Mirando la situación política actual y las recientes elecciones regionales y municipales, me pregunto: ¿en qué andan los ciudadanos?, ¿dónde andan los grupos de la sociedad civil? Tengo la sensación, muchas veces, que parece haber descontento en muchos asuntos, pero poca reacción o pocos liderazgos que se articulen a estas insatisfacciones. ¿Se vienen agotando estas formas de expresión de la ciudadanía?, ¿o hay poca comunicación o nexos entre los electores y grupos de la sociedad civil?
En Perú existen varias sociedades civiles o grupos de ciudadanos activos, quizá poco comunicados entre sí. Las organizaciones de mayor impacto público o político, o las más institucionalizadas, están en Lima; pero en las regiones y localidades existen muchas otras, a veces vinculadas a grupos en Lima, a veces no. Líderes locales y regionales comparten banderas y membresías en distintas redes nacionales. Y también hay otras redes más especializadas en salud o educación, por ejemplo, que aglutinan a un número importante y diferenciado de organizaciones; unas donde priman los técnicos y en otras los actores del sector. En definitiva, el mapa es variado; sus actividades son educativas, de incidencia, y alertan a la población sobre la contaminación, corrupción de las autoridades, entre otras. Sabemos que muchas de estas actividades quedan solamente en el ámbito local o regional, sin trascender nacionalmente, no “son noticia” para los medios.
Según las prácticas ciudadanas constatamos que en las sociedades civiles hay grupos formales, es decir aquellos con un perfil público reconocido, con un soporte organizativo, manejo de recursos y con discursos usualmente muy estructurados y basados en paradigmas internacionales. Hay otros grupos en la sociedad civil que se les podría llamar informales, es decir, que actúan bajo formas organizativas no tan estructuradas o reconocidas legalmente, cuyo alcance es local y con pocos recursos; pero no por ello, dejan de tener a nivel local peso y reconocimiento de su liderazgo. Desconocemos el peso actual de estos grupos, pero sí vemos que se han debilitado su articulación y eco en sectores amplios de la sociedad.
Entender la vida del ciudadano como una práctica ética supone asumir que esta tiene un sentido de lo concreto, de búsqueda de resultados, y a la par supone que el ser humano no solamente tiene necesidades materiales, sino que las vive y elabora bajo ciertos los valores. Esto implica que la ética no es externa a la persona, sino que se enlaza y expresa como parte de prácticas y contextos de vida. Igualmente, si hablamos de la sociedad como colectivo, podemos constatar que sus instituciones y las del Estado se identifican con los valores tanto en la ley como en las culturas institucionales. De allí que muchos de los descontentos ciudadanos se manifiesten no solamente frente a la carencia de algún bien material, sino sobre la calidad de servicios como la salud o educación, o por el maltrato recibido en las ventanillas de las instituciones del Estado.
Pese a que la ética representa un elemento clave del comportamiento y convivencia ciudadana, ella no puede convertirse en el parteaguas entre los grupos de ciudadanos, o entre ellos y el resto de la ciudadanía, como si hubiera ciudadanos superiores a otros porque comparten una ética ciudadana. El debate sobre las recientes elecciones regionales y locales, han mostrado justamente que los ciudadanos somos diversos y compartimos ideas y lógicas distintas. Destaco dos interpretaciones de la elección de autoridades con denuncias serias de corrupción: de un lado, los que se han escandalizado pensando que la mayoría de la población es corrupta y vota por candidatos corruptos; y, por el otro, los que señalan que la gente elabora sus criterios sobre lo correcto o justo en la convivencia, basada en su contexto de vida.
Ese contexto de vida implica distancia de la autoridad y del aparato del Estado, en el entendido que no son atendidos ni beneficiados por él; entonces, según su lógica, ellos no tienen por qué cuidar al Estado de un candidato corrupto, ni tampoco tienen mucho que perder al elegirlo, especialmente cuando piensan que de alguna manera serán beneficiados por él, por aquello de “roba pero hace obras”. Cierto es que, en términos generales, el voto a favor de este tipo de candidatos termina siendo cómplice con autoridades corruptas; pero eso no invalida que las motivaciones de la elección estén basadas, en primer lugar, en apostar por su beneficio individual, sin importar la consecuencia institucional de la corrupción, dado que se sienten fuera del mismo.
Otra lectura sostenida por miembros de grupos cívicos sostiene que los electores que votaron por autoridades acusadas de corrupción se fueron por caminos equivocados. Y aquí se plantea una división entre un supuesto discurso ético, ligado a los defensores de los derechos ciudadanos, versus los discursos de los corruptos. Es más, el discurso ciudadano aparece ligado a opciones políticas de las izquierdas y de hecho se le identificaría con los derechos ciudadanos, con lo cual se destierra la posibilidad de encontrar en otras candidaturas opciones ciudadanas; como si la ética ciudadana solo pudiera identificarse con el discurso de las izquierdas. Estas divisiones que no analizan la forma de razonamiento ciudadano tienden a adjudicar de antemano valores a ciertos discursos.
¿Dónde están los candidatos salidos de las canteras de la ciudadanía organizada?, ¿tienen opciones o todo está definido por el dinero que se maneja?, ¿a dónde fueron a parar los votos de las ciudadanías organizadas?
Un ejemplo interesante que buscó colocar las agendas cívicas locales en las elecciones regionales ha sido promovido por las Mesas de Concertación y Lucha Contra la Pobreza, con la construcción de las agendas de gobernabilidad. He leído algunas informaciones sobre la MCLCP de Ayacucho que justamente demuestran el gran esfuerzo sostenido a lo largo de 3 o 4 meses, que implica primero establecer un espacio de debate e intercambio para armar las agendas con tan diferentes puntos, promovidos por los grupos organizados, su articulación en una mirada amplia (que involucró el aporte de intelectuales y especialistas locales) y, por último, el encuentro con los candidatos al gobierno regional. Sería interesante saber qué resultados han producido estos procesos, tanto respecto de su influencia en los planes de los candidatos como en dar a conocer las agendas a amplios sectores de la sociedad, así como en términos de articulaciones entre las plataformas de los grupos cívicos organizados.
A propósito de las elecciones regionales, participé en un intercambio de personas que con sorpresa se han preguntado: ¿cómo es posible que la gente haya votado por estos líderes con denuncias de corrupción o haciendo promesas imposibles de cumplir? Ellos no solo han mostrado su sorpresa, sino esta inquietud personal: ¿qué impacto puede tener en el resto de la sociedad local el trabajo que estamos haciendo los grupos organizados? Las elecciones locales y regionales han sido una experiencia que amerita mucho debate y análisis porque el escenario electoral visibiliza apuestas y lógicas distintas de los ciudadanos. Esto nos lleva a preguntarnos sobre las elecciones: ¿dónde están los candidatos salidos de las canteras de la ciudadanía organizada?; ¿tienen opciones o todo está definido por el dinero que se maneja?; ¿a dónde fueron a parar los votos de las ciudadanías organizadas? Siendo importantes estas interrogantes, el asunto de fondo tiene que ver con dónde y cómo nos ubicamos cotidianamente los que hacemos parte de las sociedades civiles: ¿tiene sentido sostener estas divisiones entre los ciudadanos éticos y el resto de ciudadanos?
Que estas elecciones nos sirvan no solo para dejarnos sorprender por esta compleja realidad política de nuestro país. Tendríamos también que preguntarnos por lo que estamos haciendo cotidianamente en nuestras organizaciones y por los nexos que construimos con otros ciudadanos y ciudadanas peruanos para formar agendas ciudadanas.
Rosa Alayza Mujica
Instituto Bartolomé de las Casa. Docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
