Al término de las elecciones presidenciales y congresales del año 2021, los electos congresistas puneños Jorge Flores Ancachi (Acción Popular) y Oscar Zea Choquechambi (Perú Libre), convocaron insulsamente a las autoridades regionales y provinciales, con el objetivo de diseñar la Agenda Puno al 2030.
La última agenda medianamente consensuada se dio tras las elecciones de 2016, en aquella ocasión se priorizaron ocho proyectos que apuntaban a concretarse en el año del Bicentenario. Nada de eso ha ocurrido aún.
Decimos insulso porque la actividad no logró más asistencia que la del gobernador Agustín Luque, el alcalde de Puno, Martín Ticona, el rector de la Universidad Nacional del Altiplano, Paulino Machaca y otras autoridades, pero no del total. Ni siquiera una mayoría simple.
La Agenda Puno al 2030 quedó en generalidades como atender la salud, educación, el medio ambiente, infraestructura vial, entre otras; asuntos que son de perogrullo en una región tan olvidada como Puno.
La última agenda medianamente consensuada se dio tras las elecciones de 2016, en aquella ocasión se priorizaron ocho proyectos que apuntaban a concretarse en el año del Bicentenario. Nada de eso ha ocurrido aún.
La agenda de 2016 contemplaba los siguientes proyectos: 1) La construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales para las 13 provincias, 2) La implementación de Instituto Especializado Oncológico, 3) Proyectos de instituciones de educación técnica alternativa, 4) Impulsar el proyecto hidroenergético de la región con fases complementarias de la hidroeléctrica de San Gabán, el gasoducto sur andino, la planta petroquímica y una planta petronuclear, 5) La modificación de la ZeedePuno (Zona Económica Especial de Puno), 6) La red vial de interconectividad nacional que incluye las vías de penetración a la selva y la autopista Puno – Desaguadero, 7) El proyecto integral corredor turístico lago Titicaca – Cusco – Machupicchu –Colca y 8) La autoridad autónoma del desarrollo rural y agroindustrial con la instalación de plantas procesadoras de carnes, lácteos, fibra de alpaca y frutales.
De los mencionados, apenas hay avances en la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales en algunas ciudades circunlacustres del Titicaca. La pandemia de la COVID-19 atrasó el cronograma de ejecución y este año se inició el primer componente (colectores principales), estimándose que en 2022 se complemente con la construcción de las plantas propiamente dichas. Si no hay mayores problemas, las obras estarían en funcionamiento en 2023 o 2024.
Sin embargo, la sola construcción y operación de las plantas de tratamiento no garantiza la remediación de las cuencas, asunto que es motivo de reclamo permanente por parte de las organizaciones sociales y gremiales del altiplano.
CASO COATA.
La cuenca Coata es una de las más urgentes a atender, porque la contaminación es notoria a simple vista en la desembocadura del río Coata y a lo largo del afluente, pasando por localidades como Juliaca, Caracoto, Huata, Coata y Capachica.
El presidente del Frente Unificado de Defensa Contra la Contaminación de la Cuenca Coata, Félix Suasaca Suasaca, denunció, en base a muestras tomadas por el MINSA, que varias personas tienen minerales pesados en la sangre, además que la flora y fauna están peligrosamente afectadas en toda la cuenca.
El mismo Gobierno decretó un estado de emergencia ambiental en cinco distritos puneños desde el año 2019, aunque los presupuestos son escasos y los proyectos avanzan lentos para dotar de agua potable a los seres humanos, animales y garantizar las actividades agropecuarias.
El presidente del Frente Unificado de Defensa Contra la Contaminación de la Cuenca Coata, Félix Suasaca Suasaca, denunció, en base a muestras tomadas por el MINSA, que varias personas tienen minerales pesados en la sangre, además que la flora y fauna están peligrosamente afectadas en toda la cuenca.
Está pendiente una mesa técnica entre la Presidencia del Consejo de Ministros y las autoridades y dirigentes de la cuenca Coata, después de que los pobladores asumieran una huelga pidiendo garantizar obras de saneamiento, agua y un proyecto de desarrollo ganadero en los distritos afectados por la contaminación.
Preliminarmente, se conoce que la cuenca está contaminada a consecuencia de la falta de tratamiento de aguas residuales en Juliaca, una ciudad que supera el medio millón de habitantes (fijos y flotantes) sin servicios básicos.
CASO RAMIS.
De otro lado, la contaminación en la cuenca Ramis también ha desencadenado una serie de conflictos, especialmente en las provincias de Azángaro, Melgar y Huancané, donde agricultores y ganaderos denuncian que la cuenca arrastra lodos con metales pesados, producto de la minería ilegal practicada en la zona alta, en distritos como Ananea (San Antonio de Putina) y Cuyocuyo (Sandia).
El Gobierno del expresidente Ollanta Humala Tasso intentó poner coto a la ilegalidad minera con una estrategia de interdicción aplicada desde el año 2011, sin embargo, el conflicto es más complejo que solo el tema ambiental.
Varios mineros huyeron con su maquinaria pesada hacia las cuencas de Tambopata e Inambari, contaminando la selva puneña que pronto podría asemejarse a las zonas mineras de Madre de Dios.
También se produjo el contrabando de oro y corrupción en organismos del Estado, como la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), donde mineros ilegales intentan obtener licencias sin cumplir con los requisitos establecidos por ley.
El Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PEBLT), por medio de su director Julver Vilca Espinoza, comunicó que este año se culminará el expediente técnico de la presa Huajchani, con la que se pretende disminuir la contaminación nacida en la cabecera de cuenca, sin embargo, los dirigentes sociales de Azángaro desconfían del gobierno.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) declaró viable esta presa con un presupuesto de 107 millones de soles, pero falta solucionar la licencia social y el expediente técnico en los futuros meses, para iniciar trabajos en 2022.
CASO LLALLIMAYO.
Es otro foco de contaminación a causa de la minería, aunque en este caso no se trata de mineros ilegales como en Ananea y Cuyocuyo, sino de la empresa Aruntani SAC, la cual es formal y tuvo que cerrar sus operaciones en 2019, cuando la contaminación fue innegable.
Empero, el problema del agua es persistente, los pobladores de la ciudad de Ayaviri (Melgar) sospechan que el cierre de minas es antitécnico y denuncian complicidad de organismos gubernamentales como OEFA y ANA.
Melgar es conocida como la Capital Ganadera del Perú, sus actividades económicas están estrechamente vinculadas con la ganadería, pero esta depende de agua limpia, según sostiene el ganadero melgarino Roy Ticona.
El conflicto socioambiental viene siendo monitoreado por la Defensoría del Pueblo y existen constantes advertencias de la dirigencia para reanudar huelgas en esta zona de la región.
La cuenca Llallimayo junta a las provincias de Lampa y Melgar, las cuales reclaman obras de recuperación ambiental.
CASO SUCHES.
En la frontera con Bolivia nace similar problema de contaminación, también generado por mineros ilegales, quienes en la mayoría de casos trabajan en el lado boliviano, pero las aguas discurren hacia el Perú.
En el distrito de Cojata (Huancané) se conformó un Frente de Defensa de la Cuenca Suches, la cual pide intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores para que intermedie ante el Estado Boliviano y así se frene las ilegales explotaciones en ese país.
El problema se mantiene por más de una década y ningún gobierno pareciera escuchar a los criadores de alpaca en esta zona. En temporada de lluvias, es común reportar el desembalse de relaves mineros que inundan los pastos y dejan sin comida a los camélidos que sostienen a las familias huancaneñas.
Osinergmin y el Ministerio Público están ausentes en este problema, mientras que otras entidades como el Gobierno Regional de Puno se hacen de la vista gorda, porque afirman no tener competencias.
Desde el Frente de Defensa también se denuncia la inutilidad del Organismo Supervisor de Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), cuyo personal simplemente no fiscaliza el destino de decenas de camiones cisterna con combustible que pasan por el distrito de Cojata y que, según testimonio de los tenientes gobernadores, irían con destino al sector Perlas, para abastecer a la maquinaria de los mineros bolivianos.
Osinergmin y el Ministerio Público están ausentes en este problema, mientras que otras entidades como el Gobierno Regional de Puno se hacen de la vista gorda, porque afirman no tener competencias.
CASO VILAVILANI.
Hablando del agua, la Hoya Hidrográfica del Titicaca es ambicionada por los vecinos departamentos y el caso más notorio es el proyecto Vilavilani que plantea ejecutarse mediante el Proyecto Especial Tacna (PET) con una inversión de US$ 98 millones, aunque antes deberá superar el conflicto social abierto en la zona sur de Puno y parte alta de Tacna.
A la fecha, el Poder Judicial ha paralizado la ejecución de obras a pedido de la región Puno, porque el proyecto haría peligrar los humedales de las zonas altas, donde la ganadería de camélidos sudamericanos sería la más afectada con futuras sequías.
Los dirigentes de la provincia de El Collao (Puno), incluso piden la intervención del gobierno boliviano en este problema, tomando en cuenta que la cuenca es tributante del lago Titicaca y no del océano Pacífico, por lo que se requiere una opinión técnica del proyecto.
La descontaminación de las cuencas y la correcta administración de las mismas, permitiría un gran avance en seguridad hídrica, sosteniendo la dotación de agua potable en la ciudad y el campo, expansión de terrenos cultivables, ganadería, industria, turismo, minería, generación de energía y desarrollar otras potencialidades.
GAS PARA PUNO.
La seguridad energética es otro objetivo perseguido por el altiplano hace varias décadas. Desde la lucha por la hidroeléctrica de San Gabán hasta el gas de Camisea, pasando por la posibilidad de importación de GLN desde Bolivia, la aspiración por acceder a energía barata parece ser perenne en estas tierras.
La primera vez que se anunció la llegada del gas natural fue en el año 2012, cuando el Ministerio de Energía y Minas (MEM) licitó un proyecto para instalación de grifos en las ciudades del sur peruano, con la idea de que desde esas distribuidoras se pueda abastecer a los hogares y vehículos.
Casi una década después, no hay ni un metro de tubería instalada y el sueño del gas barato se mantiene entre los puneños.
En el presente año debió licitarse el “Proyecto 7 Regiones”, con el cual se pretendía abastecer de gas natural a Puno, Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Ucayali y Junín.
No obstante, en junio pasado, Proinversión declaró desierto el concurso a falta de propuestas para el proyecto de masificación de gas.
Y eso que, en mayo pasado, la misma entidad modificó el cronograma abriendo la posibilidad para que más postores, además de los ya calificados hasta ese momento, puedan presentarse al concurso, sin embargo, distintas variables habrían influido para que esto no se concrete.
Por ahora, las regiones beneficiarias se mantienen en incertidumbre respecto a este proyecto gasífero.
La otra alternativa era Bolivia, a partir de un convenio bilateral firmado entre los expresidentes Martín Vizcarra y Evo Morales, con el cual se preveía extender una tubería desde Desaguadero (Bolivia) para abastecer de gas natural a varias localidades puneñas.
Dicho convenio no logró avanzar por las crisis políticas ocurridas tanto en Bolivia como en Perú, venciéndose indefectiblemente el pasado 25 de junio.
Las recientes visitas de Evo Morales al Perú, haciendo su pase por Puno, revivieron las ansias por la importación del combustible.
El gobernador regional de Puno, Agustín Luque Chayña, acaba de comprometerse a agendar con el presidente Pedro Castillo Terrones, la ampliación del convenio bilateral para el asunto gasífero, pero solo son compromisos.
EN CARTERA.
En cuanto a infraestructura, el Gobierno Regional de Puno tiene tres expedientes técnicos para la construcción de hospitales provinciales, tales son de Chucuito, Azángaro y Huancané.
Asimismo, están en proceso de construcción el Materno Infantil de Juliaca, el Hospital de Apoyo Ilave y el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno; todos paralizados a consecuencia de líos entre el GORE y las empresas ejecutoras o la incapacidad de la misma entidad regional.
Añadido a ello, el hospital de alta complejidad de Alto Puno (EsSalud) debe empezar este año con una inversión de 366 millones de soles, lo que reduciría la brecha en infraestructura hospitalaria, tan necesaria en tiempos de emergencia como la presente pandemia.
En Puno, precisamente la COVID-19 ha matado, hasta la mitad de agosto del 2021, a 2563 personas, según datos oficiales de la Dirección Regional de Salud. Los infectados se acercan a los 60 mil y la vacunación avanza lenta.
La salud no puede ser la última rueda del coche y conforme lo anunciara el Presidente de la República el pasado 28 de julio, se espera la rápida construcción de los nosocomios regionales en territorio altiplánico. Y solo es el inicio de un largo listado de necesidades de este pueblo que volcó sus expectativas en el profesor Pedro Castillo, otorgándole el 89% de su votación en las elecciones del 6 de junio de 2021.
Primavera 2021
Hugo Supo Tipula
Universidad Nacional del Altiplano de Puno
