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Edición Nº 12

Río Blanco: entre el desarrollismo y la cultura
27 de abril, 2010

Cuando se intenta definir qué es el desarrollo encontramos una serie de opiniones, desde el lado social hasta el económico. Un desarrollo que implique –según un sector- bienestar, mejora en las condiciones de vida de los más olvidados y sobretodo inclusión de aquellas poblaciones que cuentan con una cultura, con un conjunto de manifestaciones que hacen rico su quehacer diario; aunque en la práctica aún no están, ni mucho menos participan, en las decisiones que se toman para su bienestar.

Para otros, el desarrollo se circunscribe (única y exclusivamente) al nivel de satisfacción que alcanzamos gracias a mediciones vinculadas a la macroeconomía o al crecimiento del Producto Bruto Interno. En ese sentido, hoy es fácil encontrar en diferentes medios de comunicación las grandes cifras de nuestra economía nacional y las bondades que nos ofrecen. Razones sobran (o sobrarían) en estos momentos para estar felices: la crisis no nos impactó de la manera como imaginábamos y nuestra economía –al parecer- sigue estable. Frases hay muchas para titular el estado de ánimo de algunos economistas, empresarios, etc. y para apoyar el afán, por así decirlo, de que nuestro país es minero y por lo tanto se deben dar las ‘condiciones` necesarias para que esto continúe. Difícil creerlo, pero ya no es una novedad este discurso.

Sin embargo, ¿El desarrollo va de la mano de la justicia social aunque esta sea escasa? ¿Anteponer el desarrollo justifica la poca capacidad de escucha y diálogo? ¿La necesidad de alcanzar el ansiado desarrollo se justifica en llegar como sea a este? ¿Desarrollo implica no tener instituciones judiciales que  hallen a los responsables de las muertes de los dos vigilantes y administrador que murieron en un asalto al campamento minero Río Blanco en noviembre de 2009? ¿La visión desarrollista que tenemos como país implica que no habrá responsables de las muertes de los dos comuneros ocurrida al finalizar el año pasado durante un operativo policial al sector de Cajas Canchaque (Huancabamba) en el que se intentaba capturar a tres sospechosos de los asesinatos de los trabajadores de la minera de capitales chinos?

Desde una perspectiva razonable, humana, y hasta desde el lado de los derechos humanos, la respuesta es clara y evidente: NO. El costo de un conflicto, sin visos de solución, es alto. Las muertes, sean del bando que sean, son deplorables y hasta cuestionables. Como diría el poeta Jhon Donne, “la muerte de cualquier hombre me disminuye, porque yo formo parte de la humanidad; por tanto nunca mandes a nadie a preguntar por quién doblan las campanas: doblan por ti”. Por tal razón, sería absurdo e insensible no lamentar estos hechos.

Marcha por la Paz, organizada luego de la muerte de los tres trabajadores de ex-Majaz.

Es indudable que en los hechos de violencia y de frustradas mesas de diálogo, por intransigencia de los sectores involucrados o por la desventaja de una comunidad versus quienes tienen la sartén por el mango y están en el poder, en torno al conflicto socioambiental ocasionado por la presencia ilegal –demostrada por la Defensoría del Pueblo- de la empresa minera de capitales chinos, Río Blanco Cooper, hay un conflicto de intereses y derechos en juego. Por un lado están los de una entidad privada que es la empresa y, del otro lado, están los derechos de los habitantes de una zona, representados bajo la modalidad de Comunidad Campesina (como Yanta y Segunda y Cajas ubicadas en las provincias serranas de Ayabaca y Huancabamba) que han elegido un modelo de desarrollo por la vía de la consulta vecinal, resistido por el Poder Ejecutivo actual.

Sin embargo, para el ex presidente de la Junta de Fiscales en Piura, Aurelio Saavedra Cedano, existen derechos evidentemente importantes como “los derechos ancestrales”. “(Estos) tienen que respetarse por la misma naturaleza que son derechos de costumbre, que muchas veces escapan de la norma positiva o escrita”, dijo durante el Programa Agenda Abierta de Radio Cutivalú en Piura.

Y es que lo mencionado por el ex representante del Ministerio Público es real y mientras no se vea ni se toque con seriedad la cultura de un sector de la población, como son las comunidades campesinas, pues insistiremos en actuar de espaldas de la realidad.

Si insistimos, sobretodo los Gobiernos de países como el nuestro, en creer que mientras el desarrollo se base en proyectos autosuficientes  que no dependen de ninguna otra cosa que no sea el factor económico – comercial, pues estamos (y estaremos) inmersos en el error y persistiríamos en el contrasentido, en el que por muchos años hemos caído. En cambio, si pensamos que “el desarrollo, necesariamente, emerge y se proyecta dentro de un determinado contexto cultural (…) Éste tendrá una alta seguridad de éxito o aprobación”.

Definitivamente, si continuamos pensando en el “desarrollismo” es casi inimaginable y descabellado intentar lograr “el pretendido” desarrollo alejado del sistema de vida de una determinada comunidad campesina.

Publicado en abril 2010


Mario Rufino Trelles

Centro de Investigación y Promoción del Campesinado - CIPCA (Piura).

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