PIURA: Una región a la espera de liderazgo

15 de septiembre, 2021

Uno de los desafíos permanentes de la región norteña es articular al Estado con la Sociedad Civil; proceso que estaba mejorado paulatinamente debido a la existencia de un Colectivo por la Gobernabilidad que, a partir del Plan de Desarrollo, elaboró el Pacto por la Gobernabilidad, en el que se establecen las acciones que la administración regional debe atender con urgencia.

Sabemos que en muchas partes del Perú se hace este esfuerzo; pero en el caso de Piura el trabajo continuo de diez años se perfeccionó y, hasta la administración del 2018, se realizaban mesas técnicas de trabajo con los funcionarios regionales, donde el propio presidente regional asistió a las reuniones de evaluación de avances.

Pero todo se detuvo en enero del 2019 al ingresar el actual gobernador: Servando García Correa, quien, cuando era candidato, se comprometió a cumplir con el contenido de dicho documento. Sin embargo, ganada la elección, demoró casi un año en ratificar su compromiso y, después, simplemente abandonó la tradición que estaba ayudando a la región Piura en este esfuerzo por el bien común.

Ahora el Gobierno Regional está sumido en una inoperancia técnica seria y con varios casos de corrupción que involucran a autoridades de confianza del gobernador García, a quien su Consejo Regional (conformado por once representantes de las ocho provincias) ha decidido denunciarlo penalmente.

A continuación, se presentarán datos en algunos sectores y se dará cuenta de los documentos y posibilidades de diálogo que el gobierno regional tiene, pero no aprovecha.

Pobreza

La población de la región Piura es de dos millones 47 mil habitantes según el INEI (1) y cuenta con ocho provincias: tres tienen litoral marino y dos -las más pobres- son provincias de la sierra. Es curioso observar que, desde el año 2013 hasta la actualidad, la región norteña se ubica permanentemente en el grupo tres de pobreza extrema (2). Sin embargo, ese mismo año, la pobreza extrema estaba entre 5.7 y 7.5% y en el 2020 se calcula entre 2.4 y 3.7. (3)

Lo que no varía es que, de los 65 distritos que tiene la región, los diez distritos más pobres pertenecen a las provincias serranas de Ayavaca y Huancabamba. Asimismo, estos lugares poseen cifras deprimentes: el distrito de Lagunas (Ayavaca) registra que el 68 % de su población es pobre, y le sigue el distrito de Pacaipampa con 67,2% de pobreza. El final de la lista lo cierra Carmen de la Frontera de Huancabamba con 52,7 %. (4)

Sin duda la COVID-19 ha impactado en el bolsillo de la gente, de tal manera que la incidencia de pobreza monetaria a nivel regional al año 2020 es de 35 %. (5)

Salud

Las cifras en salud no son muy alentadoras. Al 2019, el 43.8% de niños y niñas entre 6 y 35 meses de edad tenían anemia, valor por encima del promedio nacional (40.1%).

El pasado 2020, se atendieron 4760 casos de violencia contra la mujer en los Centro de Emergencia Mujer y, desgraciadamente, seis mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas.

Al mismo año, el número de bebés menores de seis meses con lactancia exclusiva disminuyó y también bajó el número de niños/as de 36 meses con sus vacunas completas. Asimismo, aumentó el número de infantes con bajo peso al nacer.

Educación

En educación, al año 2020, la asistencia escolar desde los tres hasta los 17 años, o sea hasta el 5to de secundaria, ha disminuido en todos sus niveles. La caída en la asistencia de hasta 10 % se da entre los tres a cinco años de edad.

Otro dato importante es que, de cien personas mayores de 15 años, casi ocho no saben leer y escribir; siete son mujeres y de estas, seis viven en la zona rural.

Violencia

El pasado 2020, se atendieron 4760 casos de violencia contra la mujer en los Centro de Emergencia Mujer y, desgraciadamente, seis mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas.

La brecha salarial indica que en todos los niveles de instrucción (primaria, secundaria y universitaria) los hombres ganan más. Por ejemplo, con la misma instrucción y capacidad, las mujeres profesionales ganan en promedio 690 soles menos que los varones.

Participación política

En cuanto a la participación política de las mujeres, tenemos que en Piura hay 65 distritos y sólo hay cinco alcaldesas; pero dos de ellas llegaron porque se presentaron problemas con el candidato varón. Un caso que llama la atención es el distrito de Salitral de la provincia de Morropón, donde la alcaldesa Ysmenia Monja Zapata “reina, pero no gobierna”; pues no es ninguna novedad que es el gerente Alan Gabriel Marcelo Jaime quien hace y deshace. Aunque su intromisión y aprovechamiento le puede costar la cárcel según una investigación fiscal en curso.

Lógicamente, la corrupción no es una forma de actuar sólo de los hombres; pues ahí tenemos como ejemplo emblemático que una de las postulantes a la presidencia de la república del Perú ha sido la jefa de una organización criminal según la fiscalía; la cual, además añade, entre otros delitos, el lavado de dinero.

Otro detalle en este rubro es que la exigencia técnica para gobernar políticamente debe ser tanto para los hombres como para las mujeres; dado que lo normal es que se critique la poca preparación de algunas mujeres al asumir un cargo, pero se calla cuando el hombre tiene debilidades tenebrosas como sucede normalmente en muchas municipalidades.

(…) en la región Piura se han determinado nueve brechas de género en tanto va avanzando la teoría que no es posible hablar de desarrollo humano mientras sigan las estructurales distancias entre hombres y mujeres.

El Plan de Desarrollo

Frente a este panorama, existen documentos de gestión que proponen líneas de acción que permitan mejorar en educación, salud y en otros sectores. Una de las principales herramientas es el “documento guía”: el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016-2021. Dicho documento plantea la siguiente visión: “Piura, departamento seguro e inclusivo, desarrolla una economía competitiva, diversificada e innovadora, gracias al aprovechamiento sostenible y responsable de los recursos naturales, potencialidades y diversidad de su territorio. Su población goza de servicios públicos de calidad y sus productores y productoras han fortalecido sus capacidades para la innovación y transformación productiva” (7)

Para lograr dicho objetivo, propone trabajar sobre seis ejes: Derechos Humanos e inclusión social; oportunidades y acceso a los servicios; Estado y gobernabilidad; economía diversificada, competitiva y empleo; cohesión territorial e infraestructura productiva y ambiente; y, finalmente, diversidad biológica y gestión del riesgo de desastres.

En el primer eje de desarrollo humano e inclusión social se considera la variable equidad social y de género. Esta toma particular importancia porque en la región Piura se han determinado nueve brechas de género en tanto va avanzando la teoría que no es posible hablar de desarrollo humano mientras sigan las estructurales distancias entre hombres y mujeres.

Las brechas de género identificadas son: mortalidad materna; embarazo adolescente; violencia contra la mujer; acceso a la educación básica; limitada inserción laboral; analfabetismo; limitada participación de las mujeres en el acceso a la propiedad y manejo de los recursos; limitada participación ciudadana y política de las mujeres en el desarrollo local-regional; limitada institucionalización del enfoque de género en la gestión gubernamental; a las cuales se les presta atención a través de diversas acciones de articulación entre el Estado y la Sociedad Civil.

El Pacto por la Gobernabilidad

Desde el año 2011, existe en Piura el Colectivo por la Gobernabilidad, conformado por más de una veintena de ONGs lideradas por la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza. El principal trabajo de esta organización ha sido elaborar el Pacto por la Gobernabilidad, que es un documento derivado del Plan de Desarrollo Regional Concertado. “El Pacto” es un documento que firman los postulantes al gobierno regional, quienes se comprometen a ejecutarlo si salen elegidos, dado que contiene aquellas acciones que desde el gobierno regional se deben impulsar urgentemente.

Durante estos últimos diez años, el trabajo se ha perfeccionado al punto que el elegido gobernador regional acudía, con sus gerentes o subgerentes, a las reuniones técnicas y evaluaciones periódicas para ver los avances de “El Pacto”; de tal manera que se ha convertido en una vigilancia técnica en la que los sucesivos gobiernos han respondido paulatinamente mejor. Sin embargo, esto sucedió hasta el 2018, pues el actual gobernador, Servando García Correa, echó por la borda todo el proceso de articulación Estado Sociedad Civil. Pudo aprovechar la asistencia técnica que desde las ONGs se genera en dicho espacio, pero prefirió la terquedad y el ensimismamiento pese a la debilidad técnica de su administración, hoy sumida en diversos e impactantes actos de corrupción. El gobernador ratificó el 4 de setiembre del 2019 su firma al pacto 2019 – 2022; y aunque la firma de ratificación fue muy tardía, se pensó que el proceso se iba a recomenzar, pero no fue así.

Sobre la corrupción, el último caso ha traído como consecuencia que el miércoles 30 de junio, el Consejo Regional, compuesto por 11 representantes de las 8 provincias, decidió denunciar penalmente al gobernador por no asistir a la asamblea donde debía dar cuenta de una carta fianza falsa que su gerente avaló para pagar 4 millones de soles al Consorcio MNDC Constructores y Logística S.A.C. por la construcción de un centro de salud en el distrito de Máncora, provincia de Talara. Por este caso, el poder judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva para el exgerente general Jesús Torres Saravia.

El Pacto por la Gobernabilidad, respetando los ejes del Plan Regional Concertado, prioriza acciones para promover la igualdad de género con énfasis en enfrentar y erradicar la violencia contra la mujer; garantizar e implementar las políticas regionales existentes; mejorar los servicios básicos priorizando a las familias rurales; priorizar la atención a la primera infancia; mejorar la calidad de la educación básica regular desde el enfoque de derechos humanos, género y ambiente.

Es decir, en la región sucede algo parecido a lo que padecemos a nivel nacional: tenemos herramientas que marcan el camino, pero cada partido o agrupación muchas veces improvisa desde su particular visión e intereses de grupo.

También considera garantizar la transparencia en la función pública; garantizar y ampliar mecanismos de participación ciudadana; implementar políticas que impulsen el emprendedurismo juvenil sostenible; impulsar el desarrollo económico involucrando al Estado, empresa privada y la academia; fomentar la investigación que beneficie a los pequeños productores; fortalecer la atención a la gestión de recursos hídricos; protección y manejo de ecosistemas frágiles; reducción de la vulnerabilidad frente a los cambios climáticos; etc. (8) Todas estas, y otras, prioridades cuentan con resultados e indicadores que el mismo documento contempla.

Acuerdo Nacional

Estos son los principales desafíos de la región Piura; pero las autoridades prefieren seguir sus propios afanes que no siempre están articulados a las líneas matrices. Es decir, en la región sucede algo parecido a lo que padecemos a nivel nacional: tenemos herramientas que marcan el camino, pero cada partido o agrupación muchas veces improvisa desde su particular visión e intereses de grupo.

Tal vez en algún momento sea necesario que a partir de puntos comunes como los planteados en el Acuerdo Nacional (firmado el 2002 y actualizado hasta al 2017), que contiene cuatro grandes objetivos y 35 políticas de Estado (9), se exija que los planes de gobierno de los partidos que postulan a la presidencia de la república se ajusten a dicho acuerdo.

Condiciones

Regresando al Pacto por la Gobernabilidad de la región Piura, vale aclarar que para sacar adelante este documento de gestión, como otros planes regionales, se requiere de algunas condiciones que se impulsen desde el gobierno central y/o regional, tal como lo plantea el mismo Pacto por la Gobernabilidad, como por ejemplo: promoción del proceso de descentralización; afianzamiento del proceso de modernización de la gestión pública regional; fortalecimiento de la participación ciudadana y la concertación Estado Sociedad Civil; articulación eficiente entre niveles de gobierno y fortalecimiento de la ética y transparencia en la gestión pública.

Los retos del Pacto por la Gobernabilidad siguen vigentes a la espera que los sucesivos y constantes llamados del Colectivo por la Gobernabilidad hacia el Gobierno Regional sean escuchados. Mientras tanto la región no es que se haya paralizado por completo; pero se avanza tal vez por inercia y por esfuerzos focalizados; pero no por la existencia de un liderazgo regional.