Quispicanchi y su nueva realidad poblacional

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En casi un año de estar conviviendo en condición de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, progresivamente se fueron haciendo evidentes muchos de nuestros problemas que parecían medianamente resueltos (como el desempleo, que en noviembre 2019 estaba en 3.5%) o que incluso era tipificado como uno de los motores del crecimiento económico que experimentaba nuestro país en las últimas décadas (por ejemplo, la ocupación del 75% de la población en emprendimientos familiares e informalidad).

La pandemia ha afectado, y continúa afectando, de manera diferenciada, como en anteriores periodos de crisis (la actual no podía ser la excepción). Las más azotadas son las familias que viven en medio precariedades e inseguridades y, entre ellas, aquellas personas que migraron a las ciudades intermedias, metropolitanas (y otras) en busca de oportunidades (fundamentalmente trabajo e ingresos económicos) que su medio o zona no le brindaba, y que a raíz de las políticas sanitarias implementadas tuvieron que retornar a sus entornos familiares, comunidades y centros poblados.

Este fenómeno social es conocido como la “migración de retorno”. A las personas que forman parte de este hecho complejo, en el lenguaje cotidiano, se les denomina como “retornantes”.

En ese marco, las provincias de Cusco fueron receptoras de retornantes. En este tiempo, vimos que la respuesta en la recepción por las familias campesinas, organizaciones comunales e instituciones locales fueron diversas, pero no podemos dejar de resaltar que la vena articuladora y común fue la solidaridad. Otro aspecto fundamental y evidente es que las personas que retornaron eran esperadas por las capacidades, experiencias y conocimientos que aportarían a las familias y sus territorios concretos. Con los retornantes llegó, a muchos hogares, la innovación tecnológica, el uso de tecnologías de información y comunicación, la ampliación de infraestructura, la instalación de servicios básicos; por tanto, los predios rurales se capitalizaron, el paisaje comunal se redibujó y aceleró en su cambio.

Sin embargo, un problema frecuente que experimentan los retornantes es la reinserción al mercado laboral y a las dinámicas sociales. Desde los “Comandos COVID-19” se elaboraron instrumentos que orientan las acciones e inversiones para afrontar la emergencia sanitaria y la “reactivación económica”. En ese sentido, en algunos municipios rurales, los jóvenes retornantes se constituyeron en actores estratégicos, tanto así que los diseños de ampliación de la frontera agrícola, con tecnología de riego, conectividad vial, insumos y asistencia técnica fueron priorizados para que esas capacidades tengan la oportunidad de expandirse.

La provincia de Quispicanchi fue receptora de ciudades como Cusco, Arequipa, Puerto Maldonado, Puno, Ayacucho y Lima. Esta afirmación se sustenta en un estudio específico realizado entre octubre y diciembre del 2020, en el que se entrevistó a retornantes, dirigentes de comunidades campesinas, profesionales y funcionarios de municipalidades, además de evidencias cotidianas recogidas en las comunidades del territorio.

Resumo el perfil de la población que retornó a la provincia de Quispicanchi: en la mayoría las edades oscilan entre 20 y 39 años, el 61% tenía residencia no mayor a 10 años, el 74% vivía en una habitación o casa alquilada, el 49% cuenta con estudios superiores completos o en curso, el 92% tenía un ingreso económico menor a 2 mil soles mensuales, y en su mayoría ocupaban empleos en los rubros de alimentación, servicios y minería artesanal.

El estudio también permitió los siguientes hallazgos (ya en la comunidad): el 55% accedió a las canastas familiares otorgadas por las municipalidades, los bonos de subsidio llegaron al 67% de los retornantes (los que fueron invertidos en alimentos, pago de internet y mensualidades de educación o inversión en algún pequeño negocio), otros desarrollaron labores no remuneradas en los hogares receptores (actividades agropecuarias, labores domésticas, apoyo escolar).

También hemos encontrado que el 26% de los retornantes realizaron algún trabajo remunerado o negocio en la comunidad, el 75% de estas familias vieron disminuir sus ingresos debido a una menor remuneración o porque la pareja no encontró empleo. Los más jóvenes se han reinventado para mantener su nivel de ingresos, por ejemplo, algunos que trabajaban atendiendo cabinas de internet, estando en la comunidad, se dedicaron a la venta de cuyes; otros se han ocupado en la construcción de casas; lamentablemente, algunos dejaron de estudiar y se dedicaron a trabajar a tiempo completo, con el objetivo de ahorrar dinero para retomar sus estudios más adelante.

En relación a sus proyectos y/o perspectivas de futuro se ha identificado dos narrativas. Por un lado, la mayoría tiene planes de volver a la ciudad. Estos manifiestan su deseo de retomar la relación con sus trabajos y realizar sus aspiraciones de estudio, estando a la espera de que termine la cuarentena o que las condiciones en las ciudades mejoren (disminuyan los contagios, se generen mayores oportunidades de trabajo y se normalice el costo del transporte). Por otro lado, se encuentran aquellos que, incluso antes de la pandemia, ya tenían pensado volver a sus comunidades. Ellos definían la ciudad como el espacio con oportunidades de trabajo que permite juntar dinero para realizar una inversión en sus comunidades al momento de volver, y consideran que los negocios pueden prosperar en las comunidades. Para ellos, el retorno producido por la emergencia sanitaria, significó el adelanto en sus planes de regreso a su entorno familiar y su comunidad.

Tras este fenómeno de migración de retorno, y los hallazgos del estudio específico, constatamos que no sólo se incrementaron las poblaciones de las comunidades receptoras, sino que nos dejan una agenda desafiante para el desarrollo rural – urbano y los actores públicos, académicos, privados y de la sociedad civil. En ese sentido, una primera tarea debe ser la construcción e implementación de las estrategias adaptativas que respondan a la problemática y aspiraciones de la población afectada, esa sola acción significará cambios y reformas en la cultura institucional, porque habrá que poner a la persona en el centro de las políticas e inversiones.

Otoño 2021


Eberth Molina Romero

Asociación Jesús Obrero – CCAIJO

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