La agricultura es una actividad económica de mucha importancia para la economía y la sociedad regional de Piura, no sólo por ser el único sector productivo capaz de proveer de alimentos frescos, sino por su capacidad para desencadenar otros procesos económicos y productivos vinculados a la manufactura, la agroindustria alimentaria, el comercio nacional e internacional y las finanzas.

Juega un rol importante en la dinamización de la economía regional y es considerada entre las actividades económicas que más empleo genera y la de mayor alcance demográfico; pues, se estima que, aproximadamente, un 30% de la población regional está vinculada a esta actividad. En el período 2010-2019, el sector agropecuario en su conjunto, ha tenido una tasa de crecimiento promedio anual de 4.4%[1], y su aporte a la economía de la región, en ese mismo período, ha sido de 8.5% del valor agregado.

Actualmente, su importancia se hace aún más visible por su alta participación en las exportaciones regionales. En el año 2020, las exportaciones de productos agrícolas representaron casi el 41% del total de exportaciones realizadas en ese año.

En ese mismo año, en que ocurre la pandemia de la COVID-19, el total de las exportaciones de la región Piura, medido en millones de US$ FOB, tuvo una disminución del 14% con respecto al monto alcanzado en el 2019. Sin embargo, las exportaciones agrícolas mostraron un crecimiento de 20%, y alcanzaron un valor equivalente a 1,060,7 millones de dólares, generados por la exportación de frutas, como la uva, mango, banano orgánico, limón, palta y granos como el café y cacao. En su mayoría, estas exportaciones son lideradas por las medianas y grandes empresas agroexportadoras que operan en la región y, en menor escala, por pequeños productores y productoras de la agricultura familiar, organizados en asociaciones o cooperativas, principalmente en torno a productos como café, cacao, banano orgánico y, en menor escala, algodón Pima.

Otra característica fundamental de la agricultura piurana es el comportamiento que tiene su estructura productiva. El volumen total de producción agrícola obtenida en el año 2020, año de la pandemia, fue de 2,200,615 toneladas, superior en 18% a la producción alcanzada en el año 2019.

De esta producción, el 70.1% se orientó directamente a la exportación, sea como materia prima o productos derivados, principalmente basada en productos como el mango, plátano, azúcar de caña y uva. Entre tanto, solo el 29.9% de la producción agrícola regional se orientó al mercado interno, vale decir, a la población de la región Piura o del país. Productos como el arroz, maíz amiláceo, papa, trigo, arveja, entre otros, son de consumo directo y forman parte de la dieta alimenticia de la población regional, que constituyen la base de nuestra seguridad alimentaria.

Pese a la pandemia, en el año 2020, la producción alimenticia generada por la agricultura familiar, creció en 4.3% con respecto al año 2019, pese a no contar con medidas de políticas de promoción agraria.

En cierta forma resulta paradójico tener una agricultura moderna, como se le califica a la agricultura de Piura, cuando el 70% de la producción que genera, constituye la agro exportación, en su mayoría como materia prima, con escasa transformación, que se destina a consumidores no nacionales y sólo el 30% produce el consumo interno.

La Agricultura Familiar y su producción para el mercado interno

Otra característica a tomar en cuenta es que la producción para el mercado interno es generada, justamente, por los pequeños productores y productoras de la agricultura familiar, de la costa y sierra de Piura. Pese a las restricciones y duras condiciones impuestas por la pandemia, en el año 2020, la producción alimenticia para el mercado interno, generada por la pequeña agricultura familiar, creció en 4.3% con respecto al año 2019, pese a no contar con medidas de políticas de promoción agraria, como sí las tiene la gran agricultura de exportación desde hace más de 30 años.

En Piura, según el Censo Agrario 2012, existen 139,981 Unidades Agropecuarias, de las cuales 124,257 (88.8% del total) poseen predios menores a las 5 hectáreas de extensión, otras 15,095 con predios que van entre las 5 y las 10 hectáreas. Ambos grupos, constituyen el 96.2% de las Unidades Agropecuarias existentes, confirmando así la predominancia e importancia que tiene la pequeña agricultura familiar en esta parte del país.

Durante todo lo que va de la pandemia de la COVID-19, mientras la gran agricultura de exportación orienta su producción hacia el mercado externo, la pequeña agricultura familiar, en cambio, continúa produciendo alimentos para la poblacional regional. Sin embargo, en plena pandemia, el sector de la mediana y gran empresa exportadora fue uno de los primeros en ser atendidos a través del Programa Reactiva Perú. Un grupo de 59 empresas logró acceder a créditos de la banca múltiple, garantizados por el Estado, por montos superiores a los 83 millones de soles.

La pequeña agricultura familiar es la que, hasta ahora, ha llevado la peor parte de la pandemia, pero la que más sigue resistiendo, produciendo con sus limitados recursos y con muy poca asistencia de parte del Estado. A su permanente limitada disponibilidad de recursos, se suma la descapitalización generada por los impactos de la COVID-19. La inmovilización social obligatoria ha impedido que miembros de la familia generen ingresos como jornaleros fuera de la parcela familiar. En otros casos, los miembros de la familia residentes en otras ciudades, en vez de enviar las acostumbradas remesas al hogar paterno, ahora son los migrantes de retorno, que vuelven para compartir los recursos disponibles en la casa matriz. Además, se suman los gastos propios del contexto de pandemia, como los gastos en salud o los mayores precios de los servicios de transporte, comunicación, y de los productos alimenticios y, más recientemente, de los insumos agrícolas, como los fertilizantes, que necesitan para seguir produciendo.

Una buena parte de estos productores/as no sólo han enfrentado las duras condiciones de la pandemia que, finalmente, están impactando en la obtención de menores niveles de producción, sino que también la crisis ha agudizado los problemas de endeudamiento que ya venían arrastrando con AGROBANCO y otras entidades financieras. Como es el caso de las Cajas Municipales y el Programa PIMA del Gobierno Regional de Piura (en el caso de los productores algodoneros de los valles del Alto y Bajo Piura), proyectos generados a partir de los desastres climáticos del Fenómeno del Niño Costero 2017, y que a la fecha son protagonistas de procesos judiciales y de la ejecución del remate de sus tierras por parte de AGROBANCO que, paradójicamente, es la entidad que debe garantizar las estrategias de financiamiento adecuadas a las condiciones de la pequeña agricultura y de la agricultura familiar.

En el presente año agrícola 2022, en el contexto del tercer año de pandemia, la pequeña agricultura familiar se enfrenta a la incertidumbre climática, que hace temer una escasa disponibilidad hídrica. Y es que para aquellos productores y productoras cuyas parcelas no tienen riego regulado o no disponen de agua subterránea, la producción depende de las lluvias y si éstas no llegan, la situación se termina de agravar.

Si se reconoce que la agricultura familiar es un sector estratégico para el fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria, entonces hay que darle las condiciones para que lo sea.

En general, los/as productores/as de la agricultura familiar de la región Piura, han enfrentado y continúan enfrentando los impactos de la COVID-19 con sus propios recursos y con poca ayuda del Estado. El bono agrario que no llegó a todos/as productores/as, un plan de reactivación del sector agrario limitado a un programa de limpieza de canales de riego con un monto de 20 millones de soles que financió 347,661 jornales y un FAE Agro que nunca se ejecutó en esta región.

Entre tanto, desde el Estado, nuevas voces anuncian una segunda reforma agraria enfocada, esta vez, en este importante sector socio económico, prometiendo resolver históricos problemas. Sin embargo, las expectativas y el entusiasmo generados en el lanzamiento, en octubre del 2021, de esta prometedora política pública, parecen extinguirse en medio de la inestabilidad y la crisis política que envuelve al poder ejecutivo.

Si se reconoce que la pequeña agricultura familiar es un sector estratégico para el fortalecimiento de nuestra seguridad y soberanía alimentaria, entonces hay que darle las condiciones sociales, políticas, económicas y ambientales para que lo sea. Se tiene que valorar y aceptar a la agricultura familiar como un agente estratégico de desarrollo, pensar que los problemas no se resuelven con bonos, sino con inversiones en infraestructura productiva y social, con innovaciones tecnológicas, con mejores servicios básicos de educación, salud, comunicación, con finanzas adecuadas, y con mejores oportunidades para incorporar a los jóvenes, hombres y mujeres, a la implementación de una agricultura familiar moderna, inclusiva y competitiva.

Otoño 2022

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José Luis Juárez 

Centro de Investigación y Promoción del Campesinado - CIPCA