“Esta es nuestra propuesta de la Gran Transformación. Para nosotros, el nacionalismo es una alternativa democrática a la actual modernización neoliberal excluyente y desnacionalizadora. Es, por lo tanto, un programa político de cambio radical de un modelo neoliberal que acentúa la desigualdad social, depreda los recursos naturales, violenta la legalidad y la democracia, y no genera desarrollo.”

La Gran Transformación. Plan de Gobierno 2011-2016 (Diciembre 2010).

El gobierno de Ollanta Humala se inició en medio de gran expectativa para quienes votaron por la promesa de la Gran Transformación; de temor para quienes creían que su elección significaría la transformación del modelo económico y un inminente quiebre en la institucionalidad democrática del país; y de incertidumbre para quienes desconfiaban tanto de las credenciales democráticas de Humala como de las de Keiko Fujimori. Con la probable excepción del último grupo, es claro que a casi un año de inaugurado su gobierno, el Presidente Humala ha sorprendido a unos y otros.

Los que votaron por la Gran Transformación están sorprendidos y desilusionados por la notable continuidad en la aplicación del modelo económico y en la cerrada defensa de una política económica que privilegia las actividades extractivas y la inversión de capitales extranjeros. Asimismo, porque el gobierno abandonó sin más la promesa de implementar una política de reordenamiento territorial que permitiera establecer prioridades productivas. También hay desilusión por el endurecimiento y la verticalidad del manejo de los conflictos sociales, más aun cuando todavía siguen frescas en la memoria las fuertes críticas que el hoy Presidente lanzara en su momento a Alan García en la coyuntura del Baguazo. La sorpresa se refiere entonces a dos terrenos, el del manejo económico y el del manejo político de las relaciones con los sectores sociales que apoyaron a Humala desde la primera vuelta porque sintonizaron con su promesa de cambio radical, descrita en el Plan de Gobierno y defendida públicamente durante la primera vuelta electoral.

Ahora bien, es cierto que la segunda vuelta trajo consigo un discurso mucho más moderado que dejó atrás la crítica inicial al neoliberalismo “que acentúa la desigualdad social, depreda los recursos naturales, violenta la legalidad y la democracia”; para pasar a defender en el discurso inaugural la necesidad de promover cambios de manera “gradual y persistente” de tal forma que no hayan “presiones desestabilizadoras de nuestros equilibrios presupuestarios y macroeconómicos”. Así, al empezar su gobierno, Humala ya había abandonado la crítica radical (que demandaba cambios “de raíz”) al modelo económico gracias a la cual ganara la primera vuelta electoral. Sin embargo, continuaba ofreciendo una nueva forma de gobierno y el establecimiento de relaciones dialogantes que le darían “protagonismo a la gente”. Subsistía la promesa de la democratización de las relaciones entre Estado y sociedad y la de la lucha contra la corrupción, que fue precisamente la que le dio una importante cantidad de votos entre quienes hicieron campaña en contra de Keiko Fujimori.

De otro lado, quienes se opusieron a Humala por el temor a que su llegada al poder significara el cambio radical del modelo económico y el fin de la institucionalidad democrática están, por el contrario, gratamente sorprendidos pues no ha ocurrido ni una cosa ni otra y más bien se aprecian notables continuidades con el gobierno anterior, especialmente en lo que respecta al manejo de la política económica nacional. A la vez, es importante señalar que hay diferencias y avances, principalmente en el campo de la implementación de políticas sociales orientadas a disminuir las brechas de desigualdad social, económica y cultural que atraviesan el país en pro de la inclusión.

A diferencia del gobierno de Alan García que tuvo muy poca iniciativa en este terreno, y del de Alejandro Toledo cuyas iniciativas eran más bien dispersas, el gobierno de Ollanta Humala quiere hacer de la inclusión social su principal logro. La creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) que reorienta y articula los programas sociales en la lógica de la planificación y gestión por resultados, priorizando y focalizando la atención integral a los grupos más vulnerables y marginados, es importante muestra de esto. Asimismo, lo es la promulgación y reglamentación de la Ley del el Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios, a pesar del conflictivo proceso de aprobación del Reglamento. Ambas acciones constituyen una importante diferencia con los mencionados gobiernos en la línea de establecer prioridades claras de atención a los grupos de población más vulnerables y afectados por la pobreza, y también por la violencia (aunque a regañadientes), y de intentar hacerlo además articulando esfuerzos intersectoriales.

Sin embargo, la bandera de la inclusión encuentra límites en lo político puesto que se privilegian las dimensiones sociales, económicas y culturales en detrimento de aquel. Se entiende la inclusión como la elevación del nivel socio-económico y el acceso a servicios sociales básicos, la capacitación para la inserción laboral y productiva (MIDIS), o como el reconocimiento legal del derecho a la preservación de la cultura y organización de los “culturalmente diferentes” (Ley de Consulta), pero no se piensa que la inclusión es también incorporación a los sistemas de toma de decisiones, respeto a la autonomía y el auto-gobierno, y por supuesto el derecho a opinar y disentir. Tampoco se incorpora la diferencia y el disenso en la tarea de repensar el desarrollo, plantear el reordenamiento territorial o debatir posibles cambios (aun si fueran graduales) en el esquema productivo del país que nos consolida cada vez más como país primario-exportador y cada vez más dependiente de la explotación de recursos no renovables (petróleo, minerales) que generan altísimo niveles de contaminación, daño ecológico, conflictividad social y por supuesto también ingobernabilidad.

Ocurre entonces que de la Gran Transformación del modelo económico no queda nada, del cambio en el diseño de una política económica y productiva que deje de “depredar los recursos naturales, violenta(r) la legalidad y la democracia” tampoco, así como tampoco queda nada de la propuesta de reordenamiento territorial.

“Nuestro desafío es realizar esta Gran Transformación de manera gradual y persistente para que no se acompañe de presiones desestabilizadoras de nuestros equilibrios presupuestarios y macroeconómicos. Nuestro ideal de cambio no se concibe sin concertación, sin diálogo político y sin el protagonismo de la gente.”

Discurso Presidencial ante el Congreso de la República. 28 de julio de 2011

Asimismo, queda muy poco de la promesa de democratizar las relaciones entre Estado y sociedad dándole “protagonismo a la gente”. A pesar de los mencionados avances en el terreno de lo social, no avanzamos en descentralización, ni en la ampliación y reconocimiento de derechos políticos de quienes son beneficiarios de la inclusión social y económica y piden ser parte de los procesos de toma de decisiones. Más bien avanzamos en el recorte de la autonomía de los gobiernos regionales y locales, y en la conculcación y vulneración de derechos políticos y civiles de ciudadanos y ciudadanas que discrepan con las políticas de gobierno. Paradójicamente, el manejo vertical y autoritario de los conflictos sociales ha resultado en el fortalecimiento de una oposición política desde las organizaciones sociales que, a falta de representación política adecuada, se ha colocado rápidamente en una línea de confrontación con el gobierno al que apoyaran inicialmente, restándole legitimidad y dificultando la gobernabilidad.

Así, tenemos la paradoja de que el gobierno desilusiona y hace a un lado a quienes votaron por su Plan de Gobierno, pero obtiene el apoyo de quienes se opusieron a su llegada al poder. Y esto es consecuencia de que el principal sentido de la Gran Transformación se reduce hoy a la meta de la inclusión social de las poblaciones más vulnerables, pero con un enfoque claramente despolitizado que no democratiza los procesos de toma de decisiones sobre políticas públicas ni convoca a la sociedad a formular un nuevo pacto social concertado. Resulta entonces que más que una Gran Transformación tenemos una Gran Continuidad en los aspectos que fueran más importantes para la elección del actual gobierno: cambio de rumbo económico y fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

---

Carmen Ilizarbe Pizarro

Politóloga. Docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya - UARM.