La inseguridad en la región Piura y en el país se ha desbordado y está tomando niveles muy altos. Los diarios y la televisión dan cuenta en sus titulares de asesinatos, violaciones, secuestros, enfrentamientos, robos, suicidios, asaltos al paso, etc. Hoy nadie se atreve a dejar su casa sola y a partir de las seis de la tarde hay zonas en las ciudades y en el campo que nadie se atreve a transitar porque son zonas dominadas por delincuentes. En definitiva, tenemos una sociedad que vive asaltada por el miedo y el terror. Muchas personas han salido de su casa y han regresado cadáveres. Ni las calles ni la propia casa son seguras hoy en día. Con este panorama es difícil, sino imposible, que podamos avanzar hacia mejores condiciones de vida.
La inseguridad, y por ende la violencia social a la que asistimos, no es gratuita; tampoco podemos atribuirla a meras causas biológicas y creer que las personas son degeneradas por naturaleza. Los factores que la generan son varios. Uno de los fundamentales es la exclusión social de la que son víctimas miles y miles de peruanos y peruanas. Poblaciones enteras que están al margen de lo que sucede en el país y no reciben beneficios por parte del Estado. Basta recorrer los barrios y caseríos de la región para darnos cuenta de ello: lugares sin servicios de agua, luz, ni desagüe; familias enteras viviendo en medio de cuatro esteras; niños desnutridos y obligados a trabajar; jóvenes sin lugares para su sano esparcimiento y sin posibilidad de emplearse o educarse adecuadamente. En fin, la situación de exclusión, marginalidad y pobreza de la que son víctimas ha calado tan fuerte que, algunos, han terminado por creer que han nacido determinados a ser pobres y que la causa es ellos mismos.
Es conveniente recordar lo que señalaba la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en su Informe: “toda una generación de niños y jóvenes ha visto truncada o empobrecida su formación escolar y universitaria como resultado del conflicto”. No cabe duda que muchos de los jóvenes de hoy son hijos del periodo de violencia que vivió el país en los años de 1980 al 2000. Violencia que, como señala el Informe: “intensificó hasta niveles insoportables el miedo y la desconfianza […]. En esas condiciones, el sufrimiento extremo ha causado resentimiento y ha teñido de recelo y violencia la convivencia social y las relaciones interpersonales”. La herida de la violencia política sigue abierta y las secuelas “pesan como una grave hipoteca sobre nuestro futuro y afectan decisivamente nuestra construcción como comunidad nacional de ciudadanos libres e iguales en un país democrático y plural”. Esta es, precisamente, la razón por la que el Estado no puede evadir las recomendaciones de la CVR, y quien salga elegido en la segunda vuelta está en la obligación de implementarlas. Si bien hoy no se destruyen antenas ni hay coches - bomba esperando en las calles, si hay miedo, dolor, desconfianza, inseguridad, desesperación. Quizá esto no lo sientan quienes viven rodeados de todo un contingente de seguridad, pero si aquellos que residen en el lugar mismo donde se sucede la violencia social, quienes tienen que andar “a cuatro ojos” para no ser asaltados o dejados tirados en la calle de un tiro para robarle su moto o sustraerle unos soles.
Es urgente que el Estado implemente políticas decisivas a favor de la seguridad de las poblaciones, con participación de los propios ciudadanos. En este nivel las promesas no sirven, solo acciones efectivas.
Hace falta un plan nacional de seguridad que busque concertar fuerzas a favor de la seguridad de las personas. Un plan que contemple no sólo la represión mediante operativos o el incremento de equipos, sino sobre todo que contemple la prevención como medida efectiva. Además, hace falta pensar en mejorar las condiciones de vida de las personas, generar empleo, invertir en actividades estratégicas que generan ingresos a la población; en el caso de Piura la atención a la pequeña agricultura es impostergable.
Sin duda el próximo gobierno tiene el gran desafío de trabajar agresivamente por la seguridad de los peruanos, de lo contrario la inseguridad se va a convertir en un monstruo que sobrepasará la capacidad del Estado, como está sucediendo en Centro América y México, donde las calles son dominadas por pandillas de delincuentes y el narcotráfico.
Publicado en mayo 2011
Víctor Dominguez López
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado - CIPCA (Piura).
