dos personas desaparecidas (se presume que también fueron asesinadas) y muchas más viven amenazadas. Todos los casos siguen impunes.

Las consecuencias están a la vista. En 2020, en Perú fueron destruidas más de 200,000 hectáreas de bosques, la mayor tasa anual registrada en lo que va del siglo. La tendencia es marcadamente creciente y se nos está acabando el tiempo: De acuerdo con el programa MapBiomas, desde 1985 Perú destruyó un 17% de su bosque amazónico. Esto nos pone muy cerca del punto de no retorno advertido por los especialistas del mundo, quienes temen que por encima del 20% de deforestación el bosque amazónico colapsará, para transformarse en una sábana o matorral mucho más árido y mucho menos diverso. Si esto llega a ocurrir, las masivas emisiones del bosque moribundo descarrilarán cualquier esfuerzo imaginable para mantener el calentamiento global por debajo de 2 grados centígrados, como propone el Acuerdo de París. A la destrucción de nuestro patrimonio natural se suma la contaminación generalizada del agua, el aire y los suelos con residuos domésticos y sustancias tóxicas, la cual tiene graves impactos sobre la salud de millones de peruanas y peruanos.

Naturalmente, el Perú no es el único país dedicado a destruir su medio ambiente. Siendo económica e ideológicamente dependiente, el Perú sigue el libreto establecido por las grandes potencias y responde a la insaciable demanda de energía, materias primas, artículos suntuarios y estupefacientes de la sociedad contemporánea. Con una clase política brutal y corrupta, una prensa en gran parte prostituida, una oligarquía racista y egocéntrica y bandas criminales de taladores ilegales, delincuentes mineros y narcotraficantes actuando a su placer en nuestro territorio, la ética del cuidado y la ecología integral predicadas por el Papa Francisco tienen muy poca oportunidad de florecer. Hay una profunda disonancia cognitiva entre una y otra forma de ver la vida. Pero no hay tiempo para la desesperanza. Enfrentados a un futuro apocalíptico, descubrimos que este es un momento heroico en nuestra historia, un momento para regresar la mirada hacia la maravilla de la naturaleza y encontrar en esa maravilla la fuerza para insistir en el amor y la compasión hacia las personas y hacia la buena Tierra.

Otoño 2022


Ernesto Ráez Luna

Universidad Antonio Ruiz de Montoya

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