En Chile los estudiantes han decidido, con el apoyo mayoritario de la población, que la transición de la dictadura a una verdadera democracia ya ha tomado demasiado tiempo (más de 20 años, la dictadura duró 17 años). En este periodo de democracia “secuestrada” por las reglas políticas impuestas por la dictadura, se han profundizado las políticas neoliberales de mercantilización de los bienes públicos como son la educación, la salud, las pensiones, el agua, etc. La situación de endeudamiento de las familias para poder educar a sus hijos e hijas, en la educación obligatoria (básica y media) y sobre todo en la educación superior, se ha hecho insostenible. Tal como ya anunció en 2004 el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre el sistema educativo chileno. Los jóvenes cargan con una mochila de deuda enorme apenas inician su actividad profesional.
Las reformas pactadas en el 2006 por la élite social y política (Ley General de Educación, Superintendencia, Agencia de Calidad, etc.), apoyada por muchos expertos y tecnócratas de la educación, en respuesta a “la revolución pingüina” de los estudiantes secundarios, han conseguido acrecentar la indignación de los ciudadanos, que especialmente en los jóvenes se ha transformado en movilización social frontal al modelo socio-político-económico heredado de Pinochet y actualmente administrado por sus herederos directos.
La educación pública obligatoria ha ido retrocediendo ante el mercado de la educación, desregulado, financiado por los fondos públicos y por los aportes de las familias (apenas un 45% de los estudiantes estudian en colegios públicos municipales). Los centros escolares están autorizados para practicar selección de estudiantes y carecen de regulaciones razonables; que incluso permiten lucrar con la actividad educacional.
En la educación superior ya no existen universidades que puedan ser llamadas dignamente públicas, ya que en todas ellas los estudiantes y sus familias deben pagar los costos totales de su educación, recurriendo a créditos con altos intereses. En el caso de las nuevas universidades privadas, creadas al final del periodo de la dictadura y en el periodo de la transición, la calidad de la educación que ofrecen es muy cuestionable o directamente deficiente. No se ha regulado un sistema de acreditación público suficientemente exigente.
La calidad de la educación es entonces deficiente, además de muy cara. Los medios de evaluación de la calidad que se utilizan ocultan la calidad real tras indicadores estandarizados que siempre benefician a los grupos sociales más favorecidos por sus condiciones socio-económico-culturales.
En la educación superior ya no existen universidades que puedan ser llamadas dignamente públicas, ya que en todas ellas los estudiantes y sus familias deben pagar los costos totales de su educación, recurriendo a créditos con altos intereses.
Los partidos políticos y la institucionalidad han ido perdiendo la confianza y la legitimidad ciudadana, reflejado en las encuestas y en la baja cantidad de inscritos para participar en las consultas electorales (alrededor del 50%).
Los jóvenes han demostrado una capacidad de organización y de creatividad muy destacadas; que han logrado el apoyo y simpatía de la mayoría ciudadana. Han utilizado los nuevos medios de comunicación y nuevas tecnologías de forma muy flexible. La libertad de información de internet ha logrado saltarse el cerco mediático de los tradicionales medios de comunicación escritos, radiados y televisados, en manos de los grupos de élite del país, y han mantenido a la ciudadanía informada de la realidad casi de forma instantánea.
En esta movilización se ha logrado una coordinación formal y permanente de todos los actores de la educación como nunca antes había ocurrido en la historia del país. Participan de forma coordinada la Confederación de Estudiantes Universitarios, la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios y el Sindicato de profesores. Esta coordinación se ha logrado articular con el Consejo de Rectores de las universidades tradicionales, así como con organizaciones de Padres de los escolares, los sindicatos de trabajadores de apoyo a la educación, académicos y académicas de las universidades; y con un sinfín de organizaciones sociales sectoriales. La mayoría ciudadana, más del 75% según diversas encuestas, apoyan la movilización de los estudiantes.
Los temas centrales que se plantean como demandas al gobierno, a la clase política, y a la élite del país son: a) educación pública gratuita y de calidad para todos, mediante la creación de un Nuevo Sistema Público Nacional de Educación; b) educación universitaria sin endeudamiento, con acceso más igualitario, con más presencia de universidades públicas, y especialmente en la formación profesional de nivel superior; c) mayor regulación de los centros privados, impidiendo el lucro y la selectividad en la educación obligatoria para los centros que reciben financiamiento público.
La batalla de la educación en Chile es muy importante para el futuro de los bienes públicos y los derechos sociales en Chile, y con efectos significativos en el resto de Latinoamérica.
Publicado en setiembre 2011
Jesús Redondo
Psicólogo y Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Director del OPECH (Observatorio Chileno de Políticas Educativas). Docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.